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En
la
Real
Academia
de
Jurisprudencia
y
Legislación,
un
lugar
destinado
a
las
grandes
ocasiones,
tuvo
lugar
este
jueves
pasado
la
presentación
del
Instituto
de
la
Mediación,
la
entidad
de
los
procuradores
a
nivel
nacional
que,
en
su
doble
vertiente
de
centro
de
formación
para
sus
profesionales
y
entidad
de
mediación
quiere
situar
al
procurador
como
uno
de
los
referentes
en
esta
práctica
extrajudicial.
En
un
acto
al
que
acudieron
decanos
de
colegios
de
procuradores
de
toda
España
y
que
fue
presidido
por
Juan
Carlos
Estévez,
presidente
del
CGPE
y
Julio
Fuentes,
Secretario
General
Técnico
del
Ministerio
de
Justicia,
que
subrayaron
en
sus
intervenciones
los
valores
añadidos
de
la
mediación
en
un
contexto
tan
judicializado
como
el
español,
fue
Cristina
Goicoechea,
directora
de
la
entidad,
quien
acompañada
de
parte
de
su
equipo
de
trabajo,
explicó
algunos
detalles
de
esta
nueva
institución
mediadora.
La
idea
del
CGPE
es
que
sus
procuradores
mediadores
se
especialicen
a
través
de
programas
formativos.
El
primero,
el
próximo
lunes
28
de
septiembre
donde
se
hablará
de
la
mediación
en
los
accidentes
de
tráfico
con
la
presencia
de
Vicente
Magro,
presidente
de
la
Audiencia
Provincial
de
Alicante
y un
claro
impulsor
de
esta
actividad
extrajudicial.
Abogados,
psicólogos,
notrarios,
economistas,
muchos
mediadores
que
trabajan
desde
su
despacho
y
ahora
los
procuradores.
Las
instituciones
de
mediación
proliferan
como
entidades
que
quieren
gestionar
esta
práctica
extrajudicial,
aún
por
desarrollar
en
nuestro
país.
En
esta
oportunidad
conocimos
durante
el
pasado
jueves
la
iniciativa
de
los
procuradores
españoles
impulsada
desde
su
CGPE
han
puesto
en
marcha
esta
entidad
que
tendrá
una
vertiente
online
para
procesos
de
baja
cuantía.
“No
parece
lógico
que
por
un
asunto
de
cien
euros
se
acuda
a
los
tribunales,
sabiendo
el
coste
del
litigo
que
ronda
los
4000
euros.
La
mediación
no
es
la
panacea
pero
puede
ayudar
mucho
tanto
al
ciudadano,
como
a la
pyme
y
por
qué
no a
la
gran
empresa
“,
comentó
Juan
Carlos
Estévez
en
su
discurso
de
presentación.
La
entidad
pretende
trabajar
en
cualquier
jurisdicción;
social,
familia,
civil
o
mercantil
y a
nivel
intrajudicial
o
extrajudicial.
A
tal
efecto
ya
estudia
la
posibilidad
de
firmar
un
acuerdo,
como
lo
han
hecho
otras
entidades
similares,
con
el
CGPJ,
para
logar
esa
homologación.
Por
su
parte,
el
secretario
general
técnico
del
Ministerio
de
Justicia,
Julio
Fuentes
Gómez,
señaló,
por
su
parte,
que
la
utilización
en
mayor
medida
de
la
mediación
permitirá
a
jueces
y
magistrados
centrar
sus
esfuerzos
en
sus
funciones
jurisdiccionales
y
racionalizará
las
cargas
de
trabajo
de
los
juzgados,
al
mismo
tiempo
que
fortalecerá
la
capacidad
de
la
sociedad
en
su
conjunto
para
encontrar
soluciones
surgidas
de
su
propia
voluntad.
“La
mejor
publicidad
que
se
puede
hacer
a la
mediación
es
que
tengamos
mediaciones
bien
hechas
y
que
hayan
logrado
solventar
asuntos”,
apuntó.
También
coincidió
con
Estévez
en
que
no
hay
que
abusar
del
pleito
y
que
“desde
el
escenario
de
la
mediación
hay
que
buscar
soluciones
creativas
para
resolver
muchos
conflictos”.
Por
su
parte,
Goicochea
Torres
explicó
el
entorno
legislativo
actual
que
ha
permitido
contar
con
una
Ley
de
Mediación,
la
5/2012
y su
correspondiente
Reglamento.
“Estamos
convencidos
que
nuestros
profesionales,
ya
formados
pueden
ser
excelentes
mediadores
en
diferentes
disputas”.
Recordó.
A su
juicio,
la
mediación
puede
ser
muy
efectiva
en
casos
de
familia
y
divorcios
o en
siniestros
de
tráfico
de
poca
importancia
donde
resulta
preferible
buscar
un
acuerdo
que
un
procedimiento
judicial
con
la
presencia
del
juez.
También
sirve
en
reclamaciones
de
escasa
cuantía
de
las
operadoras
telefónicas.
"Se
trata,
por
tanto
de
mentalizar
a
las
partes
que
hay
otro
camino
a la
hora
de
resolver
los
conflictos.
El
procurador,
ahora
mediador,
es
por
naturaleza
un
conseguidor
lleno
de
creatividad
para
buscar
soluciones
a
los
problemas.”
Las
mediaciones
no
podrán
superar
los
seis
sesiones,
dos
meses
en
total,
a no
ser
que
las
partes
especifiquen
otra
cosa.
Su
coste
se
divide
en
10
euros
de
registro,
50
de
administración
y
los
70
euros
por
sesión
de
cada
mediador.
En
la
propia
solicitud,
el
ciudadano
ya
especifica
si
va a
querer
una
mediación
convencional
u
online. |