|
Internet
no
está
a
salvo
de
los
avatares
a
los
que
se
ven
sometidos
los
derechos
básicos
de
los
ciudadanos”.
Julian
Assange,
editor
y
fundador
de
Wikileaks
se
manifestó
así
en
videoconferencia
desde
Londres
ante
los
expertos
internacionales
que
participan
en
el
II
Congreso
de
Jurisdicción
Universal
en
Buenos
Aires,
organizado
por
la
Fundación
Internacional
Baltasar
Garzón.
El
periodista
destacó
que
derechos
básicos
para
la
ciudadanía
tales
como
la
libertad
de
información
o la
privacidad
están
en
jaque
por
la
acción
de
algunos
gobiernos
“obsesionados
en
controlar
los
movimientos
de
sus
ciudadanos”.
En
este
sentido,
el
periodista
australiano
se
refirió
a
países
como
Estados
Unidos,
Reino
Unido
o
incluso
Suecia,
cuyos
servicios
secretos
cooperan
entre
sí
para
controlar
las
actividades
en
la
red
de
sus
nacionales
con
la
excusa
de
“proteger
a la
nación
del
terrorismo
yihadista”.
Según
señaló
Assange,
el
extremo
de
estas
actividades
de
espionaje
es
la
creación
de
‘listas
de
la
muerte’
en
la
que
figuran
ciudadanos
que
“deben
ser
eliminados
en
pos
de
la
seguridad
nacional”
y
puso
como
ejemplo
a
los
europeos
que
han
sido
captados
por
el
terrorismo
internacional.
“Estos
países
están
controlando
todas
las
comunicaciones
y
siguiendo
a
los
ciudadanos
sin
que
medie
ninguna
orden
judicial
de
por
medio”,
añadió.
En
relación
a la
criminalidad
económica
y su
relación
con
las
condiciones
de
vida
de
millones
de
ciudadanos
en
todo
el
mundo,
Assange
señaló
que
países
como
Estados
Unidos
y
los
integrantes
de
la
Unión
Europea
están
impulsando
un
gran
bloque
de
comercio
mundial
que
“se
escapará
a
cualquier
tipo
de
control
democrático”
y
que
“no
tendrá
en
cuenta
el
cumplimiento
de
los
estándares
mínimos
de
Derechos
Humanos”.
“En
un
contexto
en
el
que
la
comunicación
y la
tecnología
permite
castigar
a
cualquier
persona
en
cualquier
lugar
del
mundo
en
cuestión
de
horas,
países
como
los
Estados
Unidos
están
ejerciendo
un
control
total
para
imponer
un
marco
legislativo
universal
afín
a
sus
propios
intereses.
Se
imponen
paquetes
de
normas
del
estándar
estadounidense
en
pos
de
crear
un
gran
estado
global
fundamentado
en
leyes
comerciales.
El
gran
juego
de
las
próximas
décadas
será
cómo
resistir
a
esta
imposición
de
una
legislación
comercial
de
ámbito
planetario
que
no
tendrá
en
cuenta
los
derechos
de
los
estados
nacionales.
Ante
esta
situación
es
positivo
que
se
intente
ampliar
la
Jurisdicción
Universal
para
que
“abogados
internacionales
puedan
investigar
los
casos
que
supongan
abusos”.
Con
anterioridad
a
esta
intervención,
tuvo
lugar
la
exposición
de
Héctor
Sejenovich,
Premio
Nobel
de
la
Paz,
de
manera
compartida
con
los
miembros
del
panel
Intergubernamental
de
Cambio
Climático
en
2007,
quien
expresó
que
la
defensa
de
la
naturaleza
que
habitan
los
pueblos
son
“una
parte
sustancial
de
los
Derechos
Humanos
de
estas
comunidades”,
una
percepción
que
“cada
vez
es
más
genérica”
y,
por
lo
tanto,
comparte
la
visión
de
los
que
inciden
la
necesidad
de
incluir
los
delitos
medioambientales
graves
en
el
catálogo
de
crímenes
de
lesa
humanidad.
Actividades
que
lesionan
los
derechos
de
colectivos
Héctor
Sejenovich
recordó:
“podemos
mostrar
gran
cantidad
de
ejemplos
de
cómo
ciertas
actividades
económicas
como
la
mega
minería
o la
soja
tiene
efectos
negativos
sobre
la
salud
de
millones
de
personas”
un
aspecto
que
justificaría
la
inclusión
de
este
tipo
de
delitos,
cuando
lesionen
los
derechos
de
colectividades,
en
el
listado
de
los
delitos
perseguibles
de
manera
internacional.
En
este
sentido,
el
Premio
Nobel
argentino
comentó
que
hay
temas
enormemente
delicados
como
la
contaminación
de
napas
freáticas
y
los
vertidos
en
cauces
de
los
que
viven
millones
de
personas.
Baltasar
Garzón,
por
su
parte,
puso
de
manifiesto
los
recientes
cambios
de
legislación
en
Latinoamérica
a
favor
de
La
‘Pachamama’
un
extremo
que
Sejenovich
señaló
como
un
“paso
muy
importante”
para
reconocer
al
medio
natural
como
‘sujeto
de
derecho’.
Precisamente
es
un
cambio
cultural
lo
que
se
precisa,
a
juicio
de
Sejenovich
y
“abandonar
la
creencia
ciega
en
el
crecimiento
sin
límite
como
única
forma
de
crear
riqueza
económica”.
Durante
los
días
9 y
10
de
septiembre
se
está
celebrando
en
Buenos
Aires
este
II
Congreso
de
Jurisdicción
Universal
organizado
por
FIBGAR.
Expertos
de
todo
el
mundo
reclaman
la
necesidad
de
“dar
un
paso
hacia
adelante”
en
la
consagración
del
principio
de
Jurisdicción
Universal.
Baltasar
Garzón,
aseguró
en
la
inauguración
del
foro
internacional
que
de
nada
sirve
hablar
en
comités
de
expertos
si
el
debate
sobre
la
necesidad
de
luchar
contra
la
impunidad
no
se
instala
en
la
sociedad.
Instó
a
los
expertos
que
debaten
el
documento
de
nuevos
principios
de
jurisdicción
universal,
a
que
saquen
el
debate
sobre
la
necesidad
de
luchar
contra
la
impunidad
a la
calle
y
que
impliquen
a la
sociedad
entera
en
la
tarea
de
“no
dar
un
solo
paso
atrás”.
El
objetivo,
resumió,
es
lograr
un
nuevo
catálogo
de
principios
que
aborden
otros
aspectos
fundamentales
y
sirvan
para
garantizar
“condiciones
de
vida
dignas
para
toda
la
población”
y
“la
conservación
del
medio
ambiente”.
En
este
sentido,
el
presidente
de
FIBGAR
señaló
que
la
inclusión
de
los
delitos
económicos
graves
en
el
listado
de
crímenes
de
lesa
humanidad
es
clave
ya
que
“anteponer
los
intereses
y la
especulación
agranda
las
diferencias
y
nos
destruye
como
seres
humanos
y
como
pueblos”.
Palabras
que
secundó
Juan
Martín
Fresneda
secretario
General
de
Derechos
Humanos
de
Argentina:
“Para
poder
transformar
la
realidad
es
necesario
tener
coraje
y la
convicción
colectiva
de
enfrentar
a
los
responsables
de
esas
desigualdades”.
Por
su
parte,
Remo mo
Carlotto,
diputado
y
presidente
de
la
Comisión
de
Derechos
Humanos
de
la
Cámara
de
Diputados
argentina
destacó
que
“investigar
los
verdaderos
resortes
de
los
crímenes
de
Estado
supone
perseguir
la
red
de
intereses
que
las
grandes
corporaciones
nacionales
e
internacionales
ponen
en
juego
para
alentar
y
apoyar
los
golpes.
Sin
el
apoyo
de
estas
estructuras
económicas
es
difícil
sostener
y
financiar
las
actividades
delictivas
de
estos
entramados
criminales”.
Paulo
Abrao,
presidente
del
Instituto
de
Políticas
Públicas
en
Derechos
Humanos
del
Mercosur,
añadió
que
aumentar
el
alcance
de
la
Jurisdicción
Universal
es
una
herramienta
válida
para
perseguir
comportamientos
que
pueden
encontrar
refugio
en
algunos
países
del
mundo
y, a
la
vez,
garantizar
el
derecho
de
las
víctimas
a la
Justicia
y a
la
reparación.
Por
último,
Alejandra
Gils
Carbó,
procuradora
general
de
la
Nación,
resaltó
que
este
tipo
de
iniciativas
no
hacen
sino
“reforzar
los
mecanismos
que
permiten
investigar
y
juzgar
comportamientos
que
ofenden
a la
Humanidad
entera”.
“Ante
un
contexto
de
retroceso
en
los
países
centrales,
es
vital
evitar
que
existan
refugios
para
los
delincuentes
que
cometen
este
tipo
de
crímenes”,
concluyó. |