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 Hace apenas un par de semanas tuve ocasión de
participar en una mesa redonda organizada conjuntamente por la Plataforma por la
Independencia del Poder Judicial y la Fundación ¿Hay Derecho? sobre los
nombramientos en la carrera judicial, a la que, lamentablemente, no acudió
ningún representante del Consejo General del Poder Judicial a dar su punto de
vista sobre tan importante cuestión. Por esa razón, y puesto que recientemente
el propio CGPJ ha realizado una encuesta de satisfacción a jueces y magistrados
que puede encontrarse en su página web en la que se pregunta, entre otras
cuestiones, por su grado de satisfacción con la labor del CGPJ, muy en
particular en relación con los nombramientos en la carrera judicial. Teniendo
disponibles estos datos que hablan por sí solos me pareció que lo más adecuado
era ponerlos de manifiesto y abstenerme de dar una opinión –necesariamente menos
informada- sobre el funcionamiento del actual CGPJ
Pues bien, el 67% de los jueces y magistrados en activo considera que en los
nombramientos que realiza el CGPJ no prevalecen criterios de mérito y capacidad.
Tan sólo el 6% piensa que mérito y capacidad son los criterios aplicados en
dichos nombramientos. Por otra parte, un 27% no sabe o prefiere no contestar a
esta cuestión. Este estado de opinión es mayoritario en todos los casos, si bien
se observa que se encuentra más acentuado entre los hombres (70%) y los jueces y
magistrados con mayor edad y años de experiencia. Si analizamos esta cuestión
desde la perspectiva de los distintos órganos judiciales, se puede comprobar que
la opinión de que en los nombramientos realizados por el CGPJ no prevalecen
criterios de merito y capacidad, se acentúa entre los jueces y magistrados de
los Juzgados de lo Contencioso Administrativo (79%) y los del Tribunal Superior
de Justicia (77%).
No parece además que la nueva organización del Consejo merezca tampoco la
aprobación de los encuestados. Entre los jueces y magistrados que conocen el
nuevo modelo de organización del Consejo (49% del total), hay una valoración
mayoritariamente negativa (mal + muy mal). El 54% de dichos jueces y magistrados
valoran el modelo mal o muy mal, frente a 12% que lo hace en términos positivos
(bien + muy bien). Una cuarta parte mantiene una opinión neutra al respecto.
En cuanto a las funciones de defensa por el CGPJ de la independencia de los
jueces, una de sus labores fundamentales, el 75%% de los jueces y magistrados en
activo cree que actualmente el CGPJ no defiende de manera suficiente y adecuada
la independencia. Se trata de una opinión generalizada, que se mantiene por
encima del 70% independientemente de la edad, el sexo, la antigüedad o el órgano
de pertenencia. El 7% considera que sí lo hace, mientras que el 18% no sabe o
prefiere no contestar
El 27% de los jueces y magistrados en activo considera que el CGPJ cuenta con
mecanismos y procedimientos adecuados para defender la independencia judicial de
manera adecuada, lo que representa 20 puntos porcentuales menos de quienes
piensan que actualmente defiende de manera suficiente y adecuada la
independencia judicial.
En cuanto al resto de las funciones que realiza el Consejo (formación, escuela
judicial, etc) lo cierto es que según esta encuesta predomina el desconocimiento
del Consejo (61%) y de sus actuaciones (58%), la mayoría de los jueces y
magistrados en activo conceden poca o ninguna importancia al papel del CGPJ en
su trabajo cotidiano. Por el contrario, algo menos de un tercio de los jueces y
magistrados considera su papel muy o bastante importante. Las variaciones más
relevantes respecto a la importancia otorgada al papel del Consejo y su
influencia en la labor diaria de jueces y magistrados, la encontramos en función
del órgano donde desarrollan su labor. En todos ellos predomina una valoración
negativa respecto a la importancia que juega el CGPJ, pero es en los Juzgados de
Primera Instancia donde en mayor medida (63%) se registra dicha opinión. Por el
contrario, en los Juzgados de lo Penal y el Tribunal Superior de Justicia, es
donde en mayor medida se reconoce la importancia de la labor del Consejo (36%)
La comparación con lo que contestan los jueces de otros países de nuestro
entorno a preguntas similares (en encuesta también disponible en la estupenda
web del CGPJ relativa a informes de la Red Europea de Consejos de Justicia) es
sencillamente demoledora. Aunque solo han contestado a la encuesta un número
relativamente bajo de jueces (el 23%) las contestaciones son muy preocupantes.
A la pregunta de si ha estado sometido durante los
dos últimos años a alguna presión inadecuada, los jueces españoles son los que
más responden en sentido afirmativo después de los de Albania y Letonia y por
delante de países del Este como Bulgaria o Serbia y lejos de los países nórdicos
y del Reino Unido. Las cosas mejoran un poco cuando se preguntan por jueces que
reciben sobornos, pero aún así hay que tener en cuenta que mejoran también en el
resto de los países y que de nuevo España se acerca a los países del antiguo
Telón de acero. Lo mismo sucede con respecto a la pregunta de si ha sido objeto
de algún procedimiento disciplinario motivado por la forma en que han resuelto
un asunto; aunque aquí las respuestas de los jueces italianos también los
incluyen en este grupo de países o con las referentes a la de si sus decisiones
se han visto afectadas por reclamaciones o amenazas de reclamaciones tendentes a
exigirles responsabilidad patrimonial.
Este es el panorama, que en mi humilde opinión refleja con contundencia el
fracaso del actual sistema de gobierno de los jueces. Sin necesidad de
explayarnos sobre las posibles causas, creo que lo que urge es sentarse a
debatir un nuevo modelo en el que las contestaciones a esta encuesta cambien
sustancialmente. En este sentido, ha irrumpido en el debate público la rompedora
propuesta del partido político Ciudadanos, que opta por su supresión y su
sustitución por un órgano de carácter unipersonal nombrado por el Congreso por
una mayoría cualificada entre personas que en ningún caso hayan tenido
vinculación o cargos en un partido político.
Pero me parece que el debate se ha centrado en exceso en ese punto, y no en el
que es crucial: la supresión de las facultades discrecionales del antiguo CGPJ,
que son las que al fin y al cabo han dado lugar básicamente a los problemas de
politización; hablamos sencillamente de la capacidad de condicionar la carrera
profesional de un Juez o magistrado. Efectivamente, se trata de evitar que
exista la capacidad de hacer favores (o de negarlos) a partir de la política de
nombramientos discrecionales de los más altos puestos de la carrera judicial, de
evitar la posibilidad de “presionar” de forma directa o indirecta desde las
inspecciones o con la tramitación de expedientes disciplinarios, de acabar con
la política de subvencionar a las Asociaciones judiciales (aunque es cierto se
ha empezado a poner coto a una situación en el que estas Asociaciones llegaban a
tener superávits gracias a las generosas subvenciones percibidas). Se trata en
definitiva de eliminar ámbitos de discrecionalidad que en ocasiones se acercan
peligrosamente a los de arbitrariedad.
Me parece que un órgano de
gobierno de los jueces configurado de manera muy distinta, donde las
responsabilidades que hay que asumir son mayores que las ventajas que se pueden
conceder tiene posibilidades de sortear los problemas del modelo actual.
Conviene no olvidar que la responsabilidad colegiada es siempre, por definición,
más difícil de determinar y de exigir y que el reparto por cuotas es más
sencillo cuantos más puestos hay que repartir. En todo caso, me parece que lo
esencial de este interesante debate es que por fin se ponga encima de la mesa el
grave problema que supone tener un órgano de gobierno de los jueces en el que no
confían no ya los ciudadanos, sino los propios jueces. Las respuestas a la
encuesta son inequívocas. |
