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El
portal
Demandamos
permite
presentar
demandas
colaborativas
y
financiar
acciones
judiciales
mediante
crowdfunding.
En
los
países
anglosajones
existen
algunos
precedentes
de
herramientas web
que
aplican
los
principios
del
consumo
colaborativo
al
sector
de
los
servicios
jurídicos.
En
España,
el
proyecto
demandamos.es
se
ha
propuesto
innovar
en
el
sector
legal
a
fin
de
que
los
clientes
de
servicios
jurídicos
puedan
compartir
procedimientos
y
optimizar
sus
recursos
a
través
de
internet.
Para
ello,
explica
Miguel
Ángel
Andrés
Llamas,
abogado
y
responsable
de
esta
startup,
hay
que
superar
numerosos
obstáculos:
“La
Justicia
española
está
muy
retrasada
en
materia
de
acciones
colectivas.
Las
class
actions
(acciones
de
grupo)
están
reguladas
tímidamente
en
la
Ley,
pero
además
su
práctica
ha
sido
escasa
y ni
los
abogados
ni
los
Jueces
han
interiorizado
su
potencial
y
funcionamiento.
Queda
mucho
camino
por
recorrer”. Demandamos.es no puede
considerarse
sólo
el
futuro
de
la
abogacía,
sino
que
ya
es
presente.
Por
ejemplo,
en
breve
se
va a
presentar
una
macrodemanda
contra
la
entidad
Unicaja
Banco
para
impugnar
el
Método
365/360,
una
práctica
abusiva
de
calcular
intereses
en
préstamos
hipotecarios.
Por
unos
cincuenta
euros
puede
personarse
como
afectado
en
el
procedimiento
colectivo.
Abogado
y
politólogo,
Miguel
Angel
Andrés
Llamas
advirtió
a lo
largo
de
su
carrera
profesional
que
había
cosas
que
cambiar
en
el
mundo
de
la
abogacía.
Abogado
por
cuenta
propia,
para
otras
firmas
legales
y
representante
legal
de
asociaciones
de
consumidores,
nuestro
protagonista
de
esta
historia
advirtió
pronto
que
había
que
dar
respuesta
a
ciertas
necesidades.
Así
nace
la
web
Demandamos.es.
“Una
web
que
pretende
ayudar
a
aquellas
personas
que
quieren
interponer
una
demanda
pero
por
costes
no
pueden
hacerlo.
Era
el
momento
de
apostar
por
la
justicia
colectiva”,
explica.
“Hay
que
darse
cuenta
que
en
un
momento
de
crisis
como
el
que
vivimos
no
es
sencillo
acudir
a la
justicia
por
sus
costes.
Y
que
la
justicia
gratuita
es
compleja
en
su
tramitación”,
señala.
Hacia
el
consumo
legal
colaborativo
El
consumo
legal
colaborativo
(o
abogacía
colaborativa)
tiene
múltiples
aplicaciones
que
la
startup
Demanamos
está
dispuesta
a
explorar.
La
principal
línea
de
acción
se
fija
en
el
Derecho
de
Consumo.
En
numerosas
ocasiones
las
grandes
empresas
cometen
fraudes
de
un
importe
pequeño,
y
los
consumidores
no
se
arriesgan
a
iniciar
procedimientos
judiciales
porque
los
posibles
costes
son
mayores
que
el
importe
reclamado.
La
plataforma
colaborativa
Demandamos
pretenden
agrupar
esas
reclamaciones
individuales
para
compartir
procesos
judiciales,
lo
que
permite
reducir
los
costes
(procurador,
abogado,
perito,
etc.).
Para
nuestro
protagonista,
es
fundamental
que
el
legislador
acepte
de
una
vez
por
todas
la
acción
de
clase
de
cara
a
que
los
juzgados
se
desatasquen
de
tantos
procedimientos.
“Lo
lógico
que
reclamaciones
idénticas
fueran
en
en
el
mismo
procedimiento,
eso
beneficiaría
a la
administración
de
justicia
de
cara
a
optimizar
recursos”.
Además,
los
demandantes,
al
aportar
pequeñas
cantidades,
conforman
una
caja
de
resistencia,
de
manera
que
no
sólo
financian
los
honorarios
de
los
profesionales
intervinientes,
sino
que
también
cubren
un
posible
riesgo
de
condena
en
costas.
La
Ley
de
Enjuiciamiento
Civil
permite
constituir
grupos
de
consumidores
afectados.
Estos
grupos
de
afectados
están
dotados
de
instrumentos
procesales
como
las
“diligencias
preliminares”
y el
“llamamiento”,
que
permiten
a
otras
personas
unirse
a
las
demandas
de
grupo.
Util
para
derecho
de
consumo
y
otras
cuestiones
Según
Miguel
Ángel
Andrés:
“Con
Demandamos
los
consumidores
pueden
autoorganizarse,
ya
que
las
TIC
permiten
eliminar
intermediarios.
Demandamos.es
les
ofrece
asesoramiento
sobre
cómo
constituirse
legalmente
como
grupos
de
afectados
y un
servicio
integral
de
defensa
jurídica.
El
consumo
colaborativo
tiene
enormes
ventajas
para
los
clientes
de
servicios
jurídicos”.
Pero
las
potencialidades
de
Demandamos
no
se
agotan
en
el
Derecho
de
Consumo.
Así,
existen
acciones
judiciales
de
interés
general
en
materia
de
derechos
humanos,
protección
medioambiental
o
derechos
laborales
que
pueden
ser
financiadas
mediante
crowdfunding
si
se
cuenta
con
una
dirección
jurídica
adecuada.
Emprendimiento
social
Demandamos.es
se
presenta
como
una
iniciativa
de
emprendimiento
social.
Su
objetivo
es
empoderar
a
los
ciudadanos
para
traducir
sus
demandas
sociales
en
acciones
judiciales,
inspirándose
en
un
principio
común
de
protección
de
la
parte
débil:
consumidores
frente
a
empresarios,
trabajadores
frente
a
empresas,
empresas
frente
a
Administraciones
públicas,
etc.
Se
trata
de
facilitar
el
acceso
a la
Justicia
de
los
ciudadanos
con
independencia
de
sus
recursos
económicos
para
perseguir
el
interés
general
y
contribuir
a la
efectiva
realización
del
Estado
Social
y
Democrático
de
Derecho.
Del
mismo
modo,
la
posibilidad
de
acumular
las
acciones
individuales
de
los
ciudadanos
tiene
un
efecto
beneficioso
para
la
Administración
de
Justicia.
“En
la
actualidad,
por
ejemplo,
los
Juzgados
se
hayan
saturados
por
las
reclamaciones
judiciales
de
cláusula
suelo,
que
son
idénticas
pero
se
presentan
de
manera
individual.
Si
los
clientes
de
cada
banco
se
agruparan
en
un
solo
procedimiento,
la
Justicia
iría
mucho
más
rápida
para
todos.
En
fraudes
sucesivos
las
cosas
deben
hacerse
de
otra
manera”,
concluye
Andrés
Llamas.
El
consumo
legal
colaborativo
ya
es
una
realidad
Demandamos.es
no
puede
considerarse
sólo
el
futuro
de
la
abogacía,
sino
que
ya
es
presente.
Por
ejemplo,
en
breve
se
va a
presentar
una
macrodemanda
contra
la
entidad
Unicaja
Banco
para
impugnar
el
Método
365/360,
una
práctica
abusiva
de
calcular
intereses
en
préstamos
hipotecarios.
Se
han
abierto
unas
diligencias
previas
para
que
todos
los
clientes
de
esta
entidad
que
se
sientan
perjudicados
se
unan
a
esta
iniciativa.
Según
Andrés
Llamas:
“En
este
caso
los
clientes
se
constituyeron
como
Grupo
de
consumidores
afectados
y el
Juzgado
de
lo
Mercantil
nº1
de
Málaga
ha
permitido
que
todos
los
clientes
hipotecarios
del
banco
se
sumen
a la
demanda,
algo
que
pueden
hacer
a
través
del
portal
web.
Decenas
de
miles
de
clientes
van
a
poder
demandar
conjuntamente
y a
bajo
coste”.
El
portal
da
la
opción
de
entregar
la
información
escaneada
o
que
hagan
un
poder
para
pleitos
para
que
el
procurador
les
represente
en
su
propio
domicilio.
“El
precio
del
procedimiento
ronda
los
cincuenta
euros.
Si
fuera
a
nivel
individual
superaría
los
dos
mil
quinientos
euros
por
reclamante”,
añade. |
