Los presidentes
de los diecisiete Tribunales Superiores de Justicia hicieron pública ayer una
declaración sobre la independencia judicial suscrita por unanimidad por todos
ellos en la que afirman que toda actuación que se realice en detrimento de ésta
“supone un ataque al Estado de Derecho” y recuerdan que respetarla es obligación
de todos, y “muy especialmente de los Poderes públicos”. También han hecho
públicas las conclusiones de su reunión, en las que acogen positivamente la
reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal “en tanto garantiza el ejercicio
del derecho a la doble instancia reconocido por el artículo 14.5 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos a toda persona declarada culpable
en un proceso penal”. Este comentario viene a coincidir con las opiniones de
otros operadores jurídicos que ven la falta de medios un lapsus importante y que
incluso plantearon este martes a Catalá la suspensión de la entrada en vigor de
la Lecrim.
Veinticuatro horas después de la reunión de Catalá en el Consejo Fiscal, los
presidentes de los TSJ han manifestado su inquietud por la reforma de la Lecrim.
En esta cumbre de presidentes de TSJ que se hace con carácter anual, tanto la
independencia judicial como la reforma procesal penal han sido dos de los
elementos analizados por estos magistrados. A nivel de Lecrim, los presidentes
de los TSJ acogen positivamente la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal
“en tanto garantiza el ejercicio del derecho a la doble instancia reconocido por
el artículo 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos a toda
persona declarada culpable en un proceso penal”.No obstante, advierten de que la
planta actual de las Salas de lo Civil y Penal de los TSJ “no permite, con
carácter general, la debida implantación de la reforma” y estiman necesario un
inmediato aumento de plantilla.
La misma conclusión alcanzan respecto de la unificación de la casación en
materia de Derecho Autonómico ante los TSJ introducida por la Ley Orgánica
7/2015, que valoran de forma positiva aunque consideran que no se acomoda “a las
previsiones actuales de la planta judicial de las Salas de lo
Contencioso-Administrativo” de estos órganos judiciales.
Además, los presidentes de los Tribunales Superiores afirman compartir la
necesidad de acortar la duración media actual de la fase de instrucción penal,
pero manifiestan su “inquietud” porque ese objetivo “se quiera alcanzar mediante
la simple fijación legal de límites temporales a dicha instrucción, sin que
dicha previsión vaya acompañada de la dotación de medios humanos y materiales
necesarios para garantizar la respuesta judicial efectiva y en plazos
razonables”.
Alegato en favor
de la independencia judicial
En esta reunión de trabajo de Altos Tribunales autonómicos también sus
presidentes han señalado que “En una sociedad democrática, el Poder Judicial es
esencial para garantizar el Estado de Derecho y preservar los derechos de los
ciudadanos. Éstos esperan que el ejercicio de la potestad jurisdiccional se
realice en un marco de independencia y que los jueces actúen con imparcialidad,
eficacia y respeto para el justiciable, destinatario al fin del derecho
fundamental a la tutela judicial”, señala la declaración suscrita en Bilbao al
término de la reunión anual de presidentes de TSJ.
La declaración se realiza “a la vista de los últimos acontecimientos” y añade
que, “en estos días, es conveniente recordar que la independencia judicial no es
un privilegio de los jueces, sino una garantía para los ciudadanos”.