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La Comisión Nacional
del
Mercado
de
Valores
(CNMV)
ha
publicado
en
su
web
una
guía
para
la
autorización
de
plataformas
de
financiación
participativa
(PTP),
una
manual
que
persigue
facilitar
y
simplificar
su
tramitación.
Según
ha
informado
el
organismo
liderado
por
Elvira
Rodríguez,
la
guía
consta
de
varios
apartados
en
los
que
se
describen
las
exigencias
previstas
en
la
normativa
aplicable
a la
constitución
de
una
PFP.
Destaca
como
elemento
de
interés
la
necesidad
de
que
estas
entidades
cuenten
con
un
código
de
conducta
tanto
a
nivel
interno
como
externo.
Los
apartados
se
refieren
a la
solicitud
de
autorización,
los
estatutos
sociales,
la
estructura
accionarial
y de
grupo
y
las
normas
de
conducta,
entre
otros.
Los
promotores
del
proyecto
podrán
aportar
datos,
informes
o
antecedentes
cuando
resulten
relevantes
para
su
valoración,
mientras
que
la
CNMV
ha
aclarado
que
podrá
solicitar
cuanta
información
adicional
o
aclaratoria
sea
precisa,
de
acuerdo
con
lo
previsto
en
los
artículos
57.2
y 90
de
la
Ley
5/2015,
de
27
de
abril,
de
fomento
de
la
financiación
empresarial.
En
este
manual
tan
práctico
sabemos
queell
régimen
administrativo
al
que
están
sujetas
las
PFP
para
acceder
a la
actividad
está
regulado
en
el
Título
V de
la
Ley
5/2015,
de
27
de
abril,
de
fomento
de
la
financiación
empresarial.
Asimismo,
en
tanto
que
entidades
constituidas
bajo
la
forma
de
sociedad
de
capital,
les
resultará
de
aplicación,
subsidiariamente,
lo
previsto
en
el
Real
Decreto
Legislativo
1/2010,
de 2
de
julio,
por
el
que
se
aprueba
el
texto
refundido
de
la
Ley
de
Sociedades
de
Capital
y,
en
la
medida
en
que
procedan
de
operación
societaria
(transformación,
fusión,
escisión
…),
lo
previsto
en
la
Ley
3/2009,
de 3
de
abril,
sobre
modificaciones
estructurales
de
las
sociedades
mercantiles.
Tambien
se
explica
con
detalle
cuestiones
relacionadas
con
sus
Estatutos,
el
papel
de
administradores
y
directores
generales
de
estas
entidades,
cuál
debe
ser
su
estructura
accionarial
y de
grupo;
su
programa
de
actividades
e
incluso
su
estructura
organizativa
Respecto
a su
puesta
en
marcha,
a
nivel
financiero,
se
explica
en
el
artículo
56
de
la
Ley
5/2015
establece
que
las
PFP
deberán
disponer
en
todo
momento
de
a)
un
capital
social
íntegramente
desembolsado
en
efectivo
de
al
menos
60.000
euros,
o b)
un
seguro
de
responsabilidad
civil
profesional,
un
aval
u
otra
garantía
equivalente
que
permita
hacer
frente
a la
responsabilidad
por
negligencia
en
el
ejercicio
de
su
actividad
profesional,
con
una
cobertura
mínima
de
300.000
euros
por
reclamación
de
daños,
y un
total
de
400.000
euros
anuales
para
todas
las
reclamaciones,
o c)
una
combinación
de
capital
inicial
y de
seguro
de
responsabilidad
civil
profesional,
aval
u
otra
garantía
equivalente
que
dé
lugar
a un
nivel
de
cobertura
equivalente
al
de
las
letras
a) y
b)
anteriores.
En
la
parte
final
de
la
publicación
se
habla
del
régimen
interno
de
conducta
que
es
obligatorio
tal
y
como
se
índica
en
el
artículo
55
h)
de
la
Ley
5/2015
donde
se
determina
que
las
PFP
deberán
disponer
de
un
Reglamento
Interno
de
Conducta
(en
adelante
“RIC”)
que
contemple
en
particular,
los
posibles
conflictos
de
interés
y
los
términos
de
la
participación
de
los
administradores,
directivos,
empleados
y
apoderados
en
las
solicitudes
de
financiación
que
se
instrumenten
a
través
de
la
plataforma.
De
la
necesidad
de
dar
información
a
los
inversores
se
señala
que
en
el
artículo
83
se
recogen
los
requisitos
de
información
previos
a la
inversión,
estableciendo
que
las
PFP
deberán
garantizar
que
los
inversores
no
acreditados
reciben
y
aceptan
una
comunicación
específica
con
advertencias
relativas
a
los
proyectos
y a
los
riesgos
asociados
a su
inversión. |