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La
vicepresidenta
del
Gobierno,
Soraya
Sáenz
de
Santamaría,
ha
anunciado
este
viernes
la
creación
de
una
Comisión
Interministerial
para
analizar
la
acogida
de
solicitantes
de
asilo
y
refugiados
en
España
que
reclama
la
Comisión
Europea
y ha
avanzado
que
convocará
a la
Conferencia
Sectorial
de
Inmigración
para
estudiar
con
las
comunidades
autónomas
y la
Federación
de
Municipios
y
Provincias
(FEMP)
el
modo
de
poner
en
marcha
todo
el
proceso.
Desde
el
CGAE;
que
se
ha
puesto
en
marcha
un
registro
de
abogados
especialistas
en
inmigración
y
asilo,
el
propio
presidente,
Carlos
Carnicer,
se
ha
dirigido
al
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores,
a
los
presidentes
del
Parlamento
Europeo,
de
la
Comisión
Europea
y
del
Consejo
de
Europa,
así
como
al
del
Consejo
de
la
Abogacía
Europea
(CCBE)
y a
los
de
las
abogacías
de
los
países
afectados
por
esta
crisis
humanitaria
para
ofrecer
la
colaboración
de
la
Abogacía
Española
en
la
coordinación
de
las
actuaciones
encaminadas
a
atender
las
necesidades
jurídicas
de
los
refugiados.
En
rueda
de
prensa
posterior
al
Consejo
de
Ministros,
Sáenz
de
Santamaría
ha
avanzado
que
por
acuerdo
del
Gobierno,
ella
presidirá
el
grupo
de
trabajo
de
esta
comisión
que
abarca
a
los
«muchos»
ministerios
implicados
en
la
respuesta
a
los
refugiados
y
que
se
reunirá
en
plenario
este
próximo
lunes.
«Desde
julio,
pero
muy
especialmente
en
estos
días,
los
europeos
hemos
vivido
momentos
muy
complicados
y
difíciles
que
han
generado
una
gran
alarma.
Somos
muy
conscientes
de
que
tenemos
que
responder
con
la
máxima
unidad,
responsabilidad,
capacidad
de
cooperación
y
solidaridad
en
este
asunto»,
ha
señalado.
La
«primera
decisión»
de
esta
comisión
interministerial
fue
encargar
a la
ministra
de
Empleo
y
Seguridad
Social,
Fátima
Báñez,
de
quien
depende
el
sistema
de
acogida
de
solicitantes
de
asilo,
que
convoque
la
citada
Conferencia
Sectorial
de
Inmigración
para
que
se
reúna
la
próxima
semana,
según
ha
explicado
Sáenz
de
Santamaría.
«Se
trata
de
trabajar
todos
juntos
de
cara
a
ver
qué
capacidades
tenemos,
cómo
podemos
articular
el
sistema,
porque
el
asilo
es
un
régimen
de
derechos
muy
especial
con
una
serie
de
garantías,
respetando
la
legalidad
internacional
y
conscientes
de
que
en
este
asunto
serán
muchas
las
fases
para
llevar
a
cabo»,
apuntaba
«Queremos
articular
un
sistema
de
acogida,
que
es
un
asunto
de
gestión
difícil
donde
no
son
sólo
los
ofrecimientos
actuales
sino
el
cómo
somos
capaces
de
articularlo
con
una
verdadera
integración
de
las
personas
que
pueden
llegar
a
nuestro
país
de
una
manera
ordenada»,
ha
señalado
la
vicepresidenta.
En
esta
línea,
subrayó
en
que
«no
es
sólo
cuestión
de
hoy
ni
de
mañana».
«Todavía
estamos
pendientes
del
procedimiento
que
permitirá
el
reasentamiento
y la
reubicación
de
las
decisiones
que
tomamos
en
julio.
Lo
que
queremos
es
que
todas
las
administraciones
españolas
vayamos
juntas,
ordenadamente»,
ha
apostillado.
Datos
refugiados
en
España,
pendientes
En
cuanto
al
número
de
personas
a
acoger,
Sáenz
de
Santamaría
no
ha
concretado,
aunque
tras
recordar
que
en
el
primer
acuerdo
este
verano
España
se
ofreció
a
reasentar
o
reubicar
a
2.739
personas,
ha
afirmado
que
«ahora
hay
otras
cifras».
Con
todo,
es
partidaria
de
«construir
la
casa
desde
los
cimientos».
«Va
a
haber
un
próximo
Consejo
Europeo,
vamos
a
analizar
las
distintas
administraciones
qué
capacidades
tenemos,
porque
no
es
sólo
la
acogida
en
este
momento,
que
es
muy
duro
y
muy
crítico,
es
que
luego
hay
que
saber
cómo
ofrecemos
un
futuro
y
una
integración
dentro
de
nuestra
sociedad»,
recalcó
De
hecho,
preguntada
por
las
4.800
personas
que
el
PSOE,
en
línea
con
la
primera
petición
a
España
de
la
Comisión
Europea,
pide
al
Gobierno
que
acoja,
la
vicepresidenta
ha
pedido
que
se
eviten
«frases
fáciles
en
problemas
difíciles».
«Con
las
cifras
que
ya
estan
dando
la
Comisión
Europea
o
Naciones
Unidas,
fíjese
dónde
queda
la
cifra
del
PSOE»,
indicó
A
los
socialistas
les
ha
dirigido
un
llamamiento
a la
«responsabilidad
desde
la
solidaridad».
«En
el
pasado,
hablo
de
hace
muchos
años,
he
hablado
de
estos
temas
con
algún
dirigente
socialista.
Espero
que
ahora
lo
tratemos
de
la
misma
manera.
Conocen
el
problema
porque
a mi
antecesora
en
el
cargo
también
le
tocó
gestionar
alguna
cuestión
difícil.
Hagamos
política
de
Estado,
política
europea
y si
me
apuran,
para
solucionar
de
raíz
los
conflictos
de
los
que
deriva
lo
que
estamos
viviendo,
mayor
liderazgo
mundial»,
ha
apostillado.
Cooperación en
origen
Al
margen
de
estas
gestiones
a
nivel
nacional,
el
Gobierno
seguirá
manteniendo
la
misma
posición
en
la
Unión
Europea,
con
la
reclamación
de
una
política
común
de
asilo
y
migraciones,
y se
trabajará
con
las
instituciones
europeas
«para
determinar
cuáles
son
los
procedimientos
y la
forma
de
gestión
de
un
problema
que
es
global».
España
va a
pedir
también
a la
Comisión
la
puesta
en
marcha
«cuanto
antes»
del
programa
anunciado
de
1.000
millones
de
euros
para
«con
una
política
de
inversiones
y de
creación
de
empleo»,
cooperar
con
los
países
de
origen
de
migraciones
económicas.
«Entendemos
que
en
este
tema
que
es
europeo
y en
el
que
todos
tenemos
que
demostrar
solidaridad,
es
bueno
que
vayamos
todos
juntos
mediante
un
sistema
de
cooperación
en
origen
complementando
mucho
el
presupuesto
europeo
para
estas
materias»,
ha
explicado.
Registro
de
abogados:
La
abogacía
se
moviliza
Por
su
parte,
desde
el
CGAE
s ha
puesto
en
marcha
un
Registro
de
abogados
especializados
en
materia
de
inmigración
y
asilo
que
se
pondrá
a
disposición
de
las
autoridades
españolas
y de
la
UE
para
abordar
la
asistencia
jurídica
de
los
potenciales
refugiados
y
personas
desplazadas.
Esa
asistencia
se
prestará
tanto
a
nivel
nacional
y
local,
como
en
los
denominados
hotspots
(puntos
calientes
europeos)
para
colaborar
in
situ
con
los
abogados
y
autoridades
de
los
países
afectados
si
así
lo
demandasen.
Los
abogados
que
deseen
formar
parte
de
este
registro
deben
dirigirse
a
registro.asilo@abogacia.es.
Asimismo,
se
ha
creado
un
Comité
de
Crisis
presidido
por
Carlos
Carnicer,
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
y
coordinado
por
Oriol
Rusca,
vicepresidente
del
Consejo
y
presidente
de
la
Comisión
de
Relaciones
Internacionales
de
la
Abogacía
Española.
El
comité
estará
formado
por
especialistas
en
materia
de
inmigración
y
asilo
y
será
el
encargado
de
coordinar
las
actuaciones
que
se
desarrollen
en
los
próximos
días
en
relación
con
la
crisis
de
refugiados
y
desplazados.
Por
otra
parte,
el
presidente
del
Consejo
General
de
la
Abogacía
Española,
Carlos
Carnicer,
se
ha
dirigido
al
Ministerio
de
Asuntos
Exteriores,
a
los
presidentes
del
Parlamento
Europeo,
de
la
Comisión
Europea
y
del
Consejo
de
Europa,
así
como
al
del
Consejo
de
la
Abogacía
Europea
(CCBE)
y a
los
de
las
abogacías
de
los
países
afectados
por
esta
crisis
humanitaria
para
ofrecer
la
colaboración
de
la
Abogacía
Española
en
la
coordinación
de
las
actuaciones
encaminadas
a
atender
las
necesidades
jurídicas
de
los
refugiados. |