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En
esta
ocasión
el
público
asistente
a
este
evento
tenían
que
ver
con
la
empresa
o la
asesoría
jurídica
empresarial,
fuera
de
los
periodistas
que
habitualmente
seguimos
al
titular
de
Justicia.
En
esta
oportunidad,
Rafael
Catalá,
ha
manifestado
hoy
en
un
desayuno
informativo
organizado
por
El
Ágora
de
elEconomista,
que
el
mantenimiento
de
nuestro
actual
estado
del
bienestar
ha
sido
el
principal
objetivo
del
Gobierno
en
esta
etapa
de
especial
intensidad
reformista
caracterizada
por
la
estabilización
de
nuestra
economía
y el
equilibrio
de
las
cuentas
públicas.
Catalá
ha
asegurado
que
el
esfuerzo
de
la
sociedad
española
durante
estos
últimos
años
comienza
ahora
a
dar
fruto,
como
revelan
los
datos
de
creación
de
empleo,
el
crecimiento
del
consumo
privado,
las
matriculaciones
de
automóviles
o la
constitución
de
hipotecas.
Partidario
de
unas
tasas
razonables
y
justas
para
que
los
que
utilicen
la
justicia,
el
propio
Ministró
dejo
claro
que
no
hay
a
corto
plazo
visos
de
supresión
de
las
tasas
en
las
pymes,
tal
y
como
se
hiciera
en
enero
con
las
tasas
judiciales
para
las
personas
físicas.
El
Ministró
dejó
claro
que
aún
hay
reformas
por
hacer
y
que
la
idea
de
la
alcaldesa
Carmona
por
imponer
tasas
al
turismo
y a
los
cajeros
de
los
bancos
sería
una
tragedia.
Poco
después,
un
portavoz
del
Ayuntamiento
descartaría
esta
idea
que
se
fuera
a
poner
en
marcha.
Catalá
volvió
a
comentar
los
logros
que
se
han
impulsado
desde
su
Justicia
y
que
están
ayudando
a
impulsar
el
crecimiento
económico.
Como
ya
lo
han
hecho
otros
lideres
del
PP
recordó
que
el
país
en
el
20111
estaba
en
una
situación
critica
lo
que
generó
que
el
Gobierno
de
Mariano
Raroy
pusiera
en
marcha
diferentes
reformas
estructurales:
reforma
laboral
,
fiscal,
reconversión
bancaria
y
medidas
de
ajuste.
Rafael
Catalá
ha
indicado
que
ese
impulso
renovador
ha
propiciado
la
aprobación
en
un
periodo
de
tiempo
sorprendentemente
corto
de
una
serie
de
reformas
legislativas
como
no
se
conocían
desde
la
Transición.
Como
ejemplo
ha
señalado
las
novedades
del
presente
mes
de
julio:
el
día
1
entraba
en
vigor
la
reforma
del
Código
Penal;
el 3
se
publicaba
en
el
Boletín
Oficial
del
Estado
la
nueva
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria;
el 8
se
aprobaba
definitivamente
en
el
Congreso
la
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial;
y
ese
mismo
día
el
Senado
aprobaba
la
Ley
de
Medidas
de
reforma
Administrativa
en
el
Ámbito
de
la
Administración
de
Justicia
y
del
Registro
Civil
que
entra
en
vigor
hoy
misnmo.
En
relación
a la
lucha
contra
los
delitos
económicos
y la
corrupción,
Catalá
señaló
que
la
reforma
del
Código
Penal
consigna
el
delito
de
financiación
ilegal
de
partidos
políticos
y
modifica
la
regulación
de
la
corrupción
en
el
ámbito
privado
y en
el
sector
público.
Las
modificaciones
afectan
principalmente
a
las
penas,
ya
que
refuerzan
la
punición
de
los
llamados
delitos
contra
la
corrupción
en
el
ámbito
de
la
administración
pública
(elevación
de
penas
de
inhabilitación
previstas
para
este
tipo
de
delitos
e
inhabilitación
especial
para
el
ejercicio
del
derecho
de
sufragio
pasivo)
y en
el
ámbito
privado
(mejoras
en
el
castigo
al
pago
de
sobornos
para
obtener
ventajas
competitivas
y
revisión
en
materia
de
delitos
patrimoniales
en
los
que
se
introduce
la
administración
desleal
del
patrimonio
ajeno).
Otro
cambio
relevante
es
la
reforma
del
comiso
con
el
que
se
dota
a la
Justicia
de
mejores
herramientas
para
la
recuperación
de
activos
procedentes
del
delito
y en
la
gestión
económica
de
los
mismos.
Además
se
introduce
la
posibilidad
del
decomiso
ampliado,
sin
sentencia
y de
bienes
de
terceros,
así
como
la
creación
de
la
Oficina
de
Recuperación
de
Activos.
Mejora
del
artículo
31
bis
del
Código
Penal
Una
nueva
regulación
de
la
responsabilidad
penal
de
las
personas
jurídicas
permitirá,
según
ha explicado el ministro,
identificar
las
responsabilidades
penales
en
las
que
pueden
incurrir
las
personas
jurídicas
y
estimular
sistemas
de
prevención
del
delito
gracias
a un
nuevo
modelo
de
imputación
basado
en
la
exención
de
responsabilidad
criminal
en
aquellos
casos
en
los
que
la
empresa
haya
adoptado
un
programa
que
evite
la
comisión
de
hechos
delictivos.
La
nueva
Ley
de
Jurisdicción
Voluntaria
optimiza
los
recursos
públicos
al
atribuir
el
conocimiento
de
un
número
significativo
de
asuntos
a
otros
operadores
jurídicos
como
secretarios
judiciales,
notarios
y
registradores
de
la
propiedad
y
mercantiles,
lo
que
permitirá
al
ciudadano
optimizar
el
servicio
que
se
le
presta
y
poder
valorar
las
distintas
posibilidades
que
se
le
ofrecen
para
elegir
aquella
más
acorde
con
sus
intereses.
Esta
ley
también
supone
una
apuesta
firme
por
el
arbitraje,
donde
las
partes
se
someten
voluntariamente
a la
decisión
de
un
árbitro,
y
por
la
mediación,
donde
la
responsabilidad
de
alcanzar
un
acuerdo
es
asumida
por
las
partes.
La
reforma
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
incorpora
un
amplio
paquete
de
medidas
que
mejoran
la
organización
de
la
Justicia
destinadas
a
reducir
los
tiempos
de
respuesta
de
los
órganos
judiciales,
a
lograr
una
mayor
especialización
de
los
miembros
de
la
carrera
judicial
y
mejorar
las
normas
de
reparto
en
juzgados
de
ámbito
provincial.
En
el
ámbito
de
la
modernización
de
la
Justicia,
el
ministro
Catalá
ha
destacado
la
importancia
de
las
mejoras
derivadas
del
uso
masivo
de
las
nuevas
tecnologías
y ha
recordado
que
esa
modernización
alcanzará
igualmente
a la
Administración
de
Justicia
donde,
a
partir
del
1 de
enero
de
2016
todos
los
profesionales
de
la
justicia
y
los
órganos
judiciales
estarán
obligados
a
emplear
los
sistemas
telemáticos
en
los
actos
de
comunicación
procesal.
Hasta
que
se
agote
la
legislatura,
ha
dicho
el
ministro,
las
reformas
continuarán
con
la
aprobación,
entre
otras,
de
la
reforma
de
las
Leyes
de
Enjuiciamiento
Criminal
y de
Enjuiciamiento
Civil,
así
como
con
la
Ley
de
Baremos
de
Accidentes,
que
completará
este
ciclo
transformador
de
la
Administración
de
Justicia. |
