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La
Comisión
de
Seguimiento
del
Fondo
Social
de
Viviendas
(FSV)
ha
acordado
ampliar
en
3.974
el
número
de
pisos
a
disposición
de
personas
especialmente
afectadas
por
la
crisis
y
que
no
pueden
hacer
frente
al
pago
de
la
hipoteca.
El
FSV
reúne
así
un
total
de
9.866
viviendas
aportadas
por
29
entidades
financieras.
Se
ha
acordado
incluir
nuevos
colectivos
entre
los
posibles
beneficiarios,
como
los
mayores
de
60
años
o
los
matrimonios
y
parejas
de
hecho
sin
hijos
y
los
deudores
no
hipotecarios.
El
conjunto
de
medidas
impulsadas
por
el
Gobierno
para
paliar
el
problema
de
los
desahucios
han
beneficiado
hasta
la
fecha
a
unas
45.000
familias.
Además
del
FSV,
está
en
funcionamiento
el
Código
de
Buenas
Prácticas,
la
moratoria
de
lanzamientos
y
las
mejoras
en
el
funcionamiento
del
mercado
hipotecario.
El
FSV
se
creó
en
enero
de
2013
con
5.892
viviendas
aportadas
por
los
bancos
para
dar
asistencia
a
las
familias
más
vulnerables
mediante
alquileres
reducidos
(entre
150
y
400
euros
al
mes,
con
un
límite
máximo
del
30%
de
los
ingresos
de
la
unidad
familiar).
Expiraba
a
los
dos
años
de
su
constitución
(17
de
enero
pasado)
pero
el
Gobierno
lo
ha
prorrogado
dos
años
más,
hasta
enero
de
2017.
Se
constituyó
por
acuerdo
entre
los
Ministerios
de
Economía,
Sanidad
y
Fomento,
las
principales
entidades
de
crédito
y
sus
asociaciones,
la
Federación
Española
de
Municipios
y
Provincias
(FEMP)
y la
Plataforma
del
Tercer
Sector.
Con
la
ampliación
a
9.866
viviendas,
el
FSV
persigue
cubrir
un
mayor
número
de
situaciones
que
requieran
una
respuesta
desde
todos
los
organismos
y
entidades
implicadas.
El
mismo
objetivo
se
persigue
con
la
inclusión
de
nuevos
colectivos
que
darían
derecho
a la
obtención
de
una
vivienda
del
FSV.
En
concreto
podrán
solicitarlo
las
personas
mayores
de
60
años
y
los
matrimonios
o
parejas
de
hecho
sin
hijos.
Se
prevé
además
que
al
menos
el
5%
de
las
viviendas
del
FSV
se
destinen
a
personas
desalojadas
de
su
vivienda
por
impago
de
préstamos
no
hipotecarios
siempre
que
cumplan
los
demás
requisitos.
Se
contempla
también
la
posibilidad
de
acuerdos
con
los
Ayuntamientos
y
entidades
del
Tercer
Sector
y la
puesta
en
marcha
de
una
web
con
toda
la
información.
Estos
requisitos
se
añaden
a
los
ya
vigentes
que,
en
conjunto,
hacen
que
ninguna
persona
o
familia
en
dificultades
quede
desasistida.
Se
pueden
acoger
al
FSV
aquellas
personas
que
hayan
perdido
su
vivienda
habitual
después
del
1 de
enero
de
2008
por
impago
de
un
préstamo
hipotecario,
incluyendo
aquellas
que
todavía
no
hayan
sido
desalojadas
o
las
que
hayan
acordado
la
dación
en
pago.
Deben
reunir
una
serie
de
requisitos
económicos,
en
concreto,
que
el
conjunto
de
los
ingresos
anuales
de
la
unidad
familiar
no
superen
el
límite
de
tres
veces
el
Indicador
Público
de
Rentas
de
Efectos
Múltiples.
Además,
deben
cumplir
con
otros
requisitos
de
vulnerabilidad,
como
ser
familia
numerosa;
tener
menores
a
cargo;
tener
algún
discapacitado;
que
el
deudor
esté
en
situación
de
desempleo
y
haya
agotado
las
prestaciones;
las
víctimas
de
violencia
de
género;
y
todas
aquellas
personas
o
unidades
familiares
vulnerables
para
las
que
la
vivienda
supone,
de
acuerdo
con
el
informe
de
los
servicios
sociales,
un
activo
indispensable
para
el
mantenimiento
de
su
inclusión
social.
En
mayo
de
2014
se
acordó
ampliar
el
ámbito
de
aplicación
del
Fondo
para
dar
cabida
a un
mayor
número
de
familias
sin
capacidad
para
afrontar
el
pago
de
un
alquiler
en
régimen
de
mercado.
Con
esta
modificación
se
abrió
la
posibilidad
de
que
las
familias
se
mantuvieran
en
la
vivienda
que
habitaban
aunque
la
hubieran
perdido
por
una
ejecución
forzosa
y
aun
después
de
que
hubiera
sido
adjudicada.
También
se
recogió
esta
opción
para
las
daciones
en
pago.
Igualmente,
se
incluyó
a
familias
con
hijos
de
hasta
18
años
(hasta
entonces
el
límite
estaba
en 3
años);
dependientes
o
discapacitados
(se
eliminó
el
mínimo
del
33%
de
discapacidad);
prejubilados
o
jubilados
que
hubieran
avalado
con
sus
viviendas
a
sus
hijos
o
nietos
y
otras
personas
en
situación
no
tipificada
pero
que
así
lo
aconsejen
los
servicios
sociales. |