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 Cuando me han propuesto escribir sobre la limitación del
plazo de la instrucción y las consecuencias en el trabajo de los fiscales, mi
reacción ha sido casi bipolar. Por un lado, me quemaban los dedos de ganas de
ponerme al teclado. Por otro, me entraban unas ganas de llorar que a poco me
dejan sin poder escribir una letra y con todo lo que hay que decir ardiendo
entre mis dedos. Pero, como las cosas hay que decirlas, decido sobreponerme al
modo plañidera y trataré de exponer con objetividad la que se nos viene encima.
Con la ventaja de que no hace falta cargar las tintas ni un ápice para dar
cuenta de la barbaridad de que se trata. Así que solo era cuestión de ponerme a
ello. Y ahí voy.
Los fiscales, y tras de nosotros los jueces y muchos otros
colectivos, nos hemos movido mucho para intentar frenar esta hecatombe. No hemos
tenido éxito, pero yo no acabo de perder la esperanza. Y ya anticipo que
conseguir que más dos fiscales poniéndose de acuerdo es como poner una pica en
Flandes, así que cómo no será el estropicio cuando no sólo se ponen de acuerdo
las tres asociaciones existentes sino que firman la petición, de modo personal,
la mitad de la carrera fiscal. Algo sin precedentes.
Y es que el trabajo que nos espera es verdaderamente
inasumible. Y no se trata, como podría entender alguien, de que nos quejemos
porque no queramos trabajar más. En absoluto. Más bien se trata de lo contrario,
de que queremos trabajar bien y así no nos dejan. Y el perjuicio no es tanto
para nuestro tiempo como para el servicio que le debemos al ciudadano.
La revisión de todas las causas que están pendientes supone
un trabajo que ninguna Fiscalía de España está en condiciones de asumir. Se
pretende que, además de realizar nuestro trabajo diario con normalidad, tomemos
en nuestras manos todos los expedientes que hay en los juzgados al que cada uno
esté adscrito y los revisemos uno por uno para controlar que esa bomba de
relojería en que se convierte cada asunto no nos explote entre las manos. Ahí es
nada. Porque obsérvese que he hablado de Juzgados en plural, ya que la mayoría
de nosotros despachamos los asuntos de más de un juzgado, que no en vano somos
en número menos de la mitad que jueces.
Pero quizá habría que empezar las cosas por el principio, y
explicar a quien no lo sepa que los fiscales no somos esos protagonistas de las
películas que llevan un único asunto. Ni siquiera llevamos un único juzgado ni
nuestro puesto de trabajo está en él como ocurre con los jueces, los Letrados de
la Administración de Justicia o los funcionarios. Nosotros tenemos nuestra sede
en la respectiva fiscalía, en muchos casos a muchos kilómetros del juzgado que
despachamos, y además compatibilizamos el despacho de papel de los juzgados que
cada uno tiene asignados con la realización de juicios en la Audiencia o en los
Juzgados de lo Penal, además de los del propio juzgado y del servicio de
guardia, que en muchos casos dura una semana completita. Así las cosas, es
difícil imaginar un aluvión de trabajo extra para poner al día, en el
incomprensible plazo de dos meses, todos los asuntos de uno o varios juzgados.
Tal vez alguien esté pensando en que basta con abrir el
ordenador y mirar cómo están esas causas. Craso error. La informatización no ha
conllevado otra cosa que un plus de registro, y en la mayoría de las fiscalías
es imposible acceder a las resoluciones del juzgado a no ser que físicamente se
vaya al mismo y se busque. Y, aunque algunos piensen otra cosa, gran cantidad de
esos asuntos jamás pasaron por las manos de fiscal alguno -porque así lo
establece la ley, ya que quien instruye es el juez-, lo cual implica que está
supuesta revisión no puede hacerse de otro modo que cogiendo cada uno de los
expedientes y leyéndoselos uno a uno. Muchos de ellos, con varios tomos, por
cierto. Y sin que mientras se paralicen las causas que van entrando. Imposible
aunque se ponga la mejor voluntad. Y así lo hemos advertido por activa, por
pasiva y por perifrástica. Sin que se nos haya hecho caso.
Ya he dicho que, pese a la casi unanimidad de las carreras
judicial y fiscal se ha ignorado nuestra petición de demora de la entrada en
vigor. Así que no nos queda otra que seguir insistiendo en ello pero prepararnos
para la que parece que se nos viene encima. Por eso, y ante la imprevisión de
medios -la propia ley establece que no supondrá dotación alguna-, los fiscales
nos hemos dirigido a la Fiscal General del Estado para algo tan simple y tan
complejo a un tiempo como es que nos informen de la carga de trabajo que se
calcula, de los módulos o estándares, del número de funcionarios que se
precisan, de la adaptación del sistema informático y posibles herramientas para
el control de plazos, el número de fiscales sustitutos y funcionarios que se van
a solicitar -de hacerlo-, del calendario para ello y de la permeabilidad del
Ministerio y las Comunidades a tales efectos. Así se ha hecho mediante dicha
carta por dos de las asociaciones -UPF y APIF- y en parecidos términos se hizo
por la AF en el Congreso celebrado estos días. Porque, aunque parezca increíble,
nadie hasta el momento nos ha proporcionado la más mínima explicación de cómo
obrar el milagro, ni mucho menos los medios para ello. Muy al contrario, lo que
nos han pedido es que vayamos recabando por nuestra cuenta la información de los
Juzgados. Como si no tuviéramos bastante, ni nosotros ni aquéllos a quienes hay
que pedírselo.
En definitiva, el horizonte se avecina con densos nubarrones.
Y de “La que se avecina” pasaremos, si nadie lo remedia, al “Aquí no hay quien
viva” sin solución de continuidad. Y lo malo no es eso. Lo verdaderamente
terrible es que será el ciudadano quien acabará pagando los platos rotos. |
