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28 de SEPTIEMBRE de 2015

Comunidad de Madrid recibe de Justicia más de un millón de euros para impulsar las tecnologías, Oficina Fiscal y mejora de la asistencia gratuita

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Acuerdo que suscriben este viernes Rafael Catalá, titular del Departamento, con consejero de  Presidencia y Justicia, Ángel Garrido Catalá para la reforma de la Administración de Justicia

La Comunidad de Madrid deberá destinar el crédito de 1.024.769 euros al impulso de las nuevas tecnologías, la implementación de la Oficina Judicial y Fiscal o la mejora de la asistencia jurídica gratuita 25 de septiembre de 2015.  Este acuerdo tal y como comentó a los periodistas el propio Rafael Catalá forma parte de otros convenios suscritos desde Justicia con otras CCAA con competencias trasferidas y donar seis millones de euros a dichas entidades.  De esta forma el propio  Ministerio de Justicia formaliza así el compromiso financiero del acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 22 de mayo en el que se aprobó la distribución de un crédito de 6 millones de euros entre las comunidades autónomas con competencias transferidas para la mejora del funcionamiento de la Administración de Justicia.  Para el Ministro Catalá este tipo de convenios ayudan a mejorar la colaboración entre Estado y CCAA, “ en este caso es que Madrid colabore en los programas de modernización de justicia que estamos acometiendo”, apuntó. Por su parte, Angel Garrido, expresó la satisfacción de la firma de este convenio y mostró su confianza porque se pueda avanzar la colaboración con el Ministerio en otros terrenos. Esta semana la Comunidad de Madrid tendrá una nueva reunión con los Colegios de Abogados antes de la Asamblea de los Abogados del Turno de Oficio prevista para este 1 de octubre en Plaza Castilla. Semana, pues, llena de acontecimientos importantes la que hoy empieza.

Rueda de prensa express la que ambos mandatarios mantuvieron con los periodistas al filo de las dos de la tarde del pasado viernes. Mientras tanto, sus respectivos equipos de trabajo eran testigos de las declaraciones de ambos dirigentes. Catalá avanzo que este jueves se aprobará en el Congreso la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil que respalda su idea de impulsar una Justicia sin papeles a partir del 1 de enero del 2016 con el desarrollo de las comunicaciones electrónicas. Al mismo tiempo supimos que ese mismo jueves en Granada hay una reunión importante de la Comisión  de Justicia Digital en la que participan los diferentes operadores jurídicos implicados para trabajar en esa línea de una justicia digital y abierta.

Garrido reconoció que en  su reunión con Catalá no se había abordado el tema de la Ciudad de la Justicia, obra conjunta de agrupación de sedes judiciales que reclaman todos los operadores jurídicos, y que a raíz de ciertas informaciones aparecidas en un rotativo madrileño han puesto de manifiesto posibles problemas de financiación futura de la nueva iniciativa que ahora se intenta poner en marcha. Reconoció que ese millón de euros no soluciona los problemas de la justicia madrileña pero es un buen paso en esa dirección de contar con alguna fuente de ingresos.  Sobre el dinero de las tasas judiciales y una posible reclamación desde la Comunidad de Madrid, el consejero apuntó que aún no se había estudiado a fondo ese tema “ sería un dinero que vendría bien pero habrá que ver si realmente se puede conseguir tras un estudio detallado”; comentó.

Según este acuerdo, a la Comunidad de Madrid le corresponden 1.024.769 euros. En virtud del convenio firmado este viernes , el Gobierno madrileño se compromete a destinar durante el ejercicio 2015 la cuantía recibida a alguna de las siguientes líneas de actuación o al conjunto de las mismas: - Impulso de las nuevas tecnologías para conseguir una Justicia digital, abierta e innovadora. El objetivo es alcanzar el papel cero en los juzgados y tribunales mediante la digitalización de los procesos de tramitación y gestión procesal y la plena interoperabilidad de los sistemas de gestión procesal - Dotación de los medios materiales necesarios para el mantenimiento de la organización judicial e implementación de la Oficina Judicial y Fiscal. - Incentivo de mejoras que incidan en un servicio público de calidad. - Mejora de la asistencia jurídica gratuita que conlleve un incremento de las garantías de los derechos de los ciudadanos.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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