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11 de SEPTIEMBRE de 2015

Elisa de la Nuez, Secretaria General de Fundación Hay Derecho:
“Los ciudadanos debemos ser exigentes y penalizar claramente la corrupción política, en las urnas pero también social y éticamente”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Nuestra protagonista acaba de regresar de Barcelona donde este miércoles participó en un acto organizado por Ciudadanos en el que el partido de Albert Rivera presentaba diferentes medidas anti-corrupción en cuya elaboración participó la Fundación Hay Derecho. A dicho coloquio acudió Elisa de la Nuez, en calidad de experta independiente. “Hay tres medidas esenciales para combatir la corrupción: Son reforzar las instituciones, restaurar los controles internos, acabar con la impunidad y terminar con la tolerancia social. Es fundamental que los ciudadanos seamos exigentes y penalicemos claramente la corrupción política, en las urnas pero también social y éticamente”, comenta. Para esta jurista es fundamental que aquellos que toman la decisión de denunciar tengan la protección del Estado para evitar nuevos casos como los de Ana Garrido, funcionaria que destapó la trama Gurtel o el fallecido Jesús Neira abandonado tras ser apalizado por un maltratador en su enfermedad. Desde Fundación Hay Derecho se pone ahora en marcha un Premio para fomentar el trabajo de aquellas personas físicas o jurídicas que se hayan caracterizado por proteger el Estado de Derecho: “La sociedad civil es fundamental para cambiar las cosas y para que los políticos sientan la presión de la opinión de los ciudadanos en temas fundamentales para el Estado de Derecho como la defensa de los denunciantes, la supresión de los indultos por corrupción, la despolitización de la Justicia o tantos otros”, advierte De la Nuez.

Sra. de la Nuez: ¿Qué tal está funcionando este I Premio Estado de Derecho que acaban de convocar? ¿Hay interés por el mismo?

Acabamos de empezar pero estamos muy ilusionados, ya hemos recibido cinco o seis candidaturas aunque algunas están en proceso de subsanación. La idea es que mucha gente vote por los candidatos y que sea un proceso muy participativo. Si desde los medios como Lawyerpress nos ayudáis a darle publicidad y a llegar a más gente, os estaremos muy agradecidos!

“En España se ha tolerado durante muchos años el incumplimiento por parte de muchos Gobiernos y Administraciones de la Constitución. La constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas ha sido objeto de mercadeo político”

Todos conocemos personas como Ana Garrido o el difunto Jesús Neira que ayudaron al Estado de Derecho. ¿No deberían buscarse mecanismos para que ciudadanos de este tipo no tengan problemas a la hora de denunciar la corrupción?

Sin duda, los denunciantes de la corrupción no pueden ser héroes, tienen que tener mecanismos que les protejan, que garanticen su anonimato, que penalicen a los que les acosan desde las instituciones, y por supuesto tiene que haber incentivos positivos en forma de gratificaciones o de promoción profesional.

¿Cómo valora que la sociedad se haya despertado y empiece a encabezar movimientos asociativos como Hay Derecho y otros similares?

Muy positivamente, la sociedad civil es fundamental para cambiar las cosas y para que los políticos sientan la presión de la opinión de los ciudadanos en temas fundamentales para el Estado de Derecho como la defensa de los denunciantes, la supresión de los indultos por corrupción, la despolitización de la Justicia o  tantos otros.

El fenómeno de la corrupción se ha instalado en la clase política: 3%, EREs Andalucia, Gürtel en el PP. ¿Hay alguna forma clara de combatirlo?

Hay muchas medidas posibles para combatirla pero yo las tres que me parecen esenciales son reforzar las instituciones, restaurar los controles internos, acabar con la impunidad y terminar con la tolerancia social. Es fundamental que los ciudadanos seamos exigentes y penalicemos claramente la corrupción política, en las urnas pero también social y éticamente.

Con la reforma penal y la futura LECRIM, ¿los jueces tendrán más herramientas para luchar contra la corrupción?

No creo que sea un problema de leyes, sería demasiado fácil. En España tenemos exceso de leyes y muchas no se cumplan. Creo que es más bien un problema de voluntad política, de medios humanos y materiales suficientes y de apoyar a los jueces con equipos multidisciplinares adecuados ya que hay tramas de corrupción política muy compleja y con innumerables investigados. Además de no poner palos en la rueda de las instrucciones que son incómodas para los políticos claro…

Hablar de corrupción es hacerlo de transparencia. Es curioso que salvo el CGPJ en el resto de operadores jurídicos las actividades como portales de transparencia no han aparecido. ¿Tan complicado es ponerlo en marcha?

Sinceramente, de nuevo creo que es una cuestión de voluntad política. Una web proporcionando información pública a los ciudadanos no parece muy complicada de elaborar

Nuevo año judicial y los mismos problemas de siempre en la Justicia. ¿Realmente hay voluntad política de arreglar la administración de Justicia?

No parece. Creo que tendremos que esperar a la siguiente legislatura una vez más. Seguimos con los parches y con la procrastinación. Las buenas noticias es que creo que los ciudadanos son cada vez más conscientes de la importancia que tiene que la Justicia esté despolitizada y funcione bien, y espero que esta conciencia se traduzca en presión sobre los partidos políticos.

¿Le preocupa que ahora, con las elecciones al 27S o las próximas generales, política y Justicia se mezclen?

Lo veo un poco inevitable. Nuestra clase política insiste no asumir responsabilidades políticas en casos de corrupción hasta que tienen una sentencia condenatoria por corrupción o casi, de ahí que lógicamente se vuelquen porque no la haya o tarde mucho, especialmente en periodo electoral. Si el imputado o investigado por corrupción dimitiera o fuera cesado y desapareciera de la vida pública, la separación entre política y justicia sería lo habitual. 

¿Le parece oportuna la reforma del Tribunal Constitucional para darle más competencias ejecutivas, como dice el Gobierno que ha hecho?

Creo que se trata de una medida en buena parte electoralista y que además llega a destiempo. El Estado tiene instrumentos de sobra para hacer cumplir las leyes y las sentencias, incluidas las del Tribunal Constitucional, lo que pasa es que eso siempre tiene un coste político que no se quiere asumir.

 Por otro lado, no hay que olvidar que en España se ha tolerado durante muchos años el incumplimiento por parte de muchos Gobiernos y Administraciones de la Constitución. La constitucionalidad o inconstitucionalidad de las normas ha sido objeto de mercadeo político (te retiro un recurso de constitucionalidad si me apoyas en una votación).

Es complicado cuando se lleva gobernando de esta manera durante décadas decir que ahora “se han acabado las bromas”. En todo caso, cuando termine el proceso electoral quizá podamos hacer una valoración más objetiva de su utilidad, especialmente si se llega a usar, cosa que dudo por otra parte.

Por último, ¿dónde está la clave real de la regeneración de este país?

En los ciudadanos. Como decía Louis Brandeis un magistrado del Tribunal Supremo de EEUU, en una frase que me parece muy adecuada para los tiempos que vivimos: “En democracia el cargo más importante es el de ciudadano.”

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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