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 Los próximos días 11,12 y 13 de Noviembre tendrá lugar en Logroño el Congreso
Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura. En dicho Congreso se
procederá a renovar el Comité Ejecutivo de la Asociación así como a la elección
del Presidente, se valorará la gestión llevada a cabo por el actual Comité
Ejecutivo en los dos últimos años y se definirá la línea de actuación de la
asociación durante los próximos dos años.
Se celebra dicho congreso en el marco de una legislatura convulsa, donde hemos
asistido a una degradación de nuestro Estado de Derecho, a un evidente intento
de deteriorar la Independencia del Poder Judicial y a una considerable pérdida
de competencias del Consejo General del Poder Judicial. Se ha desarrollado todo
además mediante la conculcación del pacto de legislatura con la ciudadanía,
traicionando la promesa electoral de que los 12 vocales judiciales del CGPJ
serían elegidos por y entre los jueces de todas las categorías judiciales, para
garantizar de éste modo la independencia del Poder Judicial. La Ley Orgánica
4/2013 de reforma del Consejo General del Poder Judicial supuso uno de los
mayores ataques a la autonomía del CGPJ, y por ende a la Independencia del Poder
Judicial. Se soslayaban de paso, las recomendaciones expuestas en la Sentencia
del Tribunal Constitucional 108/1986 en cuanto al sistema de elección de vocales
judiciales del Consejo General del Poder Judicial.
Lo anterior, ha determinado una notoria pérdida de influencia de las
asociaciones judiciales y de los jueces y magistrados en el desarrollo de la
política judicial. El resultado de tal política legislativa ha sido un órgano de
gobierno de la judicatura disminuido en sus competencias, con un marcado
carácter presidencialista y cuya elección de vocales se ha ajustado a un mero
reparto de cromos según las relaciones personales, presunta afinidad o cercanía
política de los candidatos, imaginada o intuida por los partidos políticos.
Hemos asistido en definitiva a la consagración de la máxima injerencia política
en la elección del Presidente del Tribunal Supremo y de los vocales del órgano
de gobierno de la judicatura. La influencia de las asociaciones judiciales y de
los jueces y magistrados en la elección de los vocales del Consejo General del
Poder Judicial y por ende en el desarrollo de la política judicial, ha sido
soslayado por un mero apadrinazgo personal (no asociativo) y político.
En dicha tesitura, celebra la asociación mayoritaria de la Judicatura, su
Congreso bianual y al mismo concurren como candidatos dos de sus asociados. Por
un lado el actual Presidente de la APM y Presidente de la Audiencia Provincial
de Barcelona, Don Pablo Llarena Conde. Y por otro lado, el Magistrado de la
Audiencia Provincial de Pontevedra y ex vocal del Consejo General del Poder
Judicial, Don Manuel Almenar Belenguer.
Nadie podrá dudar de la cualificación jurídica de ambos candidatos, ambos
juristas de reconocido prestigio. Tampoco de su experiencia en el desempeño de
tareas gubernativas en el Poder Judicial. Ambos son asociados de la Asociación
Profesional de la Magistratura desde hace muchos años y ambos han decidido
enviar una carta a los asociados, manifestando su intención de presentarse a la
Presidencia de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Llegados a este punto, procede eso sí realizar un análisis preliminar y
reflexivo sobre cuales son las diferencias entre ambos candidatos. Las cuales
pese a lo expuesto, resultan notorias. Las siguientes líneas expondrán las
mismas y explicarán al lector de manera clara, la importancia del Congreso a
celebrar en Logroño y la trascendencia que tendrá para la APM y para la carrera
judicial, que los asociados compromisarios de la APM, opten por uno u otro
candidato.
Para ello realizaremos un análisis de las cartas de presentación de sus
candidaturas que ambos han remitido a los asociados de la Asociación Profesional
de la Magistratura.
Afirma Don Pablo Llarena que “quienes
reclaman una mayor influencia de nuestra asociación, son perfectamente
conscientes de que la Asociación Profesional de la Magistratura alcanzó su punto
de mayor credibilidad en el momento de constituirse el CGPJ inmediatamente
anterior al actual”. Manifiesta así mismo que se logró entonces el mayor número
de vocales de la APM y que se definían por la asociación, propuestas en materia
de Justicia y del Poder Judicial.
Y el autor del presente
artículo no puede estar más de acuerdo con las anteriores reflexiones del actual
Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura.
Conviene no obstante resaltar
pese a la omisión, que ya fuese por falta de tiempo o falta de reflexión, en la
que incurre el actual Presidente de la APM; que la referida notoria influencia y
credibilidad se desarrolló cuando el actual Presidente no estaba precisamente en
la Presidencia de la Asociación y cuando en el Comité Ejecutivo existían además
de él, otros representantes de las secciones territoriales de la Asociación
Profesional de la Magistratura. Cuya presencia fue convenientemente postergada
en el último congreso, y cuyas iniciativas incomodaban la nueva línea silente
con la que el actual Presidente caracterizaría su gestión al frente de la
Asociación Profesional de la Magistratura.
Igualmente debe destacarse
que la mayor presencia de vocales de la APM en el Consejo General del Poder
Judicial, no fue debida precisamente a la línea estratégica del actual
presidente de la APM, sino a la existencia de un sistema de designación de
vocales distinto, donde se producía una primera propuesta o filtro de 36
candidatos por las asociaciones judiciales y la posterior elección por las
Cortes Generales. No siendo un sistema aceptable, resultaba mejor que el actual,
donde la participación de las asociaciones judiciales queda totalmente soslayada
y donde los partidos políticos efectúan la designación a su arbitrio, con
independencia de que el candidato que se presente haya obtenido un mayor número
de avales que otro o cuente con el apoyo de cualquier asociación judicial.
Conviene señalar así mismo
que la “definición de propuestas en materia de Justicia y del Poder Judicial”
que hacía efectivas la APM, se debieron en gran parte a uno de esos vocales de
la asociación profesional de la magistratura que en el anterior Consejo General
del Poder Judicial ejercía sus funciones. Y también en esas palabras del actual
Presidente de la APM y en el reconocimiento, que implícitamente o de forma
inconsciente, realiza al otro candidato, está de acuerdo el autor del presente
artículo. Y ello, porque fue precisamente Manuel Almenar Belenguer, quien lideró
desde su condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial, numerosas
actuaciones para llevar a cabo esas propuestas de la Asociación Profesional de
la Magistratura. Y lo hizo además con un trabajo incansable, desde una profunda
responsabilidad institucional pero también desde la firmeza en la defensa de los
postulados y principios que desde siempre han caracterizado a la Asociación
Profesional de la Magistratura.
Don Manuel Almenar Belenguer,
en su condición de vocal del Consejo General del Poder Judicial, mantuvo una
evidente responsabilidad institucional en el desarrollo de sus funciones, con
fidelidad a los principios de la Asociación Profesional de la Magistratura,
posibilitando al mismo tiempo la notoria influencia de la APM en los
nombramientos judiciales. Y no obstante, en ningún modo mantuvo una postura
silente ante reformas que de forma grave comprometían la Independencia del Poder
Judicial y menoscabaron el órgano de gobierno de los jueces.
Tal como afirma el actual
Presidente de la APM, la “dignidad, la seriedad y el rigor” son cualidades
esenciales en cualquier Juez o Magistrado. Y por eso precisamente Don Manuel
Almenar Belenguer se erige como el mejor candidato posible a Presidente de la
APM, su ejercicio de la función jurisdiccional y el desarrollo de sus
actuaciones en el marco de la política judicial, demuestran que es el candidato
que mejor encarna tales cualidades. Ello no obsta al reconocimiento al esfuerzo
del actual Presidente en conseguir los objetivos de la asociación, esfuerzo que
a causa de una línea estratégica sumamente errática ha conducido a la Asociación
Profesional de la Magistratura a un ostracismo permanente, confundiendo
responsabilidad institucional con ausencia de firmeza en la defensa de los
principios e ideales de la asociación.
Al margen de lo anterior, las
palabras del actual Presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura
suponen un reconocimiento evidente de la pérdida de influencia en el CGPJ, que
con la Ley Orgánica 4/2013 ha sufrido la APM. Sólo uno de los candidatos
propuestos por la lista oficial de la APM, resultó designado como vocal del CGPJ
por los partidos políticos. Resultando elegidos otros asociados, también en
menor número que en consejos pasados, que al no ser propuestos por la APM y
deber su designación exclusivamente al partido político que ejerció como
elector, sólo tendrían como vinculación a la APM su mera voluntad , ajena a
cualquier tipo de compromiso en la propuesta de su designación. Frente a dicha
situación la línea estratégica trazada se circunscribió a una leve crítica, cuyo
nivel fue debidamente calculado para tratar de resultar agraciados con la
magnánima voluntad de los responsables políticos. El resultado fue francamente
desolador.
Sorprende que Don Pablo
Llarena, alabe la posición anterior de la APM defendiendo “sin matices y sin
preocuparnos que no fuera compartido por todos” nuestro ideario de justicia. Y
sorprende porque la línea estratégica impuesta durante su mandato, se ha
circunscrito a una asociación carente de influencia, donde no representa una
posición de liderazgo de la carrera judicial y cuya crítica y actuación está
siempre condicionada por el miedo reverencial a desencantar al poder político.
Continúa el actual Presidente
de la Asociación Profesional de la Magistratura aludiendo a su oposición a una
justicia interina que menoscaba el desarrollo independiente de la jurisdicción.
Algo que comparte también el presente autor. No obstante, al mismo tiempo
sorprende que el Señor Llarena, no aluda en modo alguno a la reforma de la Ley
Orgánica del Poder Judicial que propició que jueces en prácticas sometidos a
evaluación por la Escuela Judicial y sin finalizar su formación, puedan
desempeñar funciones jurisdiccionales en régimen de sustitución. Desconozco si
tal olvido, debe atribuirse a una parcial precipitación en la redacción de la
carta de presentación o a un crítica calculada sobre aspectos que, aunque no
resalten de manera efectiva la situación precaria de jueces de la última
promoción, no incomodan en modo alguno a responsables políticos. En un ejercicio
de buena fe, lo atribuiremos a una parcial y momentánea amnesia del actual
presidente de la APM.
Continúa el actual presidente
de la APM en su carta de presentación, haciendo alusión a políticas y
actuaciones desarrolladas cuando no dirigía él la asociación y cuando Don Manuel
Almenar Belenguer, desarrollaba sus funciones como vocal del Consejo General del
Poder Judicial. Al respecto sorprende la prolija enumeración de actuaciones
llevadas a cabo cuando no era presidente y su alabanza respecto a la firmeza de
la actuación de la asociación frente a políticas del anterior Gobierno
socialista y con los anteriores ministros de Justicia Fernández Bermejo y
Caamaño. También en esas reflexiones coincide el presente autor. Pero al mismo
tiempo se pregunta, porqué la APM bajo la Presidencia de Don Pablo Llarena no ha
defendido con la “misma fortaleza” a la que alude (por momentos de forma
nostálgica y en comparativa crítica de su mandato), que llevaron a la APM a
impulsar incluso una huelga frente al ejecutivo socialista (algo que
interesadamente omite el actual Presidente de la APM), los principios y
reivindicaciones de APM ante uno de los mayores ataques a la Independencia
Judicial como fue la realizada a partir de la Ley Orgánica 4/2013 de reforma del
Consejo General del Poder Judicial. |
