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Por
unanimidad
y
con
el
consenso
total
de
todos
los
expertos
internacionales
reunidos
en
el
II
Congreso
de
Jurisdicción
Universal
celebrado
en
Argentina
los
pasados
días
9 y
10,
aprobaron
los
nuevos
principios
de
Jurisdicción
Universal
en
un
documento
que,
bajo
el
nombre
de
‘Principios
de
Madrid-Buenos
Aires’
pretenden
“dar
un
paso
decidido
hacia
adelante
en
la
consagración
de
un
concepto
que
no
puede
retroceder
ni
un
ápice”,
según
señaló
su
máximo
impulsor
el
juez
Baltasar
Garzón.
En
un
emotivo
cierre
de
congreso,
con
todos
los
ponentes
y
organizadores
sobre
el
escenario
de
un
abarrotado
Teatro
Cervantes,
la
Fundación
Internacional
Baltasar
Garzón,
organizadora
del
foro,
hizo
público
un
documento
final
que
vio
la
luz
tras
dos
años
de
intenso
trabajo.
Los
principios
serán
objeto
de
estudio
y
discusión
en
foros
profesionales,
doctrinales
y
académicos
y
nacen
con
la
voluntad
de
sentar
las
bases
de
la
Jurisdicción
Universal
en
las
próximas
décadas.
Una
de
las
claves
de
este
documento
(que
se
envía
como
archivo
adjunto
a
esta
nota)
es
la
extensión
del
listado
de
crímenes
susceptibles
de
ser
juzgados
internacionalmente
y,
no
menos
importante,
sujetos
a
imprescriptibilidad.
Según
reza
el
artículo
dos
del
texto,
“la
Jurisdicción
Universal
será
aplicable
a
los
crímenes
de
Derecho
Internacional,
tales
como
genocidio,
crímenes
de
lesa
humanidad,
crímenes
de
guerra,
piratería,
esclavitud,
desaparición
forzada,
tortura,
tráfico
de
seres
humanos,
ejecuciones
extrajudiciales
y
crimen
de
agresión.
Estos
crímenes
pueden
ser
cometidos
de
múltiples
formas,
incluyendo
las
actividades
económicas
y
que
puedan
afectar
al
medio
ambiente”.
El
artículo
tercero
incide
en
la
necesidad
de
perseguir
a
los
grandes
delincuentes
económicos
y
medioambientales
destacando
que
este
concepto,
“vital
para
luchar
contra
la
impunidad”,
según
señaló
Baltasar
Garzón,
“también
será
aplicable
a
los
crímenes
económicos
y
contra
el
medio
ambiente
que
por
su
extensión
y
escala
afectan
gravemente
los
derechos
humanos
de
grupos
o
colectividades
o
supongan
la
destrucción
irreversible
de
ecosistemas”.
Conductas
delictivas
que
incluyen,
según
el
texto,
los
fraudes
alimentarios;
la
especulación
de
precios
sobre
productos
de
primera
necesidad
de
los
que
dependan
la
supervivencia
o la
salud
de
una
generalidad
de
personas;
la
explotación
laboral
de
menores
y el
incumplimiento
de
los
derechos
de
los
trabajadores
reconocidos
a
nivel
internacional;
la
desviación
ilícita
de
fondos
internacionales
aprobados
para
paliar
catástrofes
humanitarias;
el
tráfico
ilícito
de
armas
hacia
lugares
o
zonas
de
conflicto
o
con
prohibición
expresa
de
exportación
por
Naciones
Unidas.
También,
la
fuga
de
corporaciones
o
extracción
masivas
de
fondos
que
traten
de
eludir
las
responsabilidades
pecuniarias
derivadas
de
la
comisión
de
los
crímenes
contenidos
en
estos
Principios;
el
aprovechamiento
ilícito
de
bienes
de
las
víctimas
de
los
delitos
identificados
en
estos
principios;
traslados
forzosos
de
comunidades
con
fines
de
explotar
los
recursos
naturales
de
sus
tierras
ancestrales.
Además,
la
obstrucción
ilegal
del
disfrute
de
recursos
transfronterizos
como
la
contaminación
severa
de
ríos
internacionales;
la
explotación
ilícita
de
recursos
naturales
que
afecten
gravemente
a la
salud,
la
vida
o la
convivencia
pacífica
de
las
personas
con
el
entorno
natural
en
el
espacio
donde
se
produzca
la
explotación
o la
destrucción
irreversible
de
ecosistemas,
entre
otros.
Reproche
penal
a
los
criminales
“Penalmente
cabe
el
reproche
cuando
quien
actúa
lo
hace
con
la
intención
criminal”,
resumió
Baltasar
Garzón.
“Hay
que
encontrar
mecanismos
que
frenen
la
avidez
de
esos
piratas
que
se
aprovechan
de
las
quiebras
de
los
países
para
inflar
sus
cuentas
de
beneficios
mientras
los
pueblos
se
ven
abocados
a la
miseria”,
añadió
contundente
Raúl
Zaffaroni,
codirector,
junto
al
propio
Garzón,
de
este
Congreso
Internacional
de
Jurisdicción
Universal
que
se
cerró
este
jueves
en
la
ciudad
de
Buenos
Aires.
Los
expertos
han
acordado
el
reconocimiento
de
la
responsabilidad
civil
de
las
personas
físicas
o
jurídicas
que
han
cometido
el
crimen
juzgado
independientemente
de
la
responsabilidad
de
los
estados,
lo
que
abriría
la
puerta
al
enjuiciamiento
de
empresas
y
grandes
corporaciones
por
su
participación
directa
o
indirecta
en
delitos
que
lesionen
los
derechos
humanos
o
destruyan
ecosistemas
de
manera
irreversible.
El
documento
propone
“el
decomiso
de
todos
los
bienes,
efectos
y
valores
pertenecientes
al
responsable
penal
que
guarden
relación
directa
o
indirecta
con
los
hechos
cometidos,
con
la
extensión
que
se
fije
en
la
sentencia,
con
la
finalidad
de
lograr
la
reparación
integral
del
daño
causado”
y
explica
que
“las
autoridades
competentes
no
reconocerán
el
secreto
bancario
o
corporativo
ni
cualquier
otra
medida
que
favorezca
a la
fuga
de
corporaciones
o
extracción
masivas
de
fondos
que
traten
de
eludir
las
responsabilidades
pecuniarias
derivadas
de
la
comisión
de
los
crímenes”.
La
inclusión
de
este
tipo
de
delitos
en
el
listado
de
Lesa
Humanidad
no
es
menor
ya
que
anula
cuestiones
clave
como
la
posibilidad
de
indulto,
amnistía
o la
propia
caducidad
temporal
de
los
delitos
cometidos.
Así,
el
artículo
seis
de
estos
nuevos
principios
de
Jurisdicción
Universal
asegura
que
“las
disposiciones
de
los
Estados
donde
se
cometieron
los
hechos
respecto
de
prescripción,
amnistía,
indultos
y
demás
medidas
destinadas
a
excluir
responsabilidad
no
serán
aplicables”
a
estos
crímenes.
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