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La
entrada
en
vigor
de
la
reforma
del
Código
Penal
(1/7/2015)
podría
suponer
para
muchas
personas
la
renuncia
a
reclamar
su
indemnización
o
bien
que
se
conformen
con
una
cantidad
inferior
a la
que
legalmente
les
corresponde
ofrecida
por
la
aseguradora.
La
medida
afecta
de
forma
especial
a
los
lesionados
leves,
que
suponen
el
75%
de
las
víctimas
de
accidente
de
tráfico
que
reclaman
a
través
de
Legálitas.
Por
ejemplo,
los
que
sufren
una
cervicalgia,
lesión
típica
cuando
un
vehículo
es
golpeado
por
detrás,
reclamarían
una
indemnización
de
unos
2.000
euros;
un
esguince
de
tobillo
en
el
caso
de
un
motorista
(3.000
euros);
o un
atropello
de
un
peatón
con
policontusiones
(850
euros).
En
todos
estos
casos,
el
coste
de
reclamar
la
indemnización
podría
superar
los
2.500
euros
de
gastos
fijos
(abogado,
procurador,
informe
médico
privado,
posible
condena
en
costas)
más
aproximadamente
el
10%
de
la
indemnización,
con
la
lógica
consecuencia
de
que,
en
la
mayaría
de
los
casos,
la
víctima
opte
por
no
reclamar.
Antes
del
1 de
julio
(Vía
Penal)
Cuando
una
persona
sufría
un
accidente
de
tráfico
e
interponía
una
denuncia,
era
citado
por
el
médico
forense
del
juzgado,
que
valoraba
las
lesiones
y
elaboraba
un
informe
gratuito
que
establecía
la
base
para
el
cálculo
de
la
indemnización
y
facilitaba
conseguir
acuerdos
con
las
compañías
y
evitar,
en
muchos
casos,
el
juicio.
En
los
casos
en
los
que
sí
se
celebraba
juicio
el
procedimiento
era
más
breve,
no
era
obligatorio
personarse
con
abogado
y
procurador,
y no
existía
riesgo
a
ser
condenado
a
pagar
las
costas;
teniendo
que
abonar
únicamente,
en
caso
de
contar
con
abogado,
un
porcentaje
de
la
indemnización.
Después
del
1 de
julio
(Vía
Civil)
La
situación
ha
cambiado
drásticamente,
despenalizándose
las
lesiones
imprudentes,
dejando
de
utilizarse
la
vía
penal
y
perdiendo
la
gratuidad
y
objetividad
del
informe
del
médico
forense.
El
juicio
se
desarrollará
por
la
vía
civil,
será
más
largo
y
aparece
el
riesgo
de
condena
a
pagar
las
costas.
A
partir
de
ahora,
el
lesionado
deberá
buscar
un
médico
privado
que
realice
el
informe
(coste
de
mercado
entre
500
y
3.000
€),
con
la
desventaja
de
que,
al
ser
un
médico
privado,
será
más
discutido
que
el
del
médico
forense.
Además,
la
reclamación
conlleva
ahora
otros
gastos:
abogado
y
procurador
(obligatorio
a
partir
de
reclamaciones
de
más
de
2.000
€,
que
será
el
escenario
más
frecuente);
el
precio
medio
del
abogado
será,
como
mínimo,
de
unos
1.200
€ y
del
procurador
de
unos
300
€,
que
sumados
a
los
de
informe
médico
se
elevarían
a
más
de
2.500
euros,
con
el
consecuente
efecto
disuasorio
para
el
lesionado
que
pretenda
demandar.
¿Cómo
conseguir
abaratar
los
costes
del
procedimiento?
Para
paliar
el
perjuicio
provocado
por
el
cambio
legislativo,
Legálitas
ha
diseñado
un
procedimiento
que
permita
afrontar
estos
casos
y
que
el
lesionado
no
se
vea
afectado,
teniendo
de
este
modo
las
mismas
garantías
de
cobro
de
la
indemnización
que
le
corresponda,
sin
incurrir
en
costes
superiores.
El
sistema
se
basa
en
una
serie
de
acuerdos
con
redes
prestadoras
de
servicios
médicos
que
elaborarán
gratuitamente
un
informe
de
lesiones
y
ofrecerán
asistencia
sanitaria,
traumatólogo
y
rehabilitador,
sin
coste
adicional.
El
acuerdo
incluye
una
red
de
abogados
y
procuradores
con
honorarios
similares
a
los
anteriores
a la
reforma
penal,
por
tanto
muy
competitivos,
que
permite
acelerar
el
proceso
de
cobro
intentando
la
negociación
y
presentando
la
demanda
de
forma
inmediata.
Por
otro
lado,
en
el
caso
de
que
la
póliza
de
hogar
o
auto
de
la
víctima
tenga
la
cobertura
de
abogado
de
libre
designación
o
defensa
jurídica
incluida,
será
la
compañía
aseguradora
quien
se
haga
cargo
de
los
costes
y no
la
víctima
del
accidente.
De
este
modo,
Legálitas
contribuye
con
su
estrategia
procesal
a
reducir
el
impacto
de
la
reforma
penal,
permitiendo
a
muchas
víctimas
de
accidente
de
tráfico
reclamar
sus
indemnizaciones
sin
tener
que
renunciar
por
no
poder
permitirse
afrontar
estos
gastos. |
