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 Si hay una labor que por su origen remoto e impacto social refleja el
compromiso social de la Abogacía ésta es la Asistencia Jurídica Gratuita.
Sin embargo, las deterioradas condiciones en que los abogados prestan este
servicio público por los insuficientes recursos de la administración, suscitan
dos cuestiones básicas: ¿son conscientes los ciudadanos de lo que supone la
Justicia Gratuita? Y, ¿por qué los Gobiernos no cumplen con su obligación
constitucional de garantizar una Justicia Gratuita de calidad?
En este contexto, los abogados reclamamos medidas que dignifiquen este servicio,
los ciudadanos siguen sufriendo la falta de recursos y, un año más, “hemos
celebrado” el Día de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. Así, la
Abogacía ha organizado múltiples actos, todos ellos en un ambiente
reivindicativo. Entre las diversas iniciativas destaca el “Fest&Law” que tuvo
lugar antes del mes de agosto -el pasado 11 de julio- en el Ilustre Colegio de
Abogados de Madrid (ICAM). Este evento se celebró por segundo año gracias al
compromiso de la Abogacía Joven. Este año, la Confederación Española de Abogados
Jóvenes (CEAJ) centró el debate en analizar los “criterios de acceso al Turno de
Oficio” y en plantear “propuestas de mejora del servicio”, organizando dos Mesas
Redondas.
Los brillantes ponentes que participaron en la primera Mesa Redonda -Erika Ruiz,
Carlos Doñoro, Vicente Sánchez y Antonio Agúndez- repasaron con gran claridad
los problemas que genera el actual sistema de acceso al Turno de Oficio. La
segunda Mesa Redonda, igualmente integrada por destacados ponentes -Luis Nieto y
Ángel Llamas- reclamó la necesidad de poner en valor la figura del abogado de
oficio. Pues, dada la situación actual, es una evidencia que la administración
no se toma en serio el Turno de Oficio. Los retrasos en el pago de los
honorarios del letrado; la falta de actualización de los baremos conforme al
IPC; la falta de ayudas económicas para la formación y especialización de los
profesionales; y, la ausencia de colaboración y respeto por parte de las
Instituciones, son sólo algunos de los problemas.
Son muchos años los que llevamos conviviendo con estos obstáculos. Son muchos
años los que llevamos reivindicando más recursos públicos para desempeñar con
dignidad esta labor. Son muchos años los que llevamos requiriendo más
colaboración de la administración. Y, son muchos años sin que nuestras
propuestas hayan sido atendidas por los gobernantes de turno. Es hora de
averiguar por qué.
Los últimos acontecimientos muestran una mayor implicación y compromiso de la
sociedad civil en los asuntos de interés público. Ésta, más consciente de sus
derechos y libertades, cuestiona el modelo de gestión y de gobernanza actual.
Conocedora de los escándalos de corrupción, de la mala gestión de los recursos
públicos y sufriendo recortes económicos y en libertades, reflexiona y busca
alternativas. Ahora es el turno de la Abogacía Institucional.
Como se ha señalado, son muchas las actividades que se han programado por el Día
de la Justicia Gratuita y el Turno de Oficio. El Consejo General de la Abogacía
Española (CGAE) y los Colegios de Abogados de toda España están haciendo una
labor admirable para defender la Justicia Gratuita como servicio público. Pero,
sería conveniente ir más allá para implicar a la sociedad civil. La
Abogacía Institucional ha de intensificar su actuación y hacer pedagogía
explicando a los ciudadanos que la Justicia Gratuita es un derecho que nuestra
Constitución les reconoce -artículo 119- como derecho instrumental para hacer
efectivo el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva -artículo 24-.
Iniciativas como #ColgamosTogasNoTusDerechos, puesta en marcha por el ICAM, las
diversas Mesas Redondas, las ruedas de prensa, partidos de fútbol o carreras que
con tanto esfuerzo han organizado las Asociaciones y Colegios de Abogados
contribuyen a este acercamiento.
Pero, todavía tenemos que aproximarnos más a la sociedad civil
aprovechando las ventajas de las redes sociales y con una presencia en los
medios de comunicación. Ello contribuiría a dar visibilidad a la figura del
abogado de oficio y a que los ciudadanos valoren la Justicia Gratuita. En
definitiva, se estaría dignificando el trabajo de los abogados de oficio
y el servicio de Justicia Gratuita. Y se estaría dignificando a las
personas que carecen de recursos económicos y a los colectivos más vulnerables,
garantizando su igualdad de Derechos y acceso a la Justicia.
Por último, habría que analizar por qué la mejora de la Justicia en general y la
Justicia Gratuita en particular, no es parte del debate político. La Justicia
Gratuita es uno de los pilares del Estado de Derecho. Su importancia merece un
debate de calidad y una voluntad de los partidos políticos de escuchar las
propuestas de la Abogacía. La Abogacía Institucional ha de lograr que la
Justicia Gratuita esté en el debate político. Pero, son los ciudadanos los
primeros que han de valorar este servicio como beneficiarios del mismo que son.
La ausencia de un reconocimiento social del abogado de oficio y la
Justicia Gratuita da lugar al olvido. Si la sociedad civil fuese consciente de
su derecho a la Asistencia Jurídica Gratuita, reclamaría a sus gobernantes la
atención que se merece. Porque es obligación de los poderes públicos
garantizar la efectividad de este derecho y proporcionar más fondos públicos que
preserven su funcionamiento. Una vez más, la Abogacía Institucional ha de llegar
a los ciudadanos, haciendo pedagogía para lograr que estos reclamen a los
políticos la atención debida.
En fin, es una labor de la Abogacía difundir y explicar a la sociedad civil el
alcance de sus derechos. Sólo así ésta puede ser completamente libre. Sólo así
dignificaremos la Justicia Gratuita. Y, sólo así, lograremos la atención que
merece este servicio público, esencial en un auténtico Estado de Derecho. |
