De la Constitución de 1978 al desafió soberanista catalán del 2015. En estos treinta ocho años mucho ha cambiado en nuestro país. El III Encuentro de la Sociedad Civil organizado desde la Fundación Independiente con el apoyo de la Asociación Española de Fundaciones y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales analizó durante un día entero esos cambios a lo largo de nueve mesas redondas que abordaron, familia, economía, medios de comunicación o justicia entre otros elementos que vertebran nuestra sociedad. En el caso de la justicia, los ponentes moderados por Luis Martí Mingarro, presidente de la UIBA, señalaron los déficits de nuestra justicia, muy alejada del servicio público que todos los ciudadanos y expertos anhelan. Las intervenciones de la magistrada del Tribunal Supremo, Margarita Robles, del abogado ex Fiscal General del Estado, Juan Ortiz Urculo y de Juan Ospina, presidente de Aja Madrid, señalaron la necesidad de que los poderes políticos se tomen en serio nuestra justicia en un contexto en el que nuestro país está en vísperas de unas nuevas Elecciones Generales que pueden cambiar mucho el status quo imperante. Lo que queda por ver es si habrá otro talante hacia la administración de justicia.

Fue Margarita Robles, ex vocal del CGPJ y magistrada del Tribunal Supremo en la actualidad quien detalló los males de nuestra justicia. “Es muy posible que estemos ante una de las legislaturas peores en relación a la justicia. Dimitió un Ministro, también lo hizo el anterior FGE y hay reformas que se han hecho muy deprisa y sin consenso político, como es el caso de la Lecrim que puede generar problemas para jueces y fiscales que han pedido su aplazamiento”, apuntó.  Para esta jurista, por desgracia la justicia no es una prioridad en nuestro Estado de Derecho y eso hace que los propios políticos de los que depende dotarlas de medios, solo se preocupen de ella cuando hay algún asunto judicial relacionado con ellos.  A su juicio el propio CGPJ tras la reforma que hizo Gallardón ya nació muerto y sin medios, con muy pocos vocales con dedicación exclusiva. “Todavía hay un recurso interpuesto ante el Tribunal Constitucional que podría cuestionar su validez”, destacó.

Desde su punto de vista, no hay un modelo claro de justicia “se ha invertido mucho dinero sin sentido y lo cierto es que no es de recibo que se celebren pleitos en la jurisdicción social y civil con año y medio de aplazamiento.  No se invierte en justicia pero si en obras faraónicas como el nuevo edificio de la Audiencia Nacional que ha costado 27 millones y otros 100 en una Ciudad de la Justicia madrileña que aún está sin edificar pero de la que ya conocemos este gasto importante”, aclaró. Para Robles es injusto señalar que los jueces están politizados. “Son profesionales que pese a todas las trabas que tienen en su entorno realizan su trabajo lo mejor posible. Ellos han reconducido la legislación española en materia de hipotecas, laboral e incluso en temas bancarios con cuestiones prejudiciales que han planteado al TJUE”, recordó. Bajo su punto de vista un Pacto de Estado con la presencia de la sociedad civil podría ser útil para despolitizar nuestra justicia y dotarla de medios adecuados.

Abandono consciente de la justicia

En los mismos términos de dureza se mostró Juan Ortiz Úrculo, ex Fiscal General del Estado hace años y ahora abogado penalista en Cremades & Calvo Sotelo.  Recordó que aunque la propia Constitución de 1978 señala la importancia de la justicia como derecho que reside en el pueblo, los sucesivos gobiernos democráticos apenas han parcheado su administración de justicia. Por unas u otras circunstancias el poder político en estas más de tres décadas no ha invertido en justicia lo necesario para que fuera ese servicio público que todos, ciudadanos, expertos y empresarios, anhelan. “Soy consciente que en lugar de estar en un Estado de Derecho, nos encontramos en un Estado de Leyes, demasiadas normas y la mayor parte de una calidad legislativa ínfima”, apuntó. En estas circunstancias es consciente que la llamada seguridad jurídica ha disminuido notablemente en esta última legislatura.

Nuestro interlocutor destacó también los problemas de funcionamiento de Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional con demoras inadmisible en algunos asuntos claves para nuestra convivencia. También recordó que existe alrededor de un millón de sentencias que aún no se han ejecutado, cuestión que preocupa a muchos ciudadanos porque en esos fallos tienen expectativas muy concretas. “Hay un abandono consciente de la justicia que es lo que está generando la corrupción de estos últimos años” apuntó. Y reveló la necesidad de una estrategia que defina objetivos y actividades tanto desde el punto de vista financiero como tecnológico, a fin de que la administración de Justicia pueda funcionar algún día como otros servicios del Estado. “No parece muy lógico que nuestra Lecrim haya tenido 67 reformas desde su aprobación y que el propio Código Penal, el que llama de la democracia haya sufrido otras veintiocho”, aclaró.

Sociedad Civil , clave del Estado democrático

La intervención de Juan Gonzalo Ospina, joven abogado penalista y presidente de Aja Madrid, sirvió para conocer de lo que es capaz la sociedad civil si se lo plantea. En su inicio de exposición recordó el trabajo de Martin Luther King en los años sesenta en los EEUU cuando nadie daba un duro por la igualdad entre hombres blancos y negros. “Desde la sociedad civil se pueden lograr muchos hitos para salvaguardar el Estado de Derecho, apuntó. Para este joven jurista la mejora de la justicia en nuestro país pasa, entre otras medidas, por la despolitización del CGPJ, volviendo a su sistema de nombramientos que consagra la Constitución en el artículo 122.3. “Es el momento de reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial que gestiona el propio CGPJ actual. También habría que modificar el propio Tribunal Constitucional para que no se viera como una prolongación de los poderes políticos”, recalcó.

Desde su punto de vista, Montesquieu murió hace ya mucho tiempo.  No hay una verdadera división de poderes en nuestro país y eso se percibe ahora de forma clara. Para Ospina, esta falta de independencia alimenta la impunidad en la corrupción. La ciudadanía está cansada de que se le tome por ingenua, y exigimos una democracia de calidad con una independencia real y eficiente de nuestros tribunales. La falta de seguridad jurídica contribuye a alimentar la crisis económica en nuestro país. Esta inseguridad jurídica no motiva al inversionista quien ve un riesgo añadido en caso de conflicto, con sus respectivos costes en dinero y tiempo para encontrar una solución al mismo.” Con juicios para dentro de 4 y 5 años, ¿cómo va a funcionar una economía eficiente?” respondía a una pregunta de un asistente cuando le cuestionaban sobre la relación entre economía y política.