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Búsqueda
de
una
colaboración
estrecha
con
el
Gobierno
Central
a
través
de
una
Ley
anual
de
Financiación
de
la
Justicia
que
permita
a
las
CCAA
tener
recursos
anuales
para
afrontar
la
modernización
de
sus
instalaciones
y la
liquidación
de
la
deuda
que
el
Gobierno
Central,
a
juicio
de
la
Generalitat
mantiene
con
ésta,
a
ser
posible
por
vía
de
la
negociación
política,
aunque
no
se
descartan
medidas
judiciales,
fueron
algunos
de
los
temas
que
trataron
ayer
en
el
Ministerio
de
Justicia
el
titular,
Rafael
Catalá
con
la
Consejera
de
Justicia
de
la
Generalitat
Valenciana,
Gabriela
Bravo.
Para
esta
jurista,
fiscal
de
carrera
y
años
atrás
vocal
portavoz
del
CGPJ,
la
medida
tomada
desde
el
Gobierno
de
hacer
una
reforma
del
Tribunal
Constitucional
es
un
error
político
y
jurídico
importante.
Justicia
y
Generalitat
aprovecharon
el
encuentro
para
firmar
un
acuerdo
de
colaboración
entre
ambas
entidades,
similar
al
que
se
está
suscribiendo
con
todas
las
CCAA
con
competencias
transferidas.
“Con
este
crédito
no
vamos
a
solucionar
los
graves
problemas
que
hay
en
Justicia
en
la
Comunidad
Valenciana,
donde
es
fundamental
que
se
invierta
en
medios
tecnológicos
para
que
la
respuesta
judicial
se
haga
en
un
tiempo
adecuado”
fueron
algunos
de
los
comentarios
de
la
actual
Consejera
de
Justicia
de
la
Generalitat
Valenciana
tras
su
encuentro
con
Catalá.
Desde
su
punto
de
vista
es
fundamental
invertir
en
tecnología
y
solucionar
los
graves
problemas
de
comunicación
existentes.
“No
puede
haber
una
justicia
de
dos
velocidades,
en
el
sentido
del
que
tenga
más
dinero
sus
asuntos
vayan
con
más
celeridad”,
apuntó
y
recordó
la
necesidad
de
colaboración
del
Gobierno
Central
con
las
CCAA
para
que
al
final
la
justicia
sea
el
servicio
público
que
se
desea.
Bravo
sugirió
la
necesidad
de
crear
una
Ley
de
Financiación
de
la
Justicia,
con
carácter
anual
y
que
sirva
de
ayuda
a
las
CCAA
con
competencias
transferidas
en
materia
de
justicia.
“Nosotros
queremos
crecer
pero
no
hay
medios.
De
hecho
nos
gustaría
poder
crear
los
15
juzgados
que
tenemos
pendiente
desde
el
2010
y
que
no
se
han
podido
poner
en
marcha
por
esa
falta
de
financiación
propia”,
apuntó
la
Consejera
de
Justicia.
Para
esta
experta
fiscal
la
reforma
que
el
Gobierno
ha
hecho
del
Tribunal
Constitucional
va
contra
natura
de
la
institución
y lo
considera
un
error
político
y
jurídico
importante.
El
acuerdo
suscrito
en
la
mañana
de
ayer
entre
Justicia
y la
Generalitat
Valenciana
sirve
para
formalizar
el
compromiso
financiero
del
acuerdo
del
Consejo
de
Ministros
del
pasado
22
de
mayo
en
el
que
se
aprobó
la
distribución
de
un
crédito
de 6
millones
de
euros
entre
las
comunidades
autónomas
con
competencias
transferidas
para
la
mejora
del
funcionamiento
de
la
Administración
de
Justicia.
Según
este
acuerdo,
a la
Comunidad
Valenciana
le
corresponden
859.879
euros.
En
virtud
del
Convenio
firmado
h,
la
Generalitat
valenciana
se
compromete
a
destinar
durante
el
ejercicio
2015
la
cuantía
recibida
a
alguna
de
las
siguientes
líneas
de
actuación
o al
conjunto
de
las
mismas:
En
primer
lugar,
el
impulso
de
las
nuevas
tecnologías
para
conseguir
una
Justicia
digital,
abierta
e
innovadora.
El
objetivo
es
alcanzar
el
papel
cero
en
los
juzgados
y
tribunales
mediante
la
digitalización
de
los
procesos
de
tramitación
y
gestión
procesal
y la
plena
interoperabilidad
de
los
sistemas
de
gestión
procesal.
Al
mismo
tiempo
una
mejor
dotación
de
los
medios
materiales
necesarios
para
el
mantenimiento
de
la
organización
judicial
e
implementación
de
la
Oficina
Judicial
y
Fiscal.
Otras
parcelas
que
se
cubrirán
con
ese
crédito
tiene
que
ver
con
el
incentivo
de
mejoras
que
incidan
en
un
servicio
público
de
calidad,
así
como
la
mejora
de
la
asistencia
jurídica
gratuita
que
conlleve
un
incremento
de
las
garantías
de
los
derechos
de
los
ciudadanos.
Asimismo,
Catalá
informó
a la
consejera
valenciana
de
la
tramitación
del
Convenio
de
colaboración
entre
su
departamento
y la
Generalitat
para
la
realización
de
pericias
compartidas
en
casos
de
agresiones
sexuales.
En
la
reunión
entre
ambos
se
ha
tratado
también
la
puesta
en
marcha
de
nuevos
juzgados
en
la
Comunidad
Valenciana
que
permitan
desarrollar
sus
labores
a
los
quince
nuevos
jueces
y
secretarios
judiciales
cuyas
plazas
aprobó
el
Ministerio
de
Justicia
en
2010
y
que
aún
no
se
han
creado
a
petición
del
gobierno
valenciano.
Rafael
Catalá
comentó
a
Gabriela
Bravo
de
los
avances
de
un
protocolo
de
adhesión
de
la
Generalitat
Valenciana
al
Convenio
de
colaboración
entre
el
Ministerio
de
Justicia,
el
Consejo
General
del
Poder
Judicial
y la
Universidad
Nacional
de
Educación
a
Distancia
para
la
realización
de
prácticas
externas
en
juzgados
y
tribunales
suscrito
a
finales
del
pasado
año. |
