Cincuenta jueces decanos de España se reunieron en la ciudad de Vigo en su cita anual para analizar la actualidad jurídica más inmediata. Estas XXV Jornadas de Jueces Decanos de España abordaron las reformas legales en marcha, la propuesta de una nueva organización judicial, la problemática de jurisdicciones como la de los juzgados de lo Social o de Primera Instancia acuciados de trabajo por la crisis y el trascendente papel de la Justicia ante la sociedad, en particular en temas como el de la corrupción o los desahucios, centraron las ponencias y debates de esta reunión, que se prolongó durante tres días y que tuvo  como colofón un documento de conclusiones y propuestas.. En 2014 la reunión tuvo lugar en Valencia y otras ciudades elegidas como sede en los últimos años fueron Sevilla, Barcelona, Vitoria o Toledo. Gracias a Pedro Viguer, juez decano de Valencia hemos podido profundizar en estas conclusiones en un momento en el que jueces y fiscales reclaman que se paralice la entrada en vigor de la reforma procesal penal. Lo más grave del documento es lo que señala. “No hay un modelo pensado de justicia. No sabemos a dónde vamos”, comenta.

Pedro Viguer es el Juez Decano de Valencia y uno de los portavoces de este colectivo ante los medios informativos. Hablamos con él de este encuentro en Vigo y del intercambio de puntos de vista con el Ministro Catalá: “Del documento del pasado año de 58 medidas para agilizar el proceso penal y luchar contra la corrupción, pocas se han visto reflejadas a lo largo de este año”, aclara. También es verdad que otras, como la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación de Activos se ha puesto en marcha o la regulación exhaustiva de las diligencias de investigación tecnológica en la nueva Lecrim. “Sin embargo en la parte organizativa y procesal poco se ha hecho. El cuerpo de peritos contables que se necesitan en los juzgados no se ha creado. Tampoco se ha atendido a nuestra recomendación que los recursos de la instrucción penal solo se permitieran en su fase final para agilizar el proceso”. A su juicio hay muchos cambios  “reformas procesales pequeñas que no cuestan dinero que hubieran ido bien en incluirlas”, apunta.

Para este experto magistrado, sorprende y mucho que en lugar de introducir estos cambios que señalaban en su trabajado documento del pasado año “se haya apostado por limitar los plazos de instrucción sin invertir ni un duro en los medios materiales necesarios para afrontar esta sobrecarga de trabajo”, apunta. También revela el escaso contacto con Catalá, pese a que éste siempre habla de estar abierto al diálogo “remitimos el documento a través del CGPJ al Ministro y en algún acto le hemos visto, pero reunión institucional de nuestro colectivo con él no se ha producido ninguna más”. En esta oportunidad, la reunión recientemente concluida en Vigo nacía en un contexto de presión hacia el Ministro. Jueces y fiscales a través de sus asociaciones han advertido los riesgos de reducir plazos en la Lecrim sin dotar de medios a estos profesionales: “Ahora hay poca capacidad de reacción; Las Cámaras se han disuelto y sería difícil demorar su entrada en vigor. Creemos que es mero voluntarismo que el Ministro haya puesto esos plazos acortados. Hay muchos tiempos muertos en los procedimientos que no dependen de los jueces”.

Desde su punto de vista se ha perdido una gran oportunidad para dar la instrucción al fiscal “es evidente que hay una polémica sobre este tema y que según una encuesta del CGP reciente solo el 52 por cien de la carrera judicial estaba de acuerdo con ello”, destaca Viguer. “Al final esa reforma no se ha hecho porque hay que modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal  y más efectivos para que los fiscales puedan llevar la investigación. Al mismo tiempo es posible que los juzgados de instrucción hubiera que reconvertirles”, señala. Reforma de este tipo tan compleja necesitaría una vacatio legis más amplia que la de la actual Lecrim de apenas dos meses tras su aprobación en el Parlamento. “Otra idea que hemos planteado es que se suspenda el plazo cuando las diligencias no dependan del juzgado. Se trataría de llevar al ámbito penal el actual procedimiento administrativo. En la citada ley se indica que cuando se acuerda un informe técnico u otro dictamen que se pide a un órgano externo, el procedimiento se detiene”, subraya.  Al mismo tiempo los jueces decanos no descartan ese aplazamiento de la Lecrim ante los problemas que ya genera entre jueces y fiscales de adaptación a una nueva forma de trabajar.

La reforma parcial de la Lecrim ha puesto en evidencia la situación de la justicia y la falta de medios tecnológicos para agilizar el trabajo de estos profesionales. “A día de hoy el sistema telemático de los fiscales es diferente al  de los jueces, situación que ya está generando muchos problemas”, explica el Juez Decano de Valencia. Si se revisa el documento que los jueces decanos han aprobado en Vigo la situación de caos de nuestra justicia parece evidente: “No se sabe donde vamos. No tenemos un modelo claro de hacia dónde queremos llevar nuestra justicia. Se hablaba de una nueva organización judicial con los Tribunales de Instancia desde la Oficina Judicial, pero aún no tenemos nada de nada”, subraya Pedro Viguer.

 En esta tesitura los jueces decanos reclaman un Pacto de Estado que defina ese modelo de justicia al que se quiere ir sin titubeos. “Es necesario una inversión económica notable en justicia si queremos realmente que ésta funcione. Aun la Justicia depende del poder ejecutivo, cuestión que hemos denunciado muchas veces y que habría que subsanar”, indica. Para este jurista es un disparate que existan tres órganos gestores de la justicia, Ministerio, CGPJ y CCAA con competencias transferidas lo que hace imposible la gestión adecuada de la administración de justicia: “Se ha creado una especie de monstruo de tres cabezas que es inoperante porque la coordinación entre entidades es muy escasa”, apunta nuestro interlocutor. Viguer recuerda una frase que ya nos ha mencionado en alguna otra ocasión “una empresa con este sistema de gestión se hundiría irremediablemente”, subraya. Los propios jueces en esa encuesta de la que hablamos en esta conversación del Cgpj dejaban claro en un 68 por cien que las transferencias de justicia a las CCAA ha empeorado la gestión de la misma.

Se necesita más dinero en Justiciaa

EEn este documento aprobado hace unos días, precisamente, hay un apartado que pide se exijan a las CCAA responsabilidades por su gestión en la administración de justicia. Hay precisamente CCAA como Valencia que pese a necesitar de juzgados no han podido crear ninguno en los últimos cinco años. “La justicia necesita dinero para funcionar; hacen falta peritos, salas de vista, forenses o abogados del Turno de Oficio a los que hay que pagar convenientemente. Si ese dinero, no podemos seguir así”, aclara Viguer. Sobre el Presupuesto del Ministerio de Justicia, congelado en los últimos años, ve nuestro entrevistado la necesidad de incrementar la subida que ha tenido en este año de apenas un 3 por ciento. “Hay que darse cuenta que, a fin de cuentas, es una parte pequeña la justicia de los Presupuestos Generales del Estado pero necesaria para que empresarios, inversores y sociedad en general tengan la seguridad jurídica y protección de sus derechos”, advierte.

Viguer advierte que en los últimos años se ha incrementado la litigiosidad de forma notable. La crisis ha generado despidos, expedientes concursales, muchos desahucios o reclamaciones entre empresas o de estas con la Administración. “Eso ha hecho que la jurisdicción social esté totalmente colapsada, lo decimos en el documento aprobado hace unos días. Y que requiere un refuerzo notable en medios humanos, especialmente”, señala. Para este experto magistrado “no es lo mismo tener una respuesta en seis meses de un asunto que sería un plazo razonable a que ese asunto tarde dos años donde esa empresa se puede hundir perfectamente”, apunta. Desde su punto de vista, muchos de estos asuntos podrían haberse evitado si nuestra producción legislativa estuviera mejor hecha y con menos errores: “Ahí tenemos el aluvión de demandas por productos financieros tóxicos; los cambios en el procedimiento de ejecución hipotecaria que se ha hecho a instancias del TJUE”. A este respecto nadie duda del trabajo de los jueces en estos temas, algunos de los cuales han interpuesto cuestiones prejudiciales ante esta legislación mal acabada o ambigua.

De la Ley de Segunda Oportunidad también se ocupa el documento que los jueces decanos han aprobado recientemente y enviado a nuestras autoridades: “Hemos incorporado un documento anexo sobre este tema capital. Hay más aspectos negativos que positivos los que pesan en esta reforma. Su aplicación práctica desde el pasado mes de marzo que entró en vigor ha sido muy escasa. Solo 300 solicitudes se han recogido. Se piden demasiados requisitos para poder adherirse a este régimen especial”, aclara nuestro interlocutor. La última reforma ha dejado a los créditos públicos e hipotecarios fuera de la misma, con lo cual, pocos cambios hay en este cambio normativo tan importante para muchos pequeños empresarios.  En una ciudad como Valencia hace unos días entro en los juzgados el segundo concurso sobre persona física. “ La reforma ha generado muchas expectativas que por desgracia no se ha cumplido en la practica. Tampoco se ha hecho un esfuerzo porque la gente o posibles usuarios la conocieran y utilizaran. Es como si hubiera miedo a que de golpe muchos deudores se acogieran a este régimen de segunda oportunidad”, indica Viguer.

Justicia digital necesaria pero inviable

En este contexto de reformas legislativas, falta de medios y poca claridad estratégica hacia dónde va nuestra justicia, el Ministro Catalá ha jugado fuerte al regular mediante ley la entrada en vigor de la justicia digital el próximo 1 de enero en nuestro país. Los propios jueces decanos en su documento tienen claro que es una medida necesaria pero de difícil implantación en esa fecha: “En CCAA como Valencia llegar al papel cero va a ser imposible. Salvo País Vasco, Navarra o Catalunya en pocos sitios se va a poder implementar esta necesaria medida. Los jueces decanos hemos hablando entre nosotros y creemos que ha habido cierta precipitación con esta medida”, señala. Tampoco se ha trabajado a nivel formativo con jueces, magistrados y fiscales para prepararles para lo que les espera.

Le preguntamos a Pedro Viguer si es factible un Pacto de Estado por la Justicia, medida que reclama este colectivo de jueces decano, en la situación en la que nos encontramos: dos grandes partidos de toda la vida desgastados y otros dos emergentes con mucha fuerza en un escenario donde el problema catalán es cada vez más peliagudo: “Es complicado saber si se llegará a ese Pacto de Estado que muchos operadores jurídicos reclamamos. Situaciones de este tipo te minan el ánimo porque ves que todo sigue igual. Además hay que recordar que el único Pacto que se hizo sobre Justicia fue un fracaso”, comenta.  Desde su punto de vista éste es el momento de buscar un consenso político sobre justicia que a medio plazo benefice a todos los españoles. “La gestión del Ministro Catalá ahí está. Salvo la reforma del Código Penal no ha abordado otras de calado. En la propia Lecrim si hubiera adoptado algunas medidas procesales que les indicamos los jueces decanos, el procedimiento hubiera mejorado bastante”. De cara al Gobierno que salga de las urnas este 20D pide que “invertir en Justicia es hacerlo en el futuro y en los derechos de los ciudadanos”, añade.