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La CNMC (Comisión
Nacional
de
los
Mercados
y la
Competencia)
ha
publicado
el
Informe
sobre
Alternativas
de
Regulación
en
Materia
de
Reducción
de
Pérdidas
y
Tratamiento
del
Fraude
en
el
Suministro
Eléctrico
(PDN/DE/001/2015),
en
el
que
propone
una
serie
de
medidas
encaminadas
a
frenar
las
situaciones
de
fraude
que
se
producen
en
el
sistema
eléctrico,
cuyo
incremento
ha
sido
notable
en
los
últimos
años.
La
normativa
vigente
resulta
imprecisa
en
los
plazos
y
responsabilidades
de
los
agentes
que
intervienen
en
la
detección
y
tratamiento
de
este
fenómeno.
Además,
el
informe
aboga
por
homogeneizar
las
actuaciones
de
los
distintos
agentes
a la
hora
de
tratar
los
fraudes
en
el
suministro
y
proteger
así
al
consumidor.
Desde
2009,
la
diferencia
entre
la
energía
generada
en
barras
de
central
y la
energía
demandada
por
los
consumidores
ha
ido
en
aumento,
lo
que
se
ha
traducido
en
un
deterioro
progresivo
de
las
pérdidas
del
sistema.
Una
parte
de
estas
diferencias
tiene
su
origen
en
el
incremento
del
fraude
en
sus
diferentes
modalidades
(principalmente
conexiones
directas
a la
red
y
manipulación
de
los
equipos
de
medida
y
control).
La
CNMC
recuerda
que
la
energía
defraudada,
debido
al
régimen
económico
de
la
Ley
del
Sector
Eléctrico,
supone
un
mayor
coste
para
los
consumidores.
Estos
son
quienes
sufragan
el
coste
que
los
efectos
del
fraude
suponen
para
el
sistema.
Además,
recuerda
la
necesidad
de
fomentar
una
acción
conjunta
y
armonizada
por
parte
de
las
Administraciones
para
la
lucha
contra
el
fraude,
que
elimine
la
disparidad
de
criterios
a
nivel
autonómico
y
estatal
a
este
respecto.
El
Real
Decreto
1048/2013,
de
27
de
diciembre,
introdujo
un
nuevo
incentivo
a
las
empresas
distribuidoras
para
lograr
una
disminución
del
fraude
de
energía
eléctrica,
al
ser
éstas
las
titulares
de
las
redes
y
las
encargadas
de
la
lectura.
A la
vista
del
incremento
de
pérdidas
experimentado
desde
2009,
la
CNMC
considera
necesario
revisar
el
incentivo
actual
a la
reducción
de
pérdidas,
con
el
fin
de
incrementar
su
impacto
sobre
el
distribuidor
y
hacerlo
más
sensible
a su
coste.
Por
otra
parte,
con
la
adopción
de
las
medidas
propuestas
por
la
CNMC
no
sería
necesario
seguir
manteniendo
el
régimen
de
incentivos
a
los
distribuidores
por
la
detección
del
fraude,
ya
que
los
objetivos
perseguidos
quedarían
cubiertos
con
las
mismas.
Así,
la
CNMC
propone
con
respecto
a la
responsabilidad
sobre
las
pérdidas
dos
posibles
alternativas:
1)
Que
el
distribuidor
sea
el
responsable
de
la
compra
de
la
diferencia
de
pérdidas
entre
las
reales
y
las
estándares.
Así,
el
coste
correspondiente
al
incremento
de
las
pérdidas
por
encima
de
las
pérdidas
consideradas
estándares
sería
soportado
por
los
responsables
de
la
calidad
de
la
red
y no
por
el
consumidor.
Esta
opción
requeriría
modificaciones
en
la
normativa.
2)
Que
el
comercializador
siga
siendo
el
responsable
de
la
compra
de
las
pérdidas,
pero
el
distribuidor
le
financiaría
la
diferencia
de
pérdidas
entre
las
reales
y
las
estándares.
En
ambos
casos,
el
efecto
de
la
diferencia
entre
las
pérdidas
reales
y
las
estándares
incidiría
de
forma
inmediata
sobre
los
ingresos
de
los
distribuidores,
por
lo
que
se
reforzaría
el
incentivo
a la
reducción
de
pérdidas.
En
ambas
alternativas
se
plantea
un
periodo
transitorio
de 3
años,
para
hacer
su
aplicación
más
gradual
con
respecto
a la
regulación
vigente,
hasta
alcanzar
su
repercusión
total
sobre
el
distribuidor
el
cuarto
año.
Además,
la
CNMC
plantea
que
las
empresas
distribuidoras
presenten
antes
del
1 de
diciembre
de
cada
año
los
planes
de
verificación
para
la
detección
del
fraude
eléctrico
previstos
para
el
año
siguiente
a
las
Comunidades
Autónomas
donde
se
ubiquen
los
distintos
puntos
de
suministro,
a la
Dirección
General
de
Política
Energética
y
Minas
y a
la
Comisión
Nacional
de
los
Mercados
y la
Competencia. |