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La
Comisión
Europea
ha
admitido
a
trámite
una
demanda
contra
el
gobierno
de
España
por
la
no
trasposición
de
la
directiva
comunitaria
27/2012/UE
de
eficiencia
energética.
La
demanda
la
presentó
el
pasado
mes
de
mayo
la
Plataforma
Ciudadana
para
Investigación
Judicial
del
Sector
Eléctrico
y
fue
admitida
a
trámite
el
pasado
31
de
julio.
“La
directiva
se
publicó
el
21
de
octubre
de
2012,
casi
tres
años
después
sigue
sin
estar
traspuesta”,
lamenta
Juan
Ignacio
Navas,
socio
director
de
Navas
&
Cusí,
despacho
especializado
en
derecho
comunitario
que
está
dirigiendo
la
estrategia
jurídica.
En
agosto
del
año
pasado
el
ejecutivo
comunitario
abrió
expediente
sancionador
a
España
y a
otros
23
países
por
incumplimiento
de
su
obligación
de
trasponer
la
legislación
comunitaria
en
materia
energética.
“No
sólo
no
ha
traspuesto,
sino
que
se
permite
alegar
que
un
RD
del
2007
hace
innecesaria
la
directiva”,
señala
Adrián
Sánchez,
presidente
de
la
Plataforma
Ciudadana
para
Investigación
Judicial
del
Sector
Eléctrico.
Y es
que
efectivamente
el
gobierno
alega
que
la
Orden
IET/290/2012,
de
16
de
febrero,
por
la
que
se
modifica
la
Orden
ITC/3860/2007,
de
28
de
diciembre
sobre
contadores
inteligentes
hace
innecesaria
la
legislación
comunitaria.
Sin
embargo,
la
Plataforma
Ciudadana
para
Investigación
Judicial
del
Sector
Eléctrico
sostiene
que
si
comparamos
la
OM
del
2007
con
la
directiva
del
2012,
“España
incumple
en
al
menos
3
especificaciones
de
las
establecidas
en
el
art.
9 de
la
directiva”.
La
demanda
presentada
a
Bruselas
considera
que
España
tampoco
está
cumpliendo
lo
establecido
en
la
directiva
relativo
al
derecho
de
los
consumidores
de
acceder
en
tiempo
real
a su
consumo.
“El
70%
de
las
comunidades
no
disponen
de
llave
del
cuarto
de
contadores
y
además,
bajar
al
cuarto
de
contadores
no
es
acceder
en
tiempo
real”,
explica
Adrián
Sánchez.
¿Cómo
se
cumpliría
con
lo
establecido
en
la
directiva?
“Con
un
display
en
casa
que
permita
acceder
a la
información
del
contador
y
del
coste
de
la
energía
en
tiempo
real”,
responde
el
presidente
de
la
Plataforma
Ciudadana
para
Investigación
Judicial
del
Sector
Eléctrico.
“La
demanda
es
muy
importante
porque
el
gobierno
español
no
puede
desatender
su
obligación
institucional
de
trasponer
la
legislación
comunitaria.
No
es
sólo
un
problema
técnico-jurídico;
se
están
dejando
sin
proteger
adecuadamente
los
intereses
de
los
consumidores
en
la
forma
en
la
que
establece
la
legislación
comunitaria”,
concluye
el
socio-director
de
navascusi.com |