|
La asociación
STOP
ESTAFADORES
solicita
al
juez
de
la
Audiencia
Nacional
Eloy
Velasco
-que
en
abril
tomó
declaración
al
prestamista
Antonio
Arroyo-
que
investigue
en
profundidad
la
relación
de
la
red
de
usura
que
éste
encabeza
con
la
trama
de
corrupción
Púnica.
La
citada
asociación
ya
llamó
públicamente
la
atención
en
noviembre
de
2014
sobre
el
papel
de
David
Marjaliza,
a
través
de
sus
sociedades,
como
ejecutor
de
créditos
hipotecarios,
presuntamente
fraudulentos,
suscritos
con
Antonio
Arroyo.
Las
empresas
de
este
imputado
en
la
operación
Púnica
se
encargaban
en
no
pocos
casos
de
desahuciar
a
familias
por
las
deudas
“engordadas”
contraídas
con
el
prestamista
Arroyo,
tras
haber
adquirido
supuestamente
las
letras
cambiarias
en
las
que
se
documentaban.
TPC
Consulting
y
otras
firmas
de
Marjaliza
continúan
a
día
de
hoy
ejecutando
judicialmente
hipotecas
contra
varias
familias
afectadas,
a
pesar
de
estar
su
representante
en
prisión
preventiva
y
con
medidas
cautelares
de
tipo
personal
y
patrimonial.
Desde
el
colectivo
de
víctimas
de
presuntas
estafas
hipotecarias
se
considera
que
hay
serios
indicios
de
que
varios
de
esos
inmuebles
de
familias
necesitadas,
que
la
trama
se
adjudicaba
con
desembolsos
reales
irrisorios,
acababan
en
manos
de
políticos
y de
allegados
designados
por
los
mismos,
presumiblemente
como
pago
de
favores.
Por
ello,
reclaman
al
responsable
de
la
instrucción
en
la
Audiencia
Nacional
que
profundice
en
esa
línea
de
investigación
que
vincula
a
Púnica
con
la
red
de
Antonio
Arroyo,
al
que
decenas
de
familias
tienen
denunciado
por
presuntas
estafas
en
préstamos.
La
operativa
era
siempre
la
misma:
una
familia
con
dificultades
económicas
apremiantes
y
sin
acceso
al
crédito
bancario
acudía
a
los
intermediarios
de
Arroyo.
El
prestamista
accedía
a
una
operación
en
la
que,
con
un
engaño
minuciosamente
calculado,
conseguía
que
acabaran
firmando
ante
notario
un
capital
superior
al
que
realmente
recibían
en
ese
momento
y
siempre
con
la
garantía
de
su
vivienda.
Supuestamente
era
un
“crédito
puente”
que
se
refinanciaría
para
pagar
en
cuotas,
pero
la
realidad
es
que
nunca
se
refinanciaba
y,
si
en
sólo
seis
meses,
no
devolvían
la
totalidad
del
supuesto
capital,
que
no
habían
recibido
íntegramente,
se
generaba
además
un
interés
del
29 %
y se
ejecutaba
contra
sus
casas.
Enseguida,
Arroyo
transmitía
formalmente
el
crédito
a
aparentes
terceros,
entre
ellos
el
entramado
societario
de
David
Marjaliza,
que
se
encargaba
–y
lo
sigue
haciendo
aún
hoy-
de
hacerse
judicialmente
con
las
viviendas
de
los
afectados
y
desalojarles.
Para
ello,
previamente,
se
fijaba
en
escritura
un
valor
de
subasta
ridículo
que
facilitaba
ese
objetivo.
Lo
que
sospecha
dicha
asociación,
por
diversos
datos
que
obran
en
su
poder,
es
que
parte
de
esos
inmuebles,
adquiridos
a
precio
de
chollo
y
tras
desalojar
a
sus
propietarios,
acabaron
sirviendo
para
pago
de
favores
políticos
y
por
eso
pedimos
a la
Audiencia
Nacional
que
lo
investigue.
Además,
durante
una
década
en
todas
esas
operaciones,
por
montante
de
varios
millones
de
euros,
se
documentaba
el
capital,
superior
al
realmente
entregado,
siempre
“en
efectivo
metálico”
y, a
juicio
de
Stop
Estafadores
,
podría
estar
generándose
también
ante
un
continuado
blanqueo
de
dinero
por
parte
de
estas
tramas.
STOP
ESTAFADORES
es
una
asociación
de
afectados
por
presuntos
estafadores
que,
bajo
el
nombre
de
prestamistas,
conceden
operaciones
de
capital
privado,
con
la
garantía
de
una
vivienda,
con
el
único
fin
de
arrebatar
su
propiedad.
Dicha
asociación
incluye
a
cualquier
persona
que
quiera
combatir
estas
prácticas,
ya
sea
afectada
o no
por
estas
tramas.
Desde
esta
entidad
se
realizan
investigaciones
de
cada
caso
y se
exponen
en
público
a
través
de
Internet
y en
contacto
directo
con
los
medios
de
comunicación,
así
como
con
las
Fuerzas
y
Cuerpos
de
Seguridad
del
Estado
y
Ministerio
Fiscal. |