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Cambio
en
la
presidencia
de
la
Sala
Tercera
del
Tribunal
Supremo.
El
Pleno
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
elegía
a
Luis
María
Díez-Picazo
Giménez
nuevo
presidente
de
la
Sala
Tercera
del
Tribunal
Supremo,
cargo
en
el
que
sucederá
a
José
Manuel
Sieira
Míguez,
cuyo
mandato
finalizó
el
pasado
14
de
julio.
Curiosamente
el
propio
Sieira
en
el
proceso
de
selección
manifestaba
con
rotundidad
que
"El
Consejo
General
del
Poder
Judicial
no
puede
convertirse
en
un
palacio
de
intrigas".
Esa
fue
la
frase
con
la
que
Sieira
cerró
la
intervención
en
la
que
expuso
su
proyecto
para
la
reelección.
Las
palabras
no
guardaban
ninguna
relación
con
los
planes
para
el
organismo,
pero
sí
con
los
movimientos
para
que
quien
pase
los
próximos
años
el
frente
de
la
Sala
Tercera
no
sea
él,
sino
el
magistrado
Luis
María
Díez-Picazo,
para
quien
Lesmes,
según
las
mismas
fuentes,
estaría
recabando
apoyos
en
el
Consejo.
Ante
los
vocales
que
ayer
tomaron
la
decisión,
Sieira
dejó
clara
su
incomodidad
por
la
situación
en
el
trámite
de
comparecencia
pública:
"Hay
algo
que
quiero
añadir
antes
de
terminar.
Son
demasiadas
las
cosas
que
se
han
dicho,
las
circunstancias
que
rodean
este
proceso
y
que
no
hacen
sino
dañar
el
crédito
de
la
Sala
Tercera.
Un
crédito
ganado
durante
décadas,
con
trabajo
y
esfuerzo,
trasladando
a la
opinión
pública
la
sensación
de
que
sus
magistrados
pueden
ser
influidos
por
cuestiones
ajenas
a
sus
propias
convicciones
jurídicas
y a
su
idea
de
justicia,
lo
que,
aunque
ustedes
saben
que
es
absolutamente
falso,
debería
hacernos
reflexionar
a
todos.
Sólo
el
respeto
que
debo
a
mis
compañeros
de
Sala
y a
uno
mismo,
la
convicción
de
que
el
respeto
a
las
instituciones
es
fundamental
en
un
Estado
de
Derecho
y la
convicción
de
que
el
CGPJ
-me
permitirá
el
señor
presidente
que
haga
uso
de
sus
palabras-
no
puede
convertirse
en
un
palacio
de
intrigas
ha
justificado
mi
presencia
hoy
aquí".
En
cuanto
al
origen
de
la
desafección
entre
Lesmes
y
Sieira,
fuentes
del
Supremo
citan
el
sonado
caso
del
indulto
al
kamikaze.
La
ponencia
correspondió
a
Lesmes,
que
proponía
confirmar
el
indulto.
Sin
embargo,
Sieira
llevó
el
caso
al
Pleno,
donde
el
hoy
presidente
del
Consejo
vio
cómo
no
lograba
el
apoyo
de
la
mayoría
y el
asunto
se
zanjaba
con
una
bofetada
al
Gobierno.
Las
mismas
fuentes
también
añaden
al
balance
de
la
discordia
la
revocación
de
algunas
resoluciones
del
Consejo.
Díez-Picazo,
que
ingresó
en
la
Carrera
Judicial
en
2008
como
magistrado
del
alto
tribunal
por
el
turno
reservado
a
juristas
de
reconocida
competencia
con
más
de
15
años
de
ejercicio,
ha
obtenido
12
de
los
21
votos
del
Pleno,
frente
a
los
8
conseguidos
por
Sieira
y
uno
por
Eduardo
Calvo
Rojas.
El
nuevo
presidente
de
la
Sala
Tercera
se
licenció
en
Derecho
en
1980
en
la
Universidad
Autónoma
de
Madrid,
con
la
calificación
de
Premio
Extraordinario
de
licenciatura,
y se
doctoró
en
el
Real
Colegio
de
España
de
la
Universidad
de
Bolonia
antes
de
convertirse,
por
oposición,
en
letrado
del
Ministerio
de
Justicia.
Ha
ejercido
como
abogado
en
Málaga
y en
Madrid,
actividad
que
ha
compatibilizado
con
la
docencia
como
profesor
en
la
Universidad
de
Málaga,
el
Instituto
Universitario
Europeo
de
Florencia,
el
Instituto
de
Empresa
de
Madrid
y el
Colegio
Universitario
de
Estudios
Financieros
y
como
catedrático
de
Derecho
Constitucional
en
las
Universidades
de
Málaga
y de
Castilla-La
Mancha.
Su
experiencia
docente
se
completa
con
su
labor
como
profesor
asociado
en
el
Centro
de
Estudios
Políticos
y
Constitucionales
y
como
profesor
de
máster
en
la
Universidad
Internacional
Menéndez
Pelayo.
Díez-Picazo
es
autor
de
diez
libros
–entre
ellos,
“Sistema
de
derechos
fundamentales”,
“La
derogación
de
las
leyes”,
“Régimen
constitucional
del
Poder
Judicial”,
“La
criminalidad
de
los
gobernantes”
y
“La
naturaleza
de
la
Unión
Europea”-
y de
decenas
de
artículos,
y ha
participado
como
ponente
en
numerosos
cursos,
conferencias
y
seminarios.
Entre
las
sentencias
de
relevancia
de
las
que
ha
sido
ponente
como
magistrado
del
Tribunal
Supremo
destacan
la
de
11
de
febrero
de
2009,
una
de
las
tres
del
Pleno
de
la
Sala
Tercera
que
resolvieron
la
cuestión
de
la
asignatura
de
Educación
para
la
Ciudadanía;
y
más
recientemente
la
de
19
de
mayo
de
2015,
que
anuló
ciertos
preceptos
reglamentarios
en
materia
de
EREs
en
el
sector
público. |
