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El
Boletín
Oficial
del
Estado
(BOE)
publicaba
ayer
martes
la
reforma
de
la
Ley
General
Tributaria
(LGT),
que
permitirá
potenciar
la
lucha
contra
el
fraude,
reducir
la
conflictividad
e
incrementar
la
seguridad
jurídica
de
las
normas
tributarias.
Entre
las
principales
novedades
de
la
norma
figura
la
que
permite,
por
razones
de
interés
general,
dar
publicidad
de
listados
de
obligados
tributarios
con
deudas
y
sanciones
pendientes
superiores
a un
millón
de
euros,
que
no
hubieran
sido
pagadas
en
el
plazo
de
ingreso
voluntario,
salvo
que
se
encuentren
aplazadas
o
suspendidas.
La
primera
lista
de
deudores
con
Hacienda
estará
disponible
a
final
de
este
año,
respecto
a
aquellos
que
a 31
de
julio
de
2015
mantuvieran
una
deuda
superior
al
millón
de
euros.
Por
otra
parte,
se
aprueban
medidas
para
agilizar
la
actuación
de
los
Tribunales
Económico-Administrativos
y
reducir
la
litigiosidad,
promoviendo
la
utilización
de
medios
electrónicos
en
todas
las
fases
del
procedimiento
y
mejorando
la
regulación
de
los
procedimientos.
Posteriormente,
en
el
primer
semestre
de
cada
año
natural
se
publicará
un
listado
con
aquellos
que
estén
en
dicha
circunstancia
el
31
de
diciembre
del
año
previo
La
norma
concede
a
los
interesados
un
trámite
de
alegaciones
con
carácter
previo
a la
publicación
de
la
lista,
pero
solo
para
corrección
de
errores
materiales.
Ampliación de
potestades
de
investigación
La
reforma
de
la
LGT
amplía
también
las
potestades
de
comprobación
e
investigación,
regulando
el
derecho
a
comprobar
las
obligaciones
tributarias
en
el
caso
de
ejercicios
prescritos,
siempre
que
sea
preciso
en
relación
con
obligaciones
de
ejercicios
no
prescritos.
Se
fija
un
plazo
de
10
años
para
la
comprobación
de
bases
o
cuotas
compensadas
o
pendientes
de
compensación
o
deducciones
aplicadas
o
pendientes
de
aplicar.
Por
otra
parte,
la
norma
regula
el
procedimiento
para
liquidar
administrativamente
deudas
tributarias
aun
cuando
se
aprecien
indicios
de
haberse
cometido
un
delito
fiscal,
y se
adapta
el
procedimiento
de
recaudación
de
dichas
deudas.
Esta
posibilidad
se
estableció
en
la
reforma
del
delito
contra
la
Hacienda
pública
aprobada
en
la
Ley
Orgánica
7/2012,
de
27
de
diciembre,
con
el
objetivo
de
no
paralizar
la
gestión
de
la
liquidación
tributaria
ni
el
pago
de
la
deuda
por
el
hecho
de
la
remisión
del
tanto
de
culpa
por
delito
a
las
autoridades
judiciales.
También
se
mejora
la
regulación
del
método
de
estimación
indirecta
de
las
bases
imponibles,
especificando
legalmente
el
origen
de
los
datos
a
utilizar
y su
plena
aplicabilidad
tanto
para
la
determinación
de
ingresos
(ventas)
como
de
los
gastos
(compras).
Ello
dota
a la
Administración
tributaria
de
un
mejor
instrumento
contra
la
economía
sumergida.
Nueva
sanción
por
conductas
artificiosas
o
fraudulentas
Por
otro
lado,
como
nueva
norma
antiabuso,
y de
acuerdo
con
el
Consejo
de
Estado,
se
introduce
en
la
LGT
una
nueva
infracción
tributaria
grave
con
el
fin
de
profundizar
en
la
lucha
contra
los
comportamientos
más
sofisticados
de
fraude
fiscal
o
estructuras
artificiosas,
dirigidas
únicamente
a
obtener
ahorros
fiscales
abusando
de
lo
dispuesto
por
las
normas
tributarias.
Así,
será
sancionable
la
obtención
de
un
ahorro
fiscal
mediante
actos
que
ya
han
sido
declarados
por
la
Administración
como
de
conflicto
en
la
aplicación
de
la
norma
tributaria.
Se
podrá
sancionar
exclusivamente
en
los
casos
ya
calificados
previamente
como
abusivos
por
la
Administración,
y en
donde
se
haya
dado
reiteración.
Incrementar la
seguridad
jurídica
Con
el
fin
de
aumentar
la
seguridad
jurídica
de
las
normas
tributarias
se
fijan
nuevos
plazos
para
el
procedimiento
de
inspección.
Así,
se
simplifica
el
cómputo
del
plazo,
extendiendo
el
actual
(12
meses,
prorrogable
por
otros
12).
Concretamente,
se
establece
un
periodo
temporal
más
amplio
de
18
meses,
con
carácter
general,
pero
a su
vez
se
limitan
las
causas
de
suspensión
del
cómputo
y se
eliminan
las
dilaciones
no
imputables
a la
Administración
que,
en
la
práctica,
extendían
el
plazo
preexistente,
provocando
graves
disfunciones
y
aumento
de
litigiosidad.
Por
otra
parte,
se
aprueban
medidas
para
agilizar
la
actuación
de
los
Tribunales
Económico-Administrativos
y
reducir
la
litigiosidad,
promoviendo
la
utilización
de
medios
electrónicos
en
todas
las
fases
del
procedimiento
y
mejorando
la
regulación
de
los
procedimientos.
Por
ejemplo,
se
potencia
el
sistema
de
unificación
de
doctrina
intra
Tribunales
y se
acortan
los
plazos
de
resolución.
Reducir
la
conflictividad
Con
el
objetivo
de
reducir
la
conflictividad
se
amplía
la
facultad
de
los
órganos
de
la
Administración
tributaria
para
dictar
disposiciones
interpretativas
o
aclaratorias
con
carácter
vinculante.
También
se
prevé
en
la
norma
el
desarrollo
reglamentario
de
las
obligaciones
formales
necesarias
para
hacer
efectivo
el
Proyecto
SII
(Suministro
Inmediato
de
Información)
que
empezará
a
funcionar
el 1
de
enero
de
2017.
Se
trata
de
los
casos
en
los
que
la
aportación
o
llevanza
de
los
libros
registro
se
pueda
efectuar
por
medios
telemáticos.
El
Proyecto
del
SII
de
la
Agencia
Tributaria
implantará
un
nuevo
sistema
de
gestión
del
IVA
basado
en
la
información
en
tiempo
real
de
las
transacciones
comerciales.
Después
de
cada
facturación,
los
contribuyentes
enviarán
a la
Agencia
Tributaria
el
detalle
de
las
facturas
emitidas
y
recibidas,
donde
los
libros
registro
se
irán
formando
con
cada
uno
de
los
envíos
del
detalle
de
las
operaciones
realizadas,
la
llevanza
electrónica
de
los
libros.
Con
la
información
recibida
y la
de
la
base
de
datos,
la
Agencia
Tributaria
podrá
elaborar
los
datos
fiscales
del
contribuyente,
a
efectos
del
IVA,
facilitando
la
declaración
del
impuesto
al
contribuyente,
incrementando
su
seguridad
jurídica
y
permitiendo
eximirle
del
cumplimiento
de
obligaciones
informativas
anuales.s.
Publicidad de
sentencias
por
delito
fisca
l La
reforma
de
la
LGT
se
suma
a la
reciente
aprobación
del
proyecto
de
Ley
Orgánica
por
la
que
se
Regula
el
Acceso
y
Publicidad
de
Determinada
Información
Contenida
en
la
Sentencias
Dictadas
en
Materia
de
Fraude
Fiscal.
Esta
norma,
complementaria
de
la
de
reforma
de
la
Ley
General
Tributaria,
permite
que
se
publiquen
datos
esenciales
de
sentencias
condenatorias
por
delitos
contra
la
Hacienda
Pública.
Con
este
fin,
la
norma
reconoce
el
carácter
público
del
acceso
al
fallo
de
las
sentencias
condenatorias
que
sean
especialmente
relevantes
para
el
control
fiscal.
Estas
son,
básicamente,
las
que
incluyen
delitos
contra
la
Hacienda
Pública,
de
insolvencia
punible
y
delitos
de
contrabando,
en
los
casos
en
que
resulte
perjudicado
el
erario
público.
La
publicidad
afectará
sólo
a
sentencias
firmes
y no
podrán
publicarse
fallos
contra
los
que
se
pueda
recurrir.
La
publicación
de
la
sentencias
no
será
completa;
únicamente
se
podrán
conocer
aquellos
aspectos
que
sean
estrictamente
necesarios
para
cumplir
con
la
finalidad
buscada.
De
esta
manera,
se
respetan
los
derechos
fundamentales
al
honor
y a
la
intimidad,
así
como
a la
protección
de
datos
de
carácter
personal.
Tampoco
aparecerán
los
datos
de
otras
personas
que,
aunque
hubieran
podido
participar
en
el
proceso,
no
hayan
sido
condenadas
en
el
mismo.
A
partir
de
la
entrada
en
vigor
de
la
ley,
los
secretarios
judiciales
ordenarán
la
publicación
de
esos
datos
relevantes
de
las
sentencias
firmes
en
el
BOE. |