Crear un parque
de viviendas sociales será una realidad en los próximos meses en un contexto en
el que la Comunidad de Madrid no piensa traspasar la titularidad de esas
viviendas a un tercero, lo que podrá evitar la especulación que hubo años atrás
con los fondos buitres. El Consejo de Gobierno analizaba ayer el decreto de
creación de Parque de Viviendas de Emergencia Social (PVES), que contempla la
reserva del 5 por ciento de cada promoción pública en régimen de alquiler a
personas que atraviesan situaciones de especial necesidad. El decreto introduce,
además, un cambio en los criterios de adjudicación de viviendas para ofrecer con
mayor agilidad una casa a quienes más lo necesiten. Para resultar adjudicatario
por el procedimiento excepcional de emergencia social de viviendas integrantes
de este Parque, se exigen determinados requisitos, que se flexibilizan en casos
muy concretos, como los que pueden afectar a las mujeres víctimas de violencia
de género, o al cónyuge al que no se le haya adjudicado el uso de la vivienda
que constituía la residencia familiar, en los casos de sentencia judicial de
separación o divorcio.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, la presidenta
regional ha recordado que ya en el primer acto público de la pasada campaña
electoral, presento un decálogo de compromisos irrenunciables si obtenía el
apoyo de los madrileños. Uno de esos compromisos era reforzar el carácter social
de la vivienda pública y, en esta línea, la medida número 113 del programa
electoral recogía el compromiso de crear un parque de Viviendas de Emergencia
Social, para atender temporalmente a familias que están atravesando situaciones
de grave dificultad.
Para Cristina Cifuentes, el Decreto analizado ayer por el Consejo de Gobierno
convierte en realidad ambos compromisos, porque crea el Parque de Viviendas de
Emergencia Social y, además, actualiza la normativa de acceso a las viviendas
públicas de la Comunidad de Madrid, contemplando nuevas situaciones y
flexibilizando los requisitos para dar respuesta a colectivos que por sus
circunstancias necesitan un tratamiento especial, como las víctimas de la
violencia de género.
Parque de
viviendas de emergencia social
La principal novedad de este Decreto es la creación de Parque de Viviendas de
Emergencia Social de la Comunidad de Madrid, que estará integrado por cerca de
300 viviendas que se verán incrementadas dado que de las nuevas promociones
públicas deberá reservarse al menos un 5% de viviendas para su integración en
este parque, con el fin de garantizar la existencia de un parque en número
suficiente para dar respuesta a las necesidades de emergencia social.
En cuando a la fórmula de adjudicación de estas viviendas, se ha establecido un
nuevo sistema, denominado “Procedimiento excepcional de Emergencia Social”, que
aporta la agilidad necesaria para dar respuesta inmediata a situaciones urgentes
y cuya adjudicación se hará a favor de personas o familias en situación de grave
dificultad
Para resultar adjudicatario por el procedimiento excepcional de emergencia
social de viviendas integrantes de este Parque, se exigen determinados
requisitos, que se flexibilizan en casos muy concretos, como los que pueden
afectar a las mujeres víctimas de violencia de género, o al cónyuge al que no se
le haya adjudicado el uso de la vivienda que constituía la residencia familiar,
en los casos de sentencia judicial de separación o divorcio.
Actualización de
otros procedimientos de adjudicación
El Decreto analizado ayer actualiza también los requisitos para acceder a las
viviendas públicas por otros procedimientos de adjudicación existentes, aparte
del excepcional de Emergencia y, de manera especial, el procedimiento ordinario
mediante baremo por Especial Necesidad.
En el caso de las viviendas del cupo de Especial Necesidad, se ha reforzado
también su carácter social, incluyéndose en este supuesto situaciones como:
lanzamiento inminente de la vivienda; violencia de género, o violencia por razón
de raza, orientación e identidad sexual, religión, creencias o discapacidad;
residir en infraviviendas o inmuebles sin las necesarias condiciones de
habitabilidad, y otras situaciones graves que hagan necesario el cambio de
vivienda. Además, en el caso de las mujeres víctimas de violencia de género,
también se flexibilizan los requisitos de acceso.
Para la presidenta regional, el Decreto analizado por el Consejo, que se
aprobará próximamente, supone un paso más en la política social que se está
llevado a cabo desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid, porque atiende
especialmente a las circunstancias sociales y económicas del adjudicatario.
