La Lecrim une a
jueces y fiscales. Lo que empezó siendo una protesta de un colectivo, el fiscal,
con una carta firmada por un millar de fiscales que será entregada a Catalá a
través de la FGE, en los próximos días, donde se señalaba las carencias
existentes que pone en evidencia la Lecrim, y la recomendación del Consejo
Fiscal formado por UPF y AF, asociaciones que lo integran, de la suspensión de
dicha reforma procesal penal, ha tomado otro giro cuando al filo de la
medianoche asociaciones judiciales como AJFV, Asociación de Jueces Francisco de
Vitoria, Jueces para la Democracia y Foro Judicial Independiente, emitían sendos
comunicados donde se unían a dicha suspensión de la Lecrim. Otro frente que se
abre al Ministro Catalá que mandaba un mensaje de calma en la mañana de ayer
cuando a la salida del acto homenaje a la fiscal Soledad Cazorla señalaba que
“no va a haber espacios de impunidad con la Lecrim “y que los fiscales, de
acuerdo con los jueces de instrucción podrán ampliar esos plazos de seis y
dieciocho meses en las instrucciones. El Ministro que tiene fijado mantener una
reunión con el Consejo Fiscal el próximo martes 20 de octubre, fecha del Pleno
de este órgano de gestión de los fiscales, tendrá que buscar otro consenso en
las asociaciones judiciales que han hecho suya también la reivindicación que
busca un parón a la entrada de dicha reforma procesal penal ante la falta de
medios en nuestra justicia. En un principio, esta nueva reforma procesal penal
tendría que entrar en vigor a primeros del mes de diciembre.
Nunca un texto tan corto, de apenas veinte líneas habría generado más revuelo en
los últimos años. En esa carta a la que nuestra publicación ha tenido acceso y
que va dirigida al Ministro Catalá, el millar de fiscales firmantes señalan su
preocupación por la reforma de la Lecrim y subrayan que dicha reforma tendrá
“efectos indeseados en la administración de la justicia”. Para estos
profesionales, con los medios humanos y materiales que hay en la actualidad es
imposible asumir los retos de esta nueva reforma. Por todo ello la petición es
clara que a la FGE y el Consejo Fiscal insten a Catalá: “La suspensión de la
entrada en vigor de la norma precitada durante el plazo que resulte
indispensable para la necesaria dotación al Ministerio Fiscal de medios
materiales y personales que hagan viable su debida ejecución, pudiendo cumplir
así el mandato recibido del legislador”, como señala dicha carta.
Esta iniciativa, que se ha generado de forma espontánea en el grupo privado
que los fiscales tienen en la red social en los últimos tres días, Con
anterioridad a la misma UPF y AF anunciaban en un comunicado conjunto su
preocupación por la Lecrim y la falta de medios para asumir estos nuevos plazos
procesales. Ambas asociaciones que integran el Consejo Fiscal anuncian que
pedirán esa suspensión de la norma. A este respecto cabe recordar la entrevista
que mantuvimos hace unos días con
Alvaro García, fiscal y presidente de UPF, quien ya nos avanzaba su opinión
sobre esta reforma procesal “Respecto a la LEcrim y los plazos impuestos ahora
para la instrucción nos hará mucho daño. Tendremos que cambiar la forma de
trabajar y ver si somos capaces de atenderlo. Y la reforma penal última, nos
está trayendo de cabeza desde su entrada a primeros de julio”. En el caso de AF,
su XX Congreso que tendrá lugar los próximos 23 y 24 de octubre en Zamora
también abordará en su orden del día esta cuestión que preocupa a los fiscales,
ya muy saturados en su trabajo como para asumir otras funciones.
Peligro de
colapso en las fiscalías
Para Salvador Viada, fiscal del Tribunal Supremo y portavoz de APIF, explicar la
situación es bastante sencillo: “Recordemos que en este momento hay casi un
millón de causas penales pendientes, la mayoría de ellas en fase de
investigación. Eso obliga a los fiscales y a los jueces, en muchos casos ya
colapsados de trabajo, a revisar en seis meses desde la entrada en vigor de la
ley (que es el tiempo fijado por la ley de duración de las investigaciones),
varios cientos de miles de causas para verificar si se ha solicitado o
practicado prueba suficiente, o para pedir en su caso una prórroga si ello
fuera posible. Si no se hace así, la consecuencia será que no se podrán pedir
más pruebas que las que se hayan solicitado antes de ese plazo (salvo que se
trate de causas que la ley considera "complejas" en las que el plazo es
superior, pero que habrá que revisar igualmente), con lo que en muchas ocasiones
se llegará a juicio sin las pruebas suficientes para la acusación lo que
justifica nuestras quejas sobre espacios de impunidad. Todo ello va a suponer un
enorme atasco en la Fiscalía, en un momento en que los medios materiales y
personales son muy precarios.”
A juicio de este jurista y otros profesionales consultados por este medio, es
lógico tener como meta que las investigaciones duren como máximo seis meses. “Es
una aspiración razonable. Pero como todo, hay que prepararlo correctamente y con
una visión global del proceso y de los problemas de la Justicia penal en España.
Lo que no es razonable es imponer una norma como esa tras haber aplicado unas
restricciones económicas a la Justicia que la han dejado tiritando. En este
caso, casi todo el peso del estropicio que viene recae en la Fiscalía y en los
Jueces de Instrucción pero las consecuencias serán generales”, indica Viada.
Ahora queda por ver qué sucederá en la próxima reunión del Consejo Fiscal donde
es previsible que se ratifique esa suspensión, y la reunión con el Ministro
Catalá donde ambas partes intercambiarán opiniones, ahora alejadas, por lo que
sabemos hasta estos momentos.
