Diseñar un Plan de Prevención de Riesgos laborales para la carrera fiscal es el objetivo de la Comisión que se ha puesto en marcha desde el pasado miércoles en la que FGE, representada por Pilar Barrero, fiscal de sala laboral y miembros de asociaciones de fiscales para definir este programa que ayude definir la carga de trabajo de los cerca de 2600 fiscales que hay en España y la posible conciliación de su vida laboral y personal, ahora muy complicado. Curiosamente la entrada en vigor de la Lecrim, reforma procesal penal cuestionada desde estas asociaciones, es uno de los elementos que distorsiona esa carga de trabajo. Fuentes consultadas desde esta publicación señalan que lo ideal es que los fiscales contabilizaran unas cuarenta horas semanales de trabajo, entre papeleo, asistencia a juicios y guardias. En estos momentos, la mayor parte de los fiscales españoles superan las cincuenta horas semanales, algunos de ellos afectados de estrés y ansiedad ante el trabajo ingente que realizan. El modelo de los jueces a nivel de prevención de riesgos laborales, es un ejemplo que se tiene en cuenta como punto de partida.

La carrera fiscal quiere adaptarse a los nuevos tiempos. Nadie duda del papel que realizan estos profesionales, siempre en alerta de los derechos de las personas más desfavorecidas. En este escenario parece lógico que en aras de un mejor desempeño de sus funciones busquen consensuar con FGE su Plan de Prevención de Riesgos Laborales. Este ha sido el arranque de una serie de reuniones, la primera celebrada este miércoles en la propia sede de la Fiscalía en Madrid para arrancar los trabajos. Dirigida por Pilar Barrero,  Fiscal de lo Social del Supremo. Nombrada para esa jefatura por el ex fiscal general Conde-Pumpido. Pertenece a la UPF tuvo lugar el pasado miércoles  este primer encuentro entre la Fiscalia y las propias asociaciones de fiscales para definir esta cuestión.

Según fuentes cercanas a esta Mesa de Trabajo, el modelo del que se quiere partir es del Plan de Prevención de Riesgos Laborales que aprobó el CGPJ y las asociaciones judiciales en la primavera pasada. Una medida que vino precedida de otra actividad de presión de una de las asociaciones, Jueces para la Democracia, quien presentó una demanda contra el propio Ministerio de Justicia y el CGPJ por la excesiva carga de trabajo. Reconvertida la situación, dicha demanda se retiró y a las pocas semanas jueces  y su órgano de gestión suscribían el citado Plan de Prevención de Riesgos laborales, aún por llevarse a la práctica por cierto. Ahora de lo que se trata es que los propios fiscales encuentren su modelo propio de prevención de riesgos laborales, cuestión que no se antoja sencilla.

Desde las asociaciones fiscales se observa este tipo de reuniones con mucho interés. En estos momentos más de la mitad de los fiscales realizan más horas de las que debieran, alrededor de las cincuenta semanales, cuestión que les impide conciliar su vida personal con la laboral y que a algunos de ellos les está generando problemas de salud desde el estrés o la ansiedad. En este contexto, ahora lo fundamental es definir el concepto de carga de trabajo, clave para que el citado Plan de Riesgos Laborales vaya adelante. En estos momentos, la entrada de la Lecrim pudiera ser un duro varapalo para estos profesionales que verían incrementada su carga de trabajo de forma considerable, con los mismos medios materiales y técnicos.  Muchos de estos expertos advierten que los medios que Catalá va a poner en marcha para mitigar esta nueva carga de trabajo no serán suficientes para compensar el esfuerzo que se hará especialmente en la jurisdicción penal, donde el acortamiento de plazos en las instrucciones parece que será una realidad a partir del próximo mes de diciembre.

Este Plan de Prevención de Riesgos Laborales se antoja como clave para la carrera fiscal desde muchas perspectivas. La que más se aprecia a priori tiene que ver con la incorporación de más profesionales en aquellas fiscalías donde sean necesarios. De hecho hay que recordar que hace algo más de un año un grupo de fiscales enviaron una carta al que por aquel entonces era FGE; Eduardo Torres-Dulce, hoy Of Counsel en Garrigues, para mostrarle su malestar por el régimen de sustituciones que prácticamente se habían suprimido con el consiguiente problema para los propios fiscales que tuvieron que duplicar su trabajo. También la actual FGE, Consuelo Madrigal, ha señalado en varias comparecencias suyas la necesidad de incrementar la carrera fiscal en número de efectivos, así como adecuar el sistema informático de los fiscales al de la carrera judicial, hasta ahora incompatibles con el perjuicio que genera este tipo de herramientas no compatibles.