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El
vocal
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
Álvaro
Cuesta
planteaba
este
pasado
viernes
en
la
Escuela
de
Verano
del
Poder
Judicial
la
necesidad
de
que
España
defina
sus
prioridades
en
el
ámbito
de
la
Justicia
para
el
desarrollo
de
un
plan
estratégico.
Y
para
ello
–afirma-
se
exige
“un
gran
acuerdo
de
Estado,
desde
la
responsabilidad,
y
por
lo
tanto,
un
pacto
social
y
político
de
la
Justicia”.
Cuesta
ha
insistido
en
que
el
CGPJ
se
ofrece,
desde
sus
competencias
y
desde
la
lealtad
institucional
con
todas
las
administraciones,
a
ser
un
punto
de
encuentro
para
contribuir
e
impulsar
dicho
acuerdo
de
Estado.
“Es
necesario
impulsar
desde
el
Gobierno,
en
colaboración
con
las
comunidades
autónomas
y
con
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
un
plan
de
choque
por
la
Justicia”,
sostuvo.
Con
la
jornada
de
este
viernes
ha
finalizado
el
primer
curso
de
la
Escuela
de
Verano
del
Poder
Judicial,
que
se
celebró
desde
el
martes
en
el
pazo
de
Mariñán
bajo
el
título
La
relación
del
Poder
judicial
con
los
otros
poderes
del
Estado.
Política
e
independencia
judicial.
Para
el
vocal,
la
Justicia,
en
su
doble
condición
de
servicio
público
del
Estado
y
como
Poder
Judicial,
es
hoy
la
esperanza
de
los
más
débiles.
Como
moderador
de
la
mesa
política
ha
planteado
a
los
asistentes
diversas
cuestiones
en
relación
al
futuro
de
la
Justicia,
entre
ellas
si
los
jueces
y
magistrados
pueden
cumplir
su
función
y en
qué
condiciones
“tras
37
años
de
vigencia
de
la
Constitución
y
tal
como
están
las
cosas”.
“¿Está
bien
defendida
la
independencia
del
Poder
Judicial?,
¿A
quién
beneficiaría
el
retroceso
del
servicio
público
de
la
Justicia?”,
se
ha
preguntado.
Álvaro
Cuesta
ha
sostenido
en
su
intervención
que
hay
un
problema
de
organización
y de
modelo
territorial
en
la
gestión
de
la
Administración
de
Justicia
y
recordado
que
el
mapa
de
transferencias
a
las
comunidades
Autónomas
de
las
competencias
en
Justicia
no
se
ha
completado,
por
lo
que
hay
territorios
donde
la
administración
y
los
medios
de
la
Justicia
dependen
de
la
Comunidad
Autónoma,
y
otros
en
donde
depende
del
Ministerio
de
Justicia.
Esto
supone,
en
su
opinión,
que
se
empieza
a
padecer
una
Justicia
de
dos
velocidades
según
el
territorio,
por
lo
que
ha
reclamado
un
mapa
territorial
y un
modelo
definido
de
organización
territorial.
“Existe
un
problema
de
organización
inacabada
de
la
Justicia
y de
los
procesos
decisorios,
de
yuxtaposición
y
solapamiento
de
competencias,
y
también
de
mapa
territorial.
Hay
un
problema
estructural
y el
sistema
no
funciona”,
ha
aseverado.
Para
el
vocal
es
urgente
la
reforma
del
Ministerio
Fiscal
para
encomendarle
la
instrucción
del
proceso
penal,
así
como
“fortalecer
la
independencia
del
Poder
Judicial,
y
ser
ambiciosos
con
las
reformas
procesales,
sobre
todo
en
el
ámbito
penal”.
Cuesta
ha
dicho
que
“no
se
puede
olvidar
que
una
justicia
débil
queda
a
merced
de
la
desigual
lucha
de
los
intereses
privados
de
las
partes,
deniega
igualdad
y
tutela
y es
el
primer
aliado
objetivo
de
la
corrupción.
Y
una
justicia
lenta,
es
una
justicia
denegada”.
Para
concluir,
ha
remarcado
que
es
preciso
plantearse
si
el
órgano
constitucional
de
gobierno
del
Poder
Judicial
está
bien
definido
en
su
composición,
en
su
funcionamiento
y en
sus
competencias.
Ha
planteado
si
es
preciso
un
nuevo
diseño
constitucional
y
recordado
que,
“en
todo
caso
no
debe
perderse
de
vista
que
el
CGPJ
es
un
órgano
constitucional
del
Estado
al
servicio
de
la
sociedad
y de
la
independencia
del
Poder
Judicial”.
Álvaro
Cuesta
ha
moderado
una
mesa
redonda
en
la
que
participaron
José
Miguel
Castillo
Calvín
(portavoz
del
Grupo
Popular
en
la
Comisión
de
Justicia),
Lourdes
Ciuró
i
Buldó
(portavoz
del
Grupo
Parlamentario
Catalán
de
Convergència
i
d’Unió
en
la
Comisión
de
Justicia),
Arcadio
Díaz
Tejera
(senador
del
PSOE),
Gloria
Elizo
Serrano
(responsable
del
área
legal
de
Podemos)
y
Ricardo
Sixto
Iglesias
(Grupo
IU). |
