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La
organización
defensora
de
los
derechos
y
libertades
civiles
Rights
International
Spain,
junto
con
las
asociaciones
judiciales
Jueces
para
la
Democracia
y
Foro
Judicial
Independiente,
se
ha
dirigido,
por
segunda
vez
en
lo
que
va
de
legislatura,
a la
Relatoría
Especial
sobre
la
independencia
de
magistrados
y
abogados
de
Naciones
Unidas
para
denunciar
que
“diversas
iniciativas
del
Gobierno
están
erosionando
el
principio
de
separación
de
poderes”,
lo
que
“tiene
como
consecuencia
un
debilitamiento
tanto
del
Poder
Judicial
como
del
Estado
de
Derecho”.
El
escrito
hace
referencia,
en
primer
lugar,
al
reciente
y
controvertido
nombramiento
del
nuevo
Presidente
de
la
Sala
Tercera
(de
lo
Contencioso-Administrativo)
del
Tribunal
Supremo.
Según
los
estándares
internacionales
en
la
materia,
para
salvaguardar
la
imparcialidad
e
independencia
judicial
es
necesario,
por
un
lado,
que
el
procedimiento
de
nombramiento
sea
claro,
transparente
y
libre
de
presiones
e
influencias;
y,
por
otro,
que
los
criterios
de
nombramiento
sean
objetivos
y
basados
en
la
integridad
y
capacidad
profesional.
Las
organizaciones
explican
que
la
no
renovación
de
José
Manuel
Sieira
Míguez
marca
un
hito
al
tratarse
de
la
primera
vez
en
la
historia
del
Alto
Tribunal
que
no
se
renueva
a un
Presidente
de
Sala
para
un
segundo
mandato,
y
esto
a
pesar
de
llevar
22
años
de
Magistrado
del
TS,
de
los
cuales
los
últimos
cinco
ha
ejercido
como
presidente
de
esta
sala.
Y,
todo
ello,
sin
que
desde
el
propio
Consejo
General
del
Poder
Judicial
se
haya
justificado
esta
decisión
y en
un
contexto
de
indicios
de
injerencias
del
Gobierno
con
el
fin
de
evitar
decisiones
judiciales
como,
por
ejemplo,
la
anulación
del
indulto
concedido
al
conductor
kamikaze
de
Valencia.
Este
nombramiento
constituye,
en
palabras
de
las
entidades
que
suscriben
este
escrito,
“una
manifestación
más
de
la
situación
difícil
que
atraviesa
la
independencia
judicial
en
España
y,
en
concreto,
de
la
reforma
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial,
cuya
consecuencia
está
siendo
una
merma
en
la
independencia
judicial”.
En
el
documento
se
vuelve
a
poner
en
entredicho
la
última
reforma
aprobada
de
la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial
(LOPJ),
al
introducir
modificaciones
que
merman
el
carácter
colegiado
(y
por
tanto,
la
independencia)
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial.
Asimismo,
se
subraya
que
con
esta
son
nueve
las
leyes
aprobadas
a
iniciativa
del
Gobierno
o
del
Partido
Popular
que
introducen
modificaciones
a la
Ley
Orgánica
del
Poder
Judicial;
“reformas
legales
de
tan
hondo
calado”
como
esta
“tienen
un
impacto
en
la
seguridad
jurídica”,
sin
que
además
se
haya
producido
en
ningún
momento
“una
verdadera
consulta
con
las
organizaciones
de
la
sociedad
civil”
ni
se
haya
tenido
en
consideración
“las
opiniones
de
los
operadores
jurídicos”,
tal
y
como
aseguran
las
cuatro
entidades.
Lecrim,
peligrosa
por
su
impunidad
Finalmente,
las
organizaciones
declaran
que
la
reforma
a la
Ley
de
Enjuiciamiento
Criminal
(LECrim)
actualmente
en
tramitación
en
el
Senado,
también
a
iniciativa
del
Gobierno,
fije
“un
plazo
límite
para
la
instrucción
penal
con
el
objetivo
alegado
de
agilizar
la
justicia”.
Esta
medida,
en
palabras
de
las
entidades,
“afectaría
especialmente
a
las
causas
por
corrupción
política,
al
impedir
a
los
jueces
realizar
todas
las
investigaciones
necesarias
para
la
averiguación
de
los
hechos
delictivos”,
sin
que
se
pretenda
dotar
presupuestariamente
esta
reforma
“para
que
las
investigaciones
penales
puedan
llevarse
a
cabo
en
los
plazos
establecidos”.
Se
insiste,
en
definitiva,
en
que
esta
medida
“es
contraproducente
en
la
lucha
contra
la
corrupción,
ya
que
contribuirá,
en
la
práctica,
a
aumentar
la
impunidad”.
Cabe
recordar
que
en
abril
de
este
año,
Rights
International
Spain
y
Jueces
para
la
Democracia,
dirigieron
a la
Comisión
Europea
una
carta
y un
Informe*
en
los
que
evidenciaban,
entre
otras
medidas
incluidas
en
el
paquete
de
reformas
promovido
por
el
Gobierno
español,
estas
dos
reformas
legislativas
(LOPJ
y
LECrim)
por
tratarse
de
“reformas
parciales
e
insuficientes”
que
deberían
ser
retiradas
en
tanto
no
se
realice
un
“proceso
de
consulta
con
expertos
y
sociedad
civil
con
el
objetivo
de
alcanzar
una
efectiva
reorganización
y
modernización
del
sistema
judicial”.
Las
organizaciones
instaban
a la
Comisión
a
activar
un
nuevo
instrumento
de
la
UE
para
fortalecer
el
Estado
de
Derecho,
así
como
a
“adoptar
una
serie
de
medidas
para
impedir
que
siga
deteriorándose
el
Estado
de
Derecho
en
España”.
Lydia
Vicente,
directora
ejecutiva
de
Rights
International
Spain,
ha
puesto
de
manifiesto
que
“la
situación
en
cuanto
a la
falta
de
independencia
judicial
en
nuestro
país
es
insostenible;
primero,
porque
supone
una
vulneración
flagrante
a
uno
de
los
elementos
más
esenciales
del
estado
de
derecho
y
segundo,
porque
sin
jueces
independientes
los
derechos
y
libertades
de
toda
la
ciudadanía
están
en
peligro”.
Por
su
parte,
Joaquím
Bosch,
portavoz
de
Jueces
para
la
Democracia,
una
de
las
asociaciones
judiciales
firmantes,
ha
expresado
que
“las
presiones
del
poder
político
para
controlar
la
judicatura
han
llegado
a
niveles
que
no
tienen
equivalentes
en
toda
la
etapa
democrática.
Los
intentos
políticos
de
influenciar
los
altos
tribunales
están
erosionando
gravemente
la
credibilidad
de
nuestras
instituciones
judiciales.
En
nuestro
país
la
división
de
poderes
corre
riesgos
muy
serios
y
por
eso
necesitamos
la
intervención
de
los
organismos
internacionales”.
Enlaces
de
interés:
Pueden
acceder
al
texto
completo
remitido
a la
Relatoría
Especial
sobre
la
independencia
de
jueces
y
magistrados
aqui. |
