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Discrepancias
de ASPAC,
la
Asociación
Profesional
de
Administradores
Concursales
en
España,
respecto
de
algunos
aspectos
del
reciente
informe
del
Consejo
General
del
Poder
Judicial
(CGPJ)
y
el
Proyecto
de
Real
Decreto
de
la
Administración
Concursal,
especialmente
el
relacionado
con
sus
conclusiones
sobre
el
acceso
a la
profesión.
Esta
entidad
ha
sido
consultada
tanto
por
el
Ministerio
de
Justicia
como
el
de
Economía
y
Competitividad
de
cara
al
futuro
Reglamento
que
entrará
en
vigor
a
finales
de
año.
También
el
propio
Luis
Martin,
presidente
de
ASPAC,
mantuvo
una
reunión
con
Carlos
Lesmes,
presidente
de
CGPJ,
a
fin
de
explicar
la
postura
de
esta
asociación
sobre
la
futura
regulación
de
la
figura
del
administrador
concursal,
una
regulación
que
llega
tarde
en
un
contexto
en
el
que
desde
el
2003
se
han
realizado
hasta
veintitrés
cambios
de
nuestra
regulación
concursal.
El CGPJ señalaba en un informe
sobre
el
Estatuto
del
Administrador
Concursal,
aprobado
recientemente
que
http://goo.gl/JuvtwU
“con
el
test
propuesto
se
corre
el
riesgo
de
que
sean
los
mismos
profesionales
a
quienes
hasta
ahora
quedaba
circunscrito
el
ejercicio
de
la
administración
concursal
los
que
monopolicen
el
acceso
a la
misma”.
Además,
considera
poco
justificado
que
la
superación
del
examen
de
aptitud
profesional
no
vaya
a
ser
exigible
a
aquellos
administradores
concursales
que
acrediten
haber
sido
designados
en,
al
menos,
veinte
concursos
ya
concluidos.
Desde ASPAC se considera que los
cambios
en
el
examen
de
aptitud
profesional
previsto
permitirá
la
selección
de
profesionales
sin
limitación,
lo
que
dará
lugar
a
que
en
la
lista
haya
muchos
más
de
los
necesarios
para
tramitar
los
concursos
del
mercado.
Según
datos
de
la
Asociación,
desde
2007,
se
han
declarado
una
media
de
6.084
concursos
al
año,
con
una
clara
tendencia
a la
baja.
En
estos
momentos,
existen
alrededor
de
9.000
administradores
concursales
en
España
que
se
encuentran
a
cargo
de
algún
concurso.
Luis
Martín,
Presidente
de
ASPAC,
declaró:
“Los
datos
demuestran
por
sí
solos
que
es
imposible
hablar
de
monopolio.
El
sistema
de
la
insolvencia
actual
es
suficientemente
abierto
y
con
la
nueva
legislación
se
pone
en
riesgo
la
especialización
y
profesionalización
de
la
administración
concursal,
con
consecuencias
muy
negativas
para
los
acreedores
y la
economía”.
En cuanto a la no realización del
examen
por
parte
de
los
Administradores
Concursales
más
experimentados,
Martín
comentó:
“los
administradores
concursales
más
experimentados
ya
tienen
méritos
suficientes
para
resolver
las
reestructuraciones
más
complejas.
La
experiencia
y
los
conocimientos
jurídicos
y
económicos
son
una
garantía
para
alcanzar
un
sistema
de
la
insolvencia
eficiente
y
para
garantizar
la
devolución
del
crédito
de
los
acreedores.
Por
ello,
desde
ASPAC
defendemos
una
designación
basada
en
méritos
probados”.
Sistema
de
retribución
injusto
Otro punto de desacuerdo es la
conclusión
del
CGPJ
con
respecto
al
sistema
de
retribución
que
propone
el
Desarrollo
Reglamentario:
“responde
a un
modelo
retributivo
que
tiende
a
remunerar
el
trabajo
efectiva
y
eficientemente
realizado
a
medida
en
que
se
vaya
realizando,
según
el
informe
del
CGPJ.
ASPAC entiende que la retribución
de
la
administración
concursal
debe
proporcionada
al
trabajo
y
responsabilidad
exigible.
El
hecho
de
que
se
imponga
a la
administración
concursal
asumir
el
coste
de
las
tasaciones
de
inmuebles
que
serán
deducidas
de
su
retribución
es,
a su
juicio,
injusto
y
posiblemente
inconstitucional.
“La
limitación
retributiva
y
las
cargas
impuestas
son
injustas,
desproporcionadas
y
pueden,
en
el
futuro,
dar
lugar
a
que
se
promueva
alguna
cuestión
de
inconstitucionalidad
por
algún
Juzgado
Mercantil,
o
que
se
examine
su
constitucionalidad
a
través
del
recurso
de
amparo”,
finalizó
Martín. |