El
Observatorio
de
la
jurisprudencia
de
productos
financieros
complejos,
que
elabora
el
despacho
de
abogados
JAUSAS
por
tercer
año
consecutivo,
analiza
las
más
de
1.800
sentencias
que
dictaron
las
Audiencias
Provinciales
y el
Tribunal
Supremo
en
2014
en
relación
con
participaciones
preferentes,
swaps,
productos
estructurados
y
obligaciones
subordinadas.
El
estudio
circunscribe
su
análisis
a
estos
tribunales,
ya
que
son
los
que
establecen
jurisprudencia
y
criterios
que
permiten
guiar
la
actuación
de
los
juzgados
de
primera
instancia
a la
hora
de
enfrentarse
a
demandas
por
productos
financieros
complejos.
Desde
esta
firma
española
se
señala
que
“todo
indica
que
la
avalancha
de
reclamaciones
judiciales
no
ha
hecho
más
que
empezar
y
que
a
medida
que
vayan
accediendo
a
las
Audiencias
Provinciales,
el
porcentaje
de
condena
a
los
bancos
se
irá
incrementando”,
declara
Jordi
Ruiz
de
Villa.
La
mayor
parte
de
las
resoluciones
(1.057)
correspondió
un
año
más
a
swaps,
es
decir,
permutas
financieras
que
en
teoría
buscaban
proteger
a
los
clientes
de
la
subida
de
tipos
de
interés,
de
la
inflación
o de
las
oscilaciones
del
mercado
de
divisas.
En
el
74,17%
de
los
casos,
las
Audiencias
Provinciales
fallaron
a
favor
de
las
pymes
y
los
particulares,
pero
también
a
favor
de
otros
actores
menos
habituales
como
comunidades
de
propietarios,
comunidades
religiosas
e
incluso
un
ayuntamiento
(el
de
Masquefa,
en
Barcelona),
que
decidieron
demandar
a la
banca
por
la
mala
comercialización
de
estos
productos.
Un
año
más,
las
resoluciones
más
numerosas
tuvieron
como
protagonistas
a
pymes,
que
obtuvieron
a
favor
el
70,9%
de
las
sentencias,
mientras
que
los
particulares
lograron
que
los
tribunales
condenasen
a
las
entidades
financieras
a
liquidar
sus
swaps
–mayoritariamente
vinculados
a
hipotecas-
en
un
75,22%
de
los
casos.
En
2014
el
Tribunal
Supremo
empezó
a
dictar
las
primeras
sentencias
sobre
swaps,
que
también
se
resolvieron
mayoritariamente
a
favor
del
declarante
(en
cuatro
de
cinco
casos).
“La
gran
cantidad
de
sentencias,
unido
al
hecho
de
que
condenan
mayoritariamente
a
las
entidades
financieras,
debería
obligar
a la
Comisión
Nacional
del
Mercado
de
Valores
(CNMV)
a
tomar
medidas
contundentes
contra
las
entidades
financieras
por
la
mala
colocación
de
estos
productos”,
señala
Jordi
Ruiz
de
Villa,
socio
de
Litigación
Bancaria
de
JAUSAS.
“En
nuestra
opinión,
podría
tratarse
de
un
abuso
de
mercado.
Además,
la
gran
asimetría
de
información
hace
que
cada
vez
más
se
dé
la
razón
a
empresas
y
grandes
corporaciones,
ya
sean
públicas
o
privadas”,
añade
Ruiz
de
Villa.
El
segundo
bloque
de
sentencias
más
numerosas
fue
el
relativo
a
participaciones
preferentes,
ya
que
los
tribunales
dictaron
512
sentencias
en
2014,
de
las
que
el
90,4%
fueron
favorables
a
los
clientes..
Este
porcentaje
que
ha
crecido
sensiblemente
desde
2012,
cuando
sólo
el
40,3%
de
las
sentencias
de
Audiencias
Provinciales
se
resolvieron
a
favor
de
los
demandantes.
La
mayor
parte
de
las
demandas
siguieron
siendo
presentadas
por
particulares,
mientras
que
sólo
un
pequeño
porcentaje
correspondió
a
pymes
debido
a
que
este
producto
no
tuvo
una
comercialización
masiva
entre
empresas.
Entre
las
particularidades
de
los
casos
resueltos
por
las
los
tribunales
en
2014
destaca
la
revisión,
por
primera
vez,
de
demandas
presentadas
por
asociaciones
de
consumidores
como
ADICAE,
AUGE
o
UCU.
En
todos
esos
casos
se
falló
a
favor
de
los
consumidores.
En
el
Supremo
también
se
resolvieron
en
2014
los
primeros
recursos
relacionados
con
participaciones
preferentes
(en
dos
de
tres
casos
a
favor
del
demandante)
pero
todavía
tuvieron
como
protagonistas
a
las
entidades
que
originaron
la
crisis
financiera
(Lehman
Brothers
y
bancos
islandeses)..
Por
su
parte,
en
el
caso
de
obligaciones
subordinadas,
los
tribunales
resolvieron
181
recursos,
lo
que
supone
diez
veces
más
pronunciamientos
que
en
2013,
cuando
estos
casos
empezaron
a
llegar
a
las
Audiencias
Provinciales.
La
revisión
de
estos
recursos
se
saldó
en
un
89,5%
a
favor
del
cliente,
ya
fuera
un
particular
o
una
empresa.
En
cuanto
a
los
productos
estructurados,
que
son
productos
que
combinan
normalmente
renta
fija
con
derivados,
se
contabilizaron
sólo
55
sentencias
en
2014
en
segunda
instancia,
de
las
que
sólo
el
41,81%
falló
a
favor
del
afectado.
“Todo
indica
que
la
avalancha
de
reclamaciones
judiciales
no
ha
hecho
más
que
empezar
y
que
a
medida
que
vayan
accediendo
a
las
Audiencias
Provinciales,
el
porcentaje
de
condena
a
los
bancos
ser
irá
incrementando”,
declara
Jordi
Ruiz
de
Villa. |