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El
pasado
1 de
julio
entró
en
vigor
la Ley
Orgánica
1/2015,
de
30
de
marzo,
por
la
que
se
modifica
la
Ley
Orgánica
10/1995,
de
23
de
noviembre,
del
Código
Penal.
La
ley
es
muy
amplia
y
aborda
muchos
aspectos.
Buena
parte
de
las
modificaciones
llevadas
a
cabo
están
justificadas
por
la
necesidad
de
atender
compromisos
internacionales,
como
es
el
caso
de
la
Directiva
2013/40/UE,
relativa
a
los
ataques
contra
los
sistemas
de
información
y la
interceptación
de
datos
electrónicos
cuando
no
se
trata
de
una
comunicación
personal.
En
estos
delitos
se
prevé
la
responsabilidad
de
la
persona
jurídica.
Más
en
detalle,
el
artículo
clave
que
se
refiere
a la
responsabilidad
penal
de
la
persona
jurídica
es
el
modificado
artículo
31
bis
que
establece
que
las
personas
jurídicas
serán
plenamente
responsables
de
“los
delitos
cometidos
en
nombre
o
por
cuenta
de
las
mismas,
y en
su
beneficio
directo
o
indirecto,
por
sus
representantes
legales
o
por
aquellos
que
actuando
individualmente
o
como
integrantes
de
un
órgano
de
la
persona
jurídica,
están
autorizados
para
tomar
decisiones
en
nombre
de
la
persona
jurídica
u
ostentan
facultades
de
organización
y
control
dentro
de
la
misma”.
Solo
la
persona
jurídica
quedará
exenta
de
responsabilidad
si,
entre
otros,
la
empresa
“ha
adoptado
y
ejecutado
con
eficacia,
antes
de
la
comisión
del
delito,
modelos
de
organización
y
gestión
que
incluyen
las
medidas
de
vigilancia
y
control
idóneas”
para
prevenir
los
delitos
o
reducir
el
riesgo
de
que
se
cometan.
Los
modelos
de
organización
y
gestión
a
deberán
cumplir
los
siguientes
requisitos:
1.º
Identificarán
las
actividades
en
cuyo
ámbito
puedan
ser
cometidos
los
delitos
que
deben
ser
prevenidos.
2.º
Establecerán
los
protocolos
o
procedimientos
que
concreten
el
proceso
de
formación
de
la
voluntad
de
la
persona
jurídica,
de
adopción
de
decisiones
y de
ejecución
de
las
mismas
con
relación
a
aquéllos.
3.º
Dispondrán
de
modelos
de
gestión
de
los
recursos
financieros
adecuados
para
impedir
la
comisión
de
los
delitos
que
deben
ser
prevenidos.
4.º
Impondrán
la
obligación
de
informar
de
posibles
riesgos
e
incumplimientos
al
organismo
encargado
de
vigilar
el
funcionamiento
y
observancia
del
modelo
de
prevención.
5.º
Establecerán
un
sistema
disciplinario
que
sancione
adecuadamente
el
incumplimiento
de
las
medidas
que
establezca
el
modelo.
6.º
Realizarán
una
verificación
periódica
del
modelo
y de
su
eventual
modificación
cuando
se
pongan
de
manifiesto
infracciones
relevantes
de
sus
disposiciones,
o
cuando
se
produzcan
cambios
en
la
organización,
en
la
estructura
de
control
o en
la
actividad
desarrollada
que
los
hagan
necesarios.
A la
vista
de
esta
reforma,
Iron
Mountain
España
hace
hincapié
en
la
importancia
de
implementar
medidas
robustas
para
garantizar
una
gestión
documental
eficaz
y
segura.
La
empresa
ha
presentado
recientemente
un
estudio
conjunto
con
IDC
recomendando
a
las
organizaciones
implementar
los
siguientes
procesos:
·
Contrate
a un
Responsable
de
Datos
para
supervisar
y
obtener
valor
de
su
archivo
de
datos,
colaborando
con
el
Responsable
de
Operaciones
y el
Responsable
de
Información
con
el
fin
de
establecer
estrategias
de
negocio
y
datos
a
largo
plazo.
·
Desarrolle
mapas
de
información
de
todas
las
fuentes
y
almacenes
de
datos
(y
su
valor)
que
hay
en
su
empresa.
·
Implemente
una
estrategia
holística
y
consistente
de
archivo
de
información
que
dé
respuesta
a
los
calendarios
de
conservación
de
datos,
casos
de
éxito,
el
valor
de
los
datos,
la
necesaria
accesibilidad
y
los
costes
del
almacenamiento.
- Comunique de forma clara a los empleados las políticas y normativas.
·
Considere
trabajar
con
un
proveedor
externo
con
experiencia
específica
capaz
de
ayudar
a
optimizar
sus
soluciones
de
archivo
a la
vez
que
se
liberan
los
recursos
internos
de
TI
para
poder
centrarse
en
un
trabajo
más
estratégico
e
innovador.
Ignacio
Chico,
Director
General
de
Iron
Mountain
España,
comenta
que
“la
reforma
del
Código
Penal
es
un
toque
de
atención
para
que
las
empresas
se
tomen
muy
en
serio
la
gestión
documental.
Estamos
inmersos
desde
hace
ya
tiempo
en
la
era
del
Big
Data,
las
empresas
se
enfrentan
a
una
avalancha
de
información
sin
precedentes
que
hay
que
saber
gestionar,
almacenar,
usar
y
esto
solo
es
posible
implementando
procesos
consistentes
capaces
de
archivar
los
diferentes
formatos
de
información,
en
papel
o
electrónico.
Ya
no
se
trata
solo
de
extraer
todo
el
valor
de
la
información,
sino
de
garantizar
que
ésta
no
se
usa
de
forma
fraudulenta
y de
que
se
cumplen
las
normas
legales
de
conservación
de
documentos”.
Con
el
fin
de
ayudar
a
las
empresas
europeas
a
orientarse
en
el
galimatías
de
leyes
y
normas
para
la
conservación
de
datos
-
las
leyes
europeas
de
protección
de
datos
son
complejas
y
varían
mucho
entre
estados
miembros
–
Iron
Mountain
ofrece
una
Guía
de
Conservación
de
Documentos
en
la
que
se
detallan
los
plazos
de
custodia
según
el
tipo
de
documento.
El
periodo
medio
de
conservación
de
documentos
ronda
los
6
años,
pero
puede
ir
desde
3
meses
para
las
quejas
de
clientes
hasta
más
de
20
años
para
acuerdos
confidenciales
o
patentes.
La
guía
puede
descargarse
de
forma
gratuita
en
http://www.ironmountain.es/conservacion-de-documentos.asp |