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El
vocal
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
Juan
Manuel
Fernández,
centro
su
en
la
Escuela
de
Verano
del
Poder
Judicial
en
la
corrupción,
“uno
de
los
problemas
que
más
preocupan
a
los
ciudadanos
españoles,
como
se
pone
de
manifiesto
de
manera
constante
en
los
estudios
de
opinión”.
El
vocal
ha
insistido
en
que
para
evitarla,
investigarla
y
castigarla
se
requieren
muchas
medidas,
“que
han
de
comenzar
por
un
adecuado
sistema
de
prevención
y
control,
en
un
marco
que
impida
la
opacidad,
verdadero
caldo
de
cultivo
de
las
conductas
corruptas”.
Para
Fernández,
la
Justicia
tiene
un
papel
fundamental
en
este
ámbito,
“que
se
cumple
con
absoluto
rigor,
independencia
e
imparcialidad
por
nuestro
poder
judicial”.
Ha
remarcado
que
la
tarea
de
los
tribunales
dista
mucho
de
ser
fácil,
siendo
numerosos
y
variados
los
problemas
que
afectan
al
quehacer
judicial.
Por
ello,
con
la
finalidad
esencial
de
detectar
y
evaluar
tales
dificultades,
así
como
para
auxiliar
a
los
órganos
judiciales,
el
CGPJ
aprobó
este
año
la
creación
de
la
Unidad
de
Apoyo
para
Causas
por
Corrupción
(UACC).
La
Unidad
se
integra
con
los
servicios
técnicos
del
Consejo,
Servicio
de
Inspección,
Personal
Judicial,
Servicio
de
Relaciones
Internacionales,
Oficina
de
Comunicación
y
Secretaría
General.
Su
ámbito
de
aplicación
son
los
delitos
que
constituyen
manifestaciones
de
la
corrupción,
ya
que
debe
recordarse
que
ni
en
el
derecho
español
ni
en
el
comparado
existe
una
definición
legal
de
este
término.
Es
preciso,
además,
que
la
investigación
presente
cierta
complejidad.
Las
medidas
que
puede
adoptar
esta
Unidad
son
variadas,
partiendo
de
un
principio
esencial,
cual
es
el
de
la
defensa
de
la
independencia
judicial.
Cabe
resumirlas
en
prestar
todo
el
apoyo
que
requiera
la
investigación
y el
juez
para
desempeñar
su
trabajo,
como
medidas
de
refuerzo
personales,
equipos
especializados,
auxilio
internacional,
etc.
Es
también
una
finalidad
esencial
de
la
Unidad
tener
un
conocimiento
cabal
del
estado
de
las
causas
judiciales
por
corrupción
en
España
que
permita,
además,
proponer
modificaciones
normativas
para
mejorar
la
respuesta
a
este
gravísimo
problema.
Este
estudio
permitirá
que
se
incorporen
sus
resultados
a la
memoria
anual
que
el
presidente
del
Tribunal
Supremo
y
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
presenta
anualmente
al
Parlamento.
Corrupción,
desafio
para
las
democracias
Tras
la
intervención
del
vocal
lo
hizo
Francisco
Jiménez-Villarejo
Fernández,
miembro
nacional
por
España
de
Eurojust,
quien
ha
sostenido
que
la
corrupción
es
un
fenómeno
complejo
y un
desafío
real
para
los
sistemas
democráticos
“ya
que
daña
la
justicia
social,
cuestiona
la
primacía
del
Estado
de
Derecho
y
socava
la
democracia”.
Al
mismo
tiempo
¬–ha
aseverado–
tiene
una
evidente
repercusión
económica,
ya
que
se
estima
que
el
coste
de
la
corrupción
para
la
economía
de
la
UE,
en
plena
crisis
financiera,
es
de
120.000
millones
de
euros
al
año.
La
ponencia
de
Jiménez-Villarejo
se
ha
centrado
en
la
lucha
contra
la
corrupción
desde
la
perspectiva
de
la
cooperación
internacional
y en
la
necesidad
de
mejorar
la
recuperación
de
activos
procedentes
del
delito.
Esta
restitución
“juega
un
papel
muy
importante
en
la
actual
política
de
lucha
contra
la
criminalidad
organizada,
partiendo
del
lema
de
que
el
delito
no
resulte
provechoso,
y
aplicando
los
instrumentos
de
reconocimiento
mutuo
como
principio
consagrado
en
el
Tratado
de
Lisboa
como
base
de
la
cooperación
internacional”,
ha
sostenido.
Igualmente
ha
abordado
el
esfuerzo
realizado
en
España
durante
la
última
década
para
implementar
estos
instrumentos
legales.
Cerró
las
intervenciones
de
la
tercera
jornada
del
curso
la
subsecretaria
de
Justicia,
Aurea
Roldán,
quien
comenzó
su
ponencia
hablando
de
“la
indiscutible
relevancia
social
que
presenta
el
problema
de
la
corrupción,
tanto
en
el
ámbito
público
como
entre
particulares,
y
del
evidente
interés
que
suscitan
los
mecanismos
de
protección
frente
a
dicha
lacra”.
Roldán
ha
analizado
las
últimas
reformas
legales
en
materia
de
lucha
contra
la
corrupción,
tanto
sustantivas
como
procesales,
para
concluir
afirmando
que
España
se
encuentra
“ante
un
conjunto
de
medidas
legislativas
sin
precedentes
desde
que
se
aprobara
la
Constitución
en
el
año
1978”.
La
subsecretaria
ha
recordado
que
las
últimas
modificaciones
legales
afectan
principalmente
a
las
penas,
ya
que
se
refuerza
la
punición
de
los
llamados
delitos
contra
la
corrupción
en
el
ámbito
de
la
administración
pública
y se
castiga
la
financiación
ilegal
de
los
partidos
políticos.
Ha
destacado
también
la
reforma
del
decomiso,
con
la
ampliación
de
las
posibilidades
de
decomiso
ampliado,
sin
sentencia
y de
bienes
de
terceros,
así
como
las
nuevas
bases
para
la
creación
de
una
Oficina
de
Recuperación
y
Gestión
de
Activos. |
