El año que ha
transcurrido con Rafael Catalá al frente del Ministerio de Justicia se ha
caracterizado por cambios normativos importantes. Nuestra publicación a lo largo
de estos trece meses de su gestión se ha hecho eco de estas reformas que
pretenden mejorar la concepción de nuestra administración de justicia y
convertirla en el servicio público que ciudadanos, profesionales y
administraciones desean. En este contexto y, aprovechando la presencia de
prestigiosos juristas en esta 59 Edición de la UIA que concluye este sábado en
Valencia, hemos querido sondear a estos expertos para que nos ofrecieran su
punto de vista sobre dos cuestiones de gran actualidad. En primer lugar, el
desarrollo de una justicia digital, abierta e interoperable,
a partir del 1 de enero del próximo año. Una medida que podría ayudar a
agilizar el trabajo de nuestros juzgados al sustituir el papel por
comunicaciones telemáticas. La otra medida es la reforma de la Lecrim, un cambio
normativo que ha puesto a fiscales y jueces frente al Ministro al señalar éstos
que los plazos que señala el articulo 324 de la futura Lecrim son inviables de
cumplir
ante la falta de medios. Estos son los testimonios que ofrecemos de Gabriela
Bravo, Consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana; Oriol Rusca, decano
del ICAB y vicepresidente del CGAE; los presidentes honorarios de la UIA Juan
Antonio Cremades y Luis Delgado de Molina; Joaquín García-Romanillos, consejero
de la Fundación CGAE y socio de Aguayo Abogados y Ramón Oria, abogado experto en
Derechos humanos.
Gabriela Bravo,
fiscal en excedencia, ahora Consellera de Justicia de la Generalitat Valenciana
estuvo hace unos días en Madrid explicando la grave situación de la justicia en
esta CCAA: “En mi Comunidad va a ser imposible llegar al objetivo de papel cero
que ha fijado por ley el Ministro Catalá el primer dia de enero”. Señala que las
aplicaciones informáticas son tan obsoletas que la modernización va a necesitar
mucho más tiempo. “No es tanto cumplir los plazos como desarrollar aplicaciones
informáticas más actuales. Hay un gran abandono en nuestra CCAA respecto a estos
desarrollos tecnológicos”, apunta. Respecto a la otra gran reforma de Catala,
la del proceso penal para Bravo, no es más que un parche “me parece que
es un gran fracaso que hayamos acabado la legislatura y no se haya generado esta
reforma procesal penal íntegra, en la que el fiscal asume las investigaciones
con el juez de garantías a su lado”, aclara. Para esta jurista no es de recibo
que no se hayan escuchado las voces de los fiscales y jueces pidiendo el
aplazamiento de la Lecrim. “Hay que escuchar a los expertos y frenar la puesta
en marcha de esta reforma. Sin medios la situación va a ser peor en nuestra
justicia”, advierte.
Para Oriol Rusca, abogado penalista; decano del ICAB, presidente de la
Comisión Internacional del CGAE, del que es vicepresidente. “Los abogados
creemos que la digitalización de la abogacía es esencial y hay que hacerla. Es
loable que el Ministro Catalá haya puesto una fecha para su entrada en acción.
No olvide que los abogados estamos aconstumbrados a los plazos”, apunta. Para
este jurista es complicado que en ese 1 de enero del 2016 nuestra justicia esté
digitalizada. “Estamos colaborando en esa medida, de hecho se imparten
seminarios sobre Lexnet en todos los colegios de abogados. Pero el problema es
que ni todos los colegios ni todas las Administraciones están preparados para
asumir esta medida”, resalta. Sobre la Lecrim y la polémica que ha generado con
jueces y fiscales, Rusca aclara que “se ha parcheado mucho hasta ahora.
Habría que hacer una nueva. Creo que será de difícil aplicación, por tanto”,
señala. La idea de acortar los plazos de los procedimientos es buena “no puede
durar un pleito diez años”, pero hay que dotar de medios a jueces y fiscales que
hagan su trabajo para que determinados asuntos prescriban o queden impunes. “De
hecho la doble instancia penal hará falta que los TSJ tengan más medios,
cuestión que no se contempla en la Lecrim. Tambien cree que meditar dar la
instrucción al fiscal.”
Los plazos de instrucción que ahora se acortan en la Lecrim preocupan a nuestros expertos porque pueden generar situaciones de impunidad o prescripciones si no se refuerzan los medios de jueces y fiscales |
Luis Delgado de
Molina,
fue presidente de la UIA hace años. Es abogado, reside en Alicante y está muy
vinculado a los movimientos organizativos. Ahora tiene el estatus de presidente
de honor en esta organización: “Tener una justicia digital es una idea que debe
ser posible por los tiempos que vivimos. Sin embargo, debemos tener en cuenta la
realidad misma en la que nos movemos.” A su juicio haría falta un periodo de
adaptación a este nuevo entorno digital para ir resolviendo los problemas que
vayan surgiendo en la práctica real. “Se han hecho intentos en regiones
unipersonales en Murcia donde el sistema funciona de momento con todas las
anomalías propias que conlleva”, indica. Nuestro interlocutor recuerda que no
toda la justicia es la de Madrid o Barcelona, ciudades grandes con más medios.
Cuando le preguntamos por la reforma de la Lecrim advierte que “una vacatio
legis de dos meses para una reforma de ese fuste no es muy racional. La reforma
llega tarde a nuestro ordenamiento jurídico y no sé si se debiera aplazar. Veo
muy problemática su puesta en marcha práctica”, reconoce. Faltan medios y los
existentes no están adecuados a lo que Catalá quiere poner en marcha, opina.
Respecto a que el fiscal lleve la investigación reconoce que tiene sus reservas
sobre esa cuestión “si se hace, el juez debería convertirse en garantista para
evitar la doble acusación”.
Otro de los presidentes que tuvo la UIA fue Juan Antonio Cremades,
abogado de Zaragoza que en su día, siendo presidente de esta organización puso
en marcha este evento en la ciudad de Sevilla : “Es un cambio importante y
necesario la llamada justicia digital. Queda por saber si se llegará a la fecha
del 1 de enero que ha señalado el propio Catalá. Lo más importante será crear
una mentalidad digital en todos los operadores jurídicos”, advierte. Desde su
perspectiva uno de los problemas que habrá que solucionar es la
interoperabilidad de todos los sistemas similares a Lexnet que son propiedad de
las CCAA: “No se deben crear compartimentos en nuestra justicia sino todo lo
contrario. Sabemos que los fiscales tienen un sistema diferente al judicial. Eso
habrá que integrarlo en uno mismo”. Cuando le preguntamos por la reforma
parcial de la Lecrim comenta que “es evidente que no hay medios suficientes para
que nuestra justicia de ese paso de calidad. Sin embargo, pese a esa carencia de
medios hay que ver la forma de ponerlas en marcha” subraya. Para Cremades
es fundamental buscar esos medios y luego negociar la reforma con jueces y
fiscales. “Retrasaría la entrada en vigor de la Lecrim si realmente es
necesario. Una ley de este tipo hay que pensarla muy bien antes de ponerla en
marcha”, comenta. Cremades prefiere, no obstante que la instrucción la lleve un
magistrado. “aunque habrá medidas que no sean adoptadas por este mismo juez
instructor y si por otro juez alejado de estas tareas de investigación”.
Penalista, consejero de la Fundación del CGAE y ahora socio de Aguado Abogados,
Joaquin Garcia-Romanillos es otro asistente a este 59 Congreso de la UIA.
Con él también abordamos estas dos reformas del Ministro Catalá que tanto están
dando que hablar: “Soy partidario de la reforma de la Lecrim. Otra cuestión es
el timing y los tiempos que se fijan,” reconoce. Desde su perspectiva de jurista
que se marquen tiempos en las causas es un elemento que favorece al justiciable
y sus derechos. “Es posible que tengan razón los jueces y fiscales en sus
críticas de que sin medios es complicado que esta reforma parcial se ponga en
marcha. La filosofía de la reforma me gusta, sobre los medios no puedo opinar
porque no tengo ese conocimiento de causa que tienen jueces y fiscales”, aclara.
Desde su punto de vista es inadmisible que se esté esperando diez años para que
se celebre un juicio. Nuestro interlocutor es partidario que la instrucción de
estos temas la lleve el fiscal, como así sucede en otro países de Europa “creo
que es una iniciativa que muchos abogados apoyamos”, subraya. Respeto a la
reforma digital con plazos del 1 de enero para cambiar papel por tecnología,
comenta que “Será difícil que lleguemos a la fecha señalada por el Ministro pero
necesitamos esa reforma. Sé que los colegios de abogado están volcándose para
que sus colegiados conozcan Lexnet y usen su firma digital”. Garcia-Romanillos
ve bueno que se haya puesto una fecha en este tema aunque luego no se llegue.
Román Oria,
abogado, muy vinculado desde hace años a organizaciones internacionales como la
UIA desde el CGAE, conoce a Catalá desde muchos años. Quizás por ese motivo su
juicio sobre las reformas del Ministro sea más indulgente: “Creo que es la
primera vez que felicito a un Ministro. Poner plazos a la reforma digital de
nuestra justicia me parece muy interesante. Ya es hora que se trabaje así y no
sometidos a dictámenes políticos varios”, indica. Otra cosa es que se pueda
llegar a esa fecha del próximo 1 de enero y que nuestra justicia tenga otro
perfil más tecnológico. “Esa apuesta es algo precipitada pero lo importante es
la tendencia que ha quedado clara de hacia dónde vamos”. Respecto a la reforma
del proceso penal “discrepo con los jueces y fiscales, los plazos puede ser muy
útiles a la hora de agilizar esta nueva Lecrim. Es posible que traiga
inconvenientes pero el límite que se pone a las causas, ahora divididas en
sencillas y complejas parece razonable”, apunta. Para Oria si se dotan de medios
adecuados a jueces y fiscales la medida será efectiva. “La clave es la
reorganización de los recursos que pueda ayudar a poner en marcha esta medida”.
Este letrado no es partidario de ningún aplazamiento. “No sabríamos si
tendríamos más medios a corto plazo”.