La salida inesperada del  director general de Justicia, Ricardo Ruiz de la Serna, quien ha alegado la falta de previsión de la Comunidad de Madrid en materia de justicia ha servido para poner sobre la mesa el problema de la justicia en Madrid. Si en julio pasado el propio presidente del TSJ de Madrid, Francisco Javier Vieira pedía más medios y la puesta en marcha con carácter urgente de la Ciudad de la Justicia, en esta ocasión esta dimisión y su sustitución por una figura que fusiona las direcciones generales de Justicia y Seguridad, revelan, a juicio de estas asociaciones la falta de interés del Gobierno de Cristina Cifuentes en la Justicia. En estos  momentos la Consejería de Presidencia y Justicia está estudiando los presupuestos del 2016  donde se espera un leve incremento para la Justicia Gratuita.  Desde algunas fuerzas políticas de la oposición, como es el caso del PSOE, ya se acusó al consejero Garrido de falta de previsión presupuestaria y de no valorar en suma el problema de la justicia madrileña.

Pese a que a pregunta de este periodista en una de las últimas ruedas de prensa tras el correspondiente Consejo de Gobierno madrileño  el consejero Angel Garrido comentase que estos primeros cien días al frente de la Consejería en materia de Justicia han sido de avances notables, la realidad parece ser otra.  Los problemas en Madrid de algunos juzgados son muy grandes; el propio juez decano de Madrid y otros magistrados han denunciado ya la falta de espacio para más edificios judiciales. Y lo que es la Ciudad de la Justicia, de la que sabemos que aún hay un fleco por solventar de la anterior adjudicación y contratos y deudas que se arrastran desde su primera intentona, está en el alero su realización pese a que todas las fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que la concentración de sedes sería muy útil para profesionales y ciudadanos.

Ahora, los problemas de nuestra justicia han vuelto a la actualidad. La salida inesperada del hasta hace unos días Director General de Justicia, Ricardo Ruiz de la Serna, y sus declaraciones a algunos medios donde asegura que la justicia no es una prioridad para el Gobierno de Cifuentes, han levantado bastante polvareda.  Asociaciones judiciales como Francisco de Vitoria y Jueces para la Democracia han realizado un comunicado conjunto, que coincide en los puntos de vista de otros juristas, señalando la grave situación de la administración de justicia en Madrid. Curiosamente, fuentes de la negociación entre Colegios y Comunidad de Madrid señalan al ya exconsejero como uno de los artífices del acuerdo alcanzado que desbloqueaba las relaciones existentes entre ambas entidades.

A juicio de estos colectivos,  la  falta de inversión en este servicio público provoca que estemos ante una justicia colapsada con la mitad de los órganos judiciales de la Comunidad sobrecargados. Preocupante es la situación de emergencia en la que se encuentran los Juzgados de lo Social y de Primera Instancia de la capital. Y paradójicamente, la falta de creación de órganos judiciales ha generado que numerosos jueces y juezas, recién incorporados, se encuentren actualmente sin plaza y en una situación de precariedad incompatible con el principio de inamovilidad judicial.

 También denuncian en el citado comunicado que junto  a los insuficientes medios personales destacar la dispersión de sedes en la ciudad de Madrid (18 en total), sin un proyecto viable de Ciudad de la Justicia, tras costosos intentos, y el estado deplorable en que se encuentran la mayoría de los edificios, especialmente de la periferia, pone de manifiesto las precarias condiciones laborales y de seguridad en las que ha de impartirse justicia. Todo lo anterior conlleva mayores dificultades de los ciudadanos para acceder al reconocimiento y garantía de sus derechos lo que es particularmente grave en el caso de los más vulnerables como consecuencia de la crisis.

Desde estas asociaciones judiciales se insta a las nuevas autoridades regionales a que sean capaces resolver esta grave situación apostando por una justicia moderna, eficaz y de calidad mediante un plan integral en el que puedan tomar parte tanto las instituciones como los colectivos profesionales implicados. Para ello es fundamental la creación de una Consejería de Justicia en el Gobierno regional en la que esté al frente una persona no sólo con peso político sino con dedicación prioritaria, tal y como se reclamaba en la Memoria 2014 de la Audiencia Provincial de Madrid.  En opinión de estas asociaciones es una mala noticia fusionar seguridad y justicia, como se ha hecho tras la dimisión de Ruiz de la Serna, lo que en opinión de estas asociaciones demuestra un escaso interés por la justicia como servicio de interés público