El Consejo de Ministros, a propuesta del  ministro de Justicia, Rafael Catalá, aprobaba este viernes  el Real Decreto que establece el Reglamento que regulará el nuevo procedimiento de adquisición de nacionalidad por residencia. Se trata de articular una tramitación de carácter netamente administrativo (no mixto, parte judicial y parte administrativo, como lo era hasta ahora), basada en la gestión electrónica en todas sus fases, lo que permitirá acortar sensiblemente los plazos de resolución. El procedimiento lo instruye la Dirección General de Registros y del Notariado y la resolución será notificada al interesado en un plazo máximo de un año desde la presentación de la solicitud.

Hasta el 30 de junio de 2017 se establece un periodo transitorio en el que los interesados también podrán presentar su solicitud en el Registro Civil correspondiente a su domicilio, pero a partir de esa fecha y a través de convenios de habilitación que el Ministerio de Justicia firmará con organismos públicos de la Administración General del Estado y otros colegios profesionales y asociaciones, se realizará a través de la correspondiente aplicación electrónica.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Rafael Catalá, ha explicado que el nuevo proceso "simplificará los tramites" de las 150.000 solicitudes que se producen de media anualmente y "reducirá los tiempos en la gestión de los expedientes" que tardan unos tres años en resolverse y que requieren entre tres y seis visitas a los registros.

Catalá ha destacado que la plataforma electrónica -se mantiene también el procedimiento en papel-, estará disponible a partir de la próxima semana y supondrá un ahorro al Estado de cinco millones de euros en costes internos. Desde el pasado 15 de octubre, los inmigrantes que deseen adquirir la nacionalidad por residencia deberán pagar 100 euros por la tramitación del expediente más 85 euros por los dos exámenes obligatorios sobre conocimiento del castellano e integración social. Catalá ha explicado que la tasa de 100 euros compensará este gasto con una reducción de los tiempos y un proceso más sencillo.

Este Reglamento también establece el pago de tasas relativas a la solicitud de nacionalidad pero no incluye el importe de las pruebas objetivas tanto de diplomas de español como lengua extranjera (DELE), como de conocimientos constitucionales y socioculturales de España (CCSE), diseñadas y administradas por el Instituto Cervantes que es el responsable de la implantación de criterios objetivos para ambas  pruebas. La Dirección General de Registros y del Notariado podrá recabar los resultados de estas pruebas a través de una consulta telemática al Instituto Cervantes, lo que exime a los interesados de presentar los certificados correspondientes.

Los extranjeros que son personal al servicio de las Fuerzas Armadas tendrán unas normas específicas en su adquisición de la condición de españoles, como la supresión del juramento o promesa solemne ante la bandera, de fidelidad al Rey y de obediencia a la Constitución que ya han realizado con anterioridad.

Entre los trámites del procedimiento se mantiene la obtención de los informes que se considere necesario recabar de otras Administraciones Públicas, como los del Ministerio del Interior o del Centro Nacional de Inteligencia.