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Las
impugnaciones
de
acciones
de
la
Administración
Tributaria
supusieron
casi
un
tercio
de
todos
los
asuntos
en
única
instancia
–aquellos
contra
los
que
no
cabe
recurso,
salvo
el
de
casación
ante
el
Tribunal
Supremo
en
los
casos
previstos
por
la
ley-
ingresados
el
año
pasado
en
las
Salas
de
lo
Contencioso-Administrativo
de
los
Tribunales
Superiores
de
Justicia.
El
dato
figura
en
el
informe
número
41
de
la
serie
Datos
de
Justicia
que
la
Sección
de
Estadística
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
ha
publicado
hoy
en
la
página
web
www.poderjudicial.es
y
que
revela
que
los
asuntos
en
única
instancia
ingresados
en
2014
en
esos
órganos
judiciales
fueron
30.806,
un
6,6
%
menos
que
el
año
anterior.
De
ellos,
9.020
estaban
relacionados
con
la
Administración
Tributaria
y
otros
5.154
con
la
función
pública.
Las
expropiaciones
forzosas
(2.972),
los
asuntos
de
extranjería
(1.218)
y
los
relativos
a
contratos
administrativos
(1.195)
fueron
otras
de
las
materias
que
más
frecuentemente
vieron
esos
tribunales.
De
los
asuntos
de
extranjería,
la
práctica
totalidad
de
los
ingresados
en
2014
lo
hicieron
en
el
TSJ
de
Madrid.
El
número
de
asuntos
resueltos
por
las
Salas
de
lo
Contencioso
de
los
TSJ
en
2014
fue
de
48.571,
un
9,6
%
menos
que
el
año
anterior.
De
ellos,
17.283
tenían
que
ver
con
la
Administración
Tributaria,
7.537
con
la
función
pública
y
6.134
con
expropiaciones
forzosas.
Por
último,
el
número
de
asuntos
en
trámite
a
final
de
año
era
de
58.857,
lo
que
supone
una
disminución
del
22,7
%
respecto
de
los
76.182
asuntos
que
quedaban
pendientes
a 31
de
diciembre
de
2013.
El
56,3
% de
las
impugnaciones,
contra
acciones
de
la
Administración
General
del
Estado
El
56,3
%
del
total
de
asuntos
en
única
instancia
ingresados
en
las
Salas
de
lo
Contencioso
de
los
TSJ
en
2014,
17.570
correspondió
a
impugnaciones
de
actos
o
resoluciones
de
la
Administración
General
del
Estado.
Las
impugnaciones
contra
acciones
de
las
Comunidades
Autónomas
fueron
10.483,
mientras
que
las
dirigidas
contra
actos
o
resoluciones
de
las
entidades
locales
fueron
2.153.
Lo
reducido
de
esta
última
cifra
se
explica
porque
la
Ley
reguladora
de
la
Jurisdicción
Contencioso-Administrativa
atribuye
a
los
Juzgados
de
lo
Contencioso-Administrativo
la
competencia
para
conocer
de
los
recursos
que
se
deduzcan
frente
a
los
actos
de
las
entidades
locales
o de
las
entidades
y
corporaciones
dependientes
o
vinculadas
a
las
mismas,
con
excepción
de
las
impugnaciones
“de
cualquier
clase
de
instrumentos
de
planeamiento
urbanístico”,
que
sí
ven
los
TSJ.
Los
procedimientos
relacionados
con
el
medio
ambiente,
los
más
prolongados
El
informe
ofrece
también
una
estimación
de
la
duración
media
de
los
procedimientos,
calculada
a
partir
de
las
cifras
de
asuntos
ingresados,
resueltos
y en
trámite
al
comienzo
del
periodo
estudiado.
Así,
los
procedimientos
relativos
al
medio
ambiente
son
los
que
más
se
prolongan,
con
una
duración
media
de
44,9
meses.
Les
siguen
los
asuntos
de
expropiaciones
forzosas
(41,2
meses),
los
de
urbanismo
(28,5
meses)
y
los
relacionados
con
la
Administración
Tributaria
(25,9
meses).
En
el
otro
extremo
se
sitúan
los
procedimientos
de
materia
electoral
(3
meses)
y de
extranjería
(4,5
meses). |
