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Desde
el
estallido
de
la
burbuja
inmobiliaria,
el
número
de
desahucios
no
ha
dejado
de
crecer.
Desde
la
PAH,
Plataforma
de
Afectados
por
la
Hipoteca
se
achaca
a
una
ley
hipotecaria
anacrónica
e
injusta,
sumada
a un
inexistente
parque
de
vivienda
pública
ha
dejado
durante
estos
años
a
cientos
de
miles
de
familias
en
la
más
absoluta
indefensión,
con
una
deuda
de
por
vida
y en
la
calle.
Desde
2007
se
han
iniciado
más
de
600.000
procesos
de
ejecución
hipotecaria
en
España,
procesos
que
en
la
inmensa
mayoría
de
los
casos
han
terminado
con
la
pérdida
de
la
vivienda,
y en
ocasiones
a
pesar
de
ello
acarreando
igualmente
una
deuda
de
por
vida.
Perder
la
vivienda
hipotecada
ha
sido
un
drama
para
miles
de
familias,
pero
una
ley
de
arrendamientos
totalmente
injusta
nos
ha
llevado
a
otro
paisaje
desolador,
en
estos
7
años
se
han
ejecutado
más
de
400.000
desahucios
por
no
poder
pagar
el
alquiler.
Desde
la
PAH,
la
ciudadanía
organizada,
señala
su
lucha
por
proteger
los
derechos
humanos
de
los
más
débiles,
los
deudores,
parado
en
estos
años
muchos
desahucios.
Al
mismo
tiempo
de
forma
organizada
con
la
Obra
Social
de
la
PAH,
recuperando
viviendas
de
manos
de
los
bancos
que
ya
han
sido
rescatados
con
dinero
público,
hemos
realojado
más
de
2500
personas.
Pero
son
muchas
más
las
personas,
señalan
desde
esta
entidad,
que
en
soledad
optan
por
la
ocupación
en
precario
como
única
forma
de
evitar
el
quedarse
literalmente
en
la
calle,
familias
enteras
que
se
enfrentan
a
una
situación
de
desamparo
por
parte
de
la
justicia
y
las
administraciones
por
no
poder
pagar
pagar
un
techo
donde
vivir.
Para
este
colectivo,
la
vivienda
no
puede,
ni
debe
ser
un
producto
más
de
mercado
en
manos
de
empresas
o
bancos
que
usan
un
derecho
básico
como
el
de
nuestro
lugar
donde
vivir
para
hacer
negocio.
El
precio
de
los
alquileres
en
España
sigue
estando
por
encima
de
las
posibilidades
de
miles
de
familias
y
más
si
tenemos
en
cuenta
distintas
causas
para
no
poder
acceder
a
él,
como
las
personas
sin
papeles,
los
parados
(un
22%
de
la
población),
los
700.000
hogares
que
según
el
INE
no
cuentan
con
ingresos
o
las
cientos
de
miles
de
familias
que
arrastran
deudas
impagables
como
las
hipotecarias.
Para
todas
ellas
el
acceso
al
mercado
de
alquiler
es
imposible.
La
Plataforma
de
Afectados
por
la
Hipoteca
lleva
6
años
exigiendo
a la
adminitración,
un
aumento
del
parque
público
de
vivienda,
pues
estando
éste
en
manos
de
bancos
y
grandes
propietarios,
la
administración
pública
no
tiene
herramientas
para
garantizar
el
derecho
a la
vivienda
de
sus
ciudadanas.
España
es,
en
definitiva,
un
cementerio
de
la
especulación,
con
un
total
de
3.5
millones
de
viviendas
vacías,
miles
de
millones
de
dinero
público
rescatando
bancos
y
sin
soluciones
reales
para
las
personas
que
cada
día
se
enfrentan
al
reto
de
conseguir
un
techo
bajo
el
que
vivir.
Son
muchas
las
causas
que
dejan
a
miles
de
familias
sin
poder
acceder
a
una
vivienda
de
alquiler,
ya
que
su
precio
no
es
adecuado
a
las
necesidades
de
la
ciudadanía
y la
vivienda
no
se
valora
por
su
función
social,
si
no
como
otro
producto
más
de
un
mercado
que
pasa
por
encima
de
la
vida
de
miles
de
familias
del
Estado
del
NO
derecho.
Crecen
las
ocupaciones
de
viviendas
Como
cada
septiembre
la
Fiscalía
ha
hecho
públicas
las
cifras
sobre
las
diligencias
abiertas
en
este
último
año.
Para
el
Ministerio
Públio
a la
recuperación
de
viviendas
le
llaman
"
Delito
de
Usurpación".
El
pasado
2014,
el
Poder
Judicial
abrió
un
total
de
19.336
diligencias
por
usurpación
(que
no
deja
de
ser
una
cifra
aproximada),
un
188,73%
más
que
en
2010,
un
porcentaje
que
no
deja
de
crecer,
y
que
refleja
en
la
mayoría
de
los
casos
a
personas
que
se
encuentran
sin
alternativa
habitacional,
sin
poder
acceder
al
mercado
de
vivienda
de
alquiler
y
sin
respuesta
alguna
por
parte
de
la
admnistración
pública,
familias
que
no
han
tenido
otra
opción
que
recuperar
sus
derechos,
es
decir,
recuperar
viviendas
vacías
para
seguir
teniendo
un
techo
y a
las
que
en
lugar
de
ayudar,
se
condena
a
pasar
por
un
proceso
penal
y
muchas
veces
un
nuevo
desahucio
y la
exclusión
total
por
parte
de
muchas
administraciones.
Parece
que
no
es
suficiente
con
dejar
miles
de
familias
sin
ningún
tipo
de
acceso
a la
vivienda,
no
es
suficiente
con
darles
la
espalda.
El
gobierno
las
penaliza
de
nuevo
con
leyes
que
responden
a
los
intereses
de
los
bancos
y a
los
grandes
propietarios.
Desde
la
PAH
se
insiste
en
que
la
ciudadanía
organizada,
de
todas
formas,
seguirá
dando
respuestas
reales,
desobedeciendo
junto
a
nuestras
vecinas,
porque”
la
vivienda
es
un
derecho
que
entre
todas
tenemos
que
conquistar.” |