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14 de OCTUBRE de 2015

Debate organizado por GEMME ESPAÑA sobre experiencia de derivación a mediación desde los tribunales de Justicia

LAWYERPRESS / Especial para Lawyerpress Maria Jesús Fernández, socia directora de Promediación

Los expertos señalan la necesidad de la profesionalización del servicio de la mediación, donde al mediador no le cueste dinero realizar esta actividad

Interesantes las jornadas organizadas por GEMME España  el 3 de octubre en la sede del ICAM y que de manera improvisada voy a tratar de resumir. Lourdes Arastey, presidenta de GEMME ESPAÑA y magistrada de la sala Social del Tribunal Supremo  abrió la sesión e incidió en la necesidad de que la tramitación de los procesos de mediación sean homogéneos a nivel nacional. Por su parte  Álvaro Cuesta Martínez, Vocal de CGPJ, considera fundamental la implicación de los jueces en la derivación, además de los demás poderes públicos y operadores jurídicos. Una vez judicializado el conflicto, el éxito de la mediación es también el éxito de la justicia. Con la mediación no se trata de restringir el acceso a los tribunales; no se vacía el contenido del artículo 24 C.E., no se vulnera la tutela judicial efectiva; ni el art.  117.3 C.E. A través de la mediación se propicia la tutela judicial efectiva. La LOPJ hace necesaria la implantación de la nueva oficina judicial y el protagonismo del secretario judicial, entendiéndose como un servicio común, propio y de calidad.  Agradecemos a la asistente esta crónica y lamentamos que GEMME ESPAÑA siga sin contar con este medio informativo, siempre preocupado por la difusión de la mediación. No nos invitan pero tenemos profesionales que nos hacen las crónicas.

EL CGPJ debe realizar políticas activas de promoción de derechos y garantías a los ciudadanos y de defensa de la tutela judicial efectiva, impulsando políticas activas como la promoción e impulso de la mediación. En este sentido, se ha incrementado el presupuesto para mediación en un 150%, pese que han visto reducidos sus presupuestos en 3 millones de euros. Así mismo se ha creado la Unidad de Mediación y una mesa de trabajo y se han formalizado convenios con entidades públicas, privadas, y por supuesto con GEMME. En abril 2015, para conseguir más medios materiales, económicos, formación y divulgación, han firmado un convenio con todas las CCAA y se han creado coordinadores de mediación y grupo de expertos para formar en mediación. La mediación penal y civil son las que más han crecido con más de doscientos juzgados que ofrecen estos servicios.

Estas jornadas sirvieron para conocer el proyecto del Ministerio que se está realizado en Murcia como oficina judicial a nivel de mediación. Es un servicio gratuito e integral de familia, penal, civil, contencioso llevado a cabo por comediadores multidisciplinares que se incorporan de forma gradual.

Por su parte,  Sonia Gumpert, decana del ICAM remarcó la necesidad de la adaptación de las normas procesales, promocionar la figura del mediador, aumentar el nivel de formación.  Para Julio Fuentes, Secretario técnico del Ministerio de Justicia, lo importante es  la incorporación de la mediación a cualquier reforma legislativa, como el Estatuto de la víctima, entendida como un derecho de las mismas; el la ley de jurisdicción voluntaria para la sustracción de menores o en el nuevo baremo de tráfico. Es fundamental que abogados, jueces y secretarios den un paso más para profundizar en este proceso ya que en los tribunales no siempre se resuelve el conflicto de la mejor manera. Hizo una referencia a la importancia de la incorporación de sistemas informáticos.

Proceso lento

Pascual Ortuño, magistrado de GEMME dijo que la mediación está siguiendo un lento proceso. En Europa hay dos esferas separadas, antes de llegar el conflicto al juzgado y otra después de que haya llegado. Las derivaciones previas suelen ser un fracaso. Es mejor cuando ha pasado algo de tiempo desde que se inició el proceso. Después de la audiencia previa es cuando las partes están en mejores condiciones de llegar a un acuerdo. Explicó la derivación en otros países europeos y se analizó la situación de las derivaciones en  diferentes ámbitos jurisdiccionales.

En su turno de palabra,  Rosa Freire se refirió a la mediación penal como una mediación diferente y que se configura como uno de los instrumentos con el que la justicia restaurativa pretende cumplir sus fines aludiendo a que en ocasiones la víctima necesita una reparación moral simbólica más que la material  que le ofrece la justicia. Se agradeció su referencia a que si bien la mediación penal tiene que ser prestada por servicios públicos y gratuitos ésta no debe de ser gratis para los mediadores. La derivación se puede hacer en cualquier tipo de delito con independencia de su gravedad, teniendo en cuenta la  necesidad de reparación de la víctima. La piedra angular son los mediadores formados específicamente en mediación penal afirmando que el juez necesita confiar en la calidad de la mediación para que se derive.

En el ámbito de lo social,. Sara Pose Vidal, magistrada del TSJ de Barcelona se refirió a que el conflicto laboral no siempre es un conflicto jurídico, sino de intereses. Defendió las derivaciones puntuales, siendo importante que los mediadores sean abogados formados en conflictividad laboral. Valoró positivamente la actuación de los secretarios judiciales, que citan a las partes y les explican por qué es conveniente que acudan a mediación, indicándoles un día y una hora concretos. Reclamó la obligatoriedad de la sesión informativa, ya que los abogados en ocasiones son un freno a las derivaciones que hace el juez. Resaltó la necesidad de que existan mediadores bien formados y expertos en distintas materias, estimando que el 83% de los asuntos sometidos a mediación concluyen en un acuerdo. Las partes son libres de protocolizar el acuerdo ante el juez o cerrar el asunto con desestimiento.

Por su parte, en el ámbito civil y comercial Raquel Alastruey Gracía, magistrada del TSJ de Barcelona nos habló de la colaboración de los tribunales con el Centro de Mediación del Dret Privat de Cataluña. Su misión en este proyecto fue la de entusiasmar al personal del juzgado y  convencerles de la menor carga laboral que supone la mediación al evitar sentencias, el trámite de los recursos y la ejecución. Con los secretarios se establecieron indicadores sobre los asuntos a derivar.

 Abordó también la actitud negativa de algunos abogados frente a la mediación alegando que no siempre entienden que los intereses comerciales no caben en los Códigos Civiles.  Se acordó instar a los justiciables a que comparecieran junto a sus abogados en la audiencia previa, para explicarles directamente por qué les convenía ir a mediación, sus requisitos y ventajas. Agradeció la colaboración de los procuradores, para este objetivo. Pidió a la abogacía el cambio de las normas orientadoras de la minuta de los abogados, para que no haya un menoscabo económico en caso de que se contemple un proceso de mediación. Finalmente se refirió a los colapsos que provocan las ejecuciones en caso de la Banca y los juicios de escasa cuantía en caso de las Aseguradoras. Calificó de abuso en la utilización de la justicia el estos casos. Los jueces deben de tener potestad para sancionar a quien no acude a la informativa de mediación ya que esto entraría en el concepto jurídico de mala fe procesal.

Sesion informativa obligatoria

Juan Francisco Mejía Gómez, magistrado de Valencia dijo que debe establecerse la sesión informativa como obligatoria y en caso de no acudir, que se vea reflejado en costas por mala fe. En el juzgado no se resuelve el problema ya que detrás de conflictos por temas económicos hay problemas emocionales. En la audiencia previa hay que dirigirse a las partes y no a los abogados porque no son éstos quienes tienen el problema. Habló de las características y tipologías de los juzgados mixtos, la gran mayoría en España, con competencia civil o penal. En muchos casos se dan son conflictos de baja cuantía económica pero con una gran carga emocional por lo que la mediación es el medio propicio para resolver el conflicto.

 Carmen Marín, secretaria coordinadora de la UNIM en el decanato judicial de Murcia habló del proyecto del ministerio que se está realizado en Murcia como oficina judicial. Es un servicio gratuito e integral de familia, penal, civil, contencioso llevado a cabo por comediadores multidisciplinares que se incorporan de forma gradual con funciones en función de su experiencia. Cuenta con dos funcionarios y un secretario judicial y un ejército de mediadores voluntarios con diferente formación y experiencia que coordinan el servicio y una demanda de más de 400 mediadores que quieren incorporarse. Dice que ay todo un ejército  de 15.000 personas formadas en mediación que se están desperdiciando y que se pueden aprovechar para el bien social ya que si bien no obtienen ninguna remuneración por su trabajo, adquieren  experiencia, certificación de las mediaciones que realizan, formación continuada, satisfacción personal, etc. Encuentra a los abogados muy colaborativos con la mediación.

Iñaki Subijana, Presidente de la Audiencia Provincial de Guipuzcoa, habló de la experiencia de los tribunales de San Sebastián e hizo  hincapié en las garantías jurídicas. En cuanto a los criterios de derivación, el juez debe de respetar dos garantías fundamentales, la protección de las víctimas y el trato como presunto inocente. Las partes deben de elegir en este proceso si quieren comunicarse o no y hasta donde, comunicando al juzgado de la manera más aséptica la decisión que se haya tomado prescindiendo de cualquier elemento valorativo. De las derivaciones, el 85% es en faltas y el 15% en delitos.

La intervención de Anna Valls Rius sirvió para conocer la experiencia del Centro de Mediación del IMICAV desde el 2012. A través de un convenio con el CGPJ y gracias al esfuerzo de 600 mediadores, se abrió una sede en el Colegio, otra en los juzgados y otra, muy importante, en el servicio de orientación jurídica donde hay abogados y mediadores. Señaló la importancia de que se profesionalice la labor del mediador, lo que es contrario la gratuidad del este servicio, poniendo como ejemplo la práctica seguida por el Centro que ella coordina, que  sigue los criterios establecidos para la Justicia gratuita. Los mediadores, cobran por su servicio, que se hace en comediación.

Aurelio González, magistrado de Madrid, se muestra conforme en condenar en costas si no se acude a la sesión informativa, advirtiéndolo en la providencia en la que se les cita para acudir a mediación. Se debe de reforzar al juez para adoptar medidas, como multas por ejemplo, en caso de que las partes no acudan a la sesión informativa de mediación a la que han sido derivadas. Cerró la jornada Javier Luis Parra, diciendo que no se precisa más legislación sino aprovechar lo que ya tenemos y las experiencias piloto para seguir trabajando.

Hubo más intervenciones en esta interesante jornada en la que se echó en falta, además de la presencia de medios de comunicación habituales, como Lawyerpress -imprescindibles para una difusión seria y profesional de las mismas- , más crítica constructiva y abordar, no sólo las luces, sino también las sombras de la mediación intrajudicial pues ese era el momento.

Se habló del tema de remuneración sólo por encima cuando ésta es la piedra angular de la calidad de la mediación intrajudicial, que no existirá mientras sigan entendiendo este servicio como un voluntariado o una escuela de práctica de mediación para mediadores novatos.  

El ejercicio de la mediación no puede costarle dinero al mediador, como ocurre ahora mismo en muchos casos. Si queremos un servicio serio y profesional realizado por mediadores bien formados, dispuestos a continuar en los juzgados una vez consiguen experiencia y a emplear todo el tiempo que haga falta en cada mediación, sin pensar en los costes que ello le va a ocasionar, tenemos que apostar por la remuneración de este duro y complicado trabajo que precisa de los mejores mediadores para llevarlo a cabo

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
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