|
 El sector de la contratación pública en España es un verdadero motor de nuestra
economía, ya que representa casi una quinta parte de nuestro PIB, el 18,5 %, o
si lo expresamos en cifras más concretas alrededor de 194.000 millones de euros
anuales o más de 4.100 euros per cápita. Además, del adecuado diseño y de la
eficiencia en la ejecución de las políticas públicas dependen cuestiones de
trascendental importancia para los ciudadanos como son la sanidad, la educación,
el transporte o su seguridad.
Por eso, desde la creación de AESMIDE como Asociación de Empresas Contratistas
con las Administraciones Públicas, hace ahora 30 años, una de nuestras
principales preocupaciones ha sido la de impulsar sistemas de centralización y
racionalización en los procesos de gasto, que han producido ahorros
considerables en la gestión presupuestaria de las diversas instituciones
públicas con las que trabajamos.
Tanto nos preocupan estas cuestiones que nuestro gran foro anual, en el que
reunimos a representantes del sector público con responsabilidades en la
contratación y de empresas contratistas con las Administraciones, lo hemos
dedicado en su última edición, celebrada el pasado 26 de octubre, a debatir
sobre fórmulas para mejorar la gestión y el control de la ejecución de los
Presupuestos Generales del Estado. Entre las principales conclusiones a las que
llegaron los participantes en el encuentro, se señalaron algunos de los que son,
en mi opinión, los retos más importantes y urgentes de la contratación pública
en España
Uno de ellos es la necesidad de centralizar de manera racional los procesos de
contratación y de realizar una adecuada planificación presupuestaria a efectos
de una gestión más eficaz del gasto público. También se señaló que la
complejidad de la actual normativa de contratación pública hace más difícil de
compatibilizar el principio de legalidad con el principio de eficiencia y que
sería necesario reducir el tiempo medio de contratación actual que es de unos
seis meses, un plazo demasiado largo y que resulta muy perjudicial para las
empresas de nuestro sector.
Además, varios de los ponentes coincidieron en reclamar una mayor adaptación de
los Presupuestos a las necesidades y objetivos reales de las distintas
Administraciones Públicas, con el fin de evitar, entre otras cosas, una gestión
apresurada de los créditos al final del periodo presupuestario que conduce a
efectuar gastos no prioritarios o poco necesarios. Y pidieron que se
estableciesen mecanismos racionales para determinar, de manera clara e
inequívoca, la responsabilidad de los gestores en la cadena de la contratación
pública.
Por último, también se señaló la imperiosa necesidad de incrementar la
participación de las empresas españolas en los procesos de obtención de fondos
europeos y en los procesos de contratación internacionales, una cuestión que nos
preocupa especialmente desde AESMIDE y en la que tratamos de ayudar a nuestros
asociados. Porque nuestra principal misión como asociación es la de ejercer como
interlocutor activo entre el sector público y el sector privado, pero no sólo en
el ámbito nacional con las Administraciones Públicas españolas en sus distintos
niveles –General, autonómico y local-, sino también con organismos
internacionales como las Naciones Unidas, la Unión Europea o la Alianza
Atlántica, que manejan unos presupuestos de adquisiciones muy elevados y
representan una verdadera oportunidad de negocio para las empresas que contratan
habitualmente con el sector público.
Para ello, hemos desarrollado la externalización como forma de dar respuesta a
los proyectos de la Administración con las capacidades de nuestras empresas, y
lo hemos hecho, además, impulsando activamente a las pequeñas empresas, de tal
forma que nuestra asociación ha sido un ejemplo de convivencia y desarrollo de
proyectos en común entre empresas grandes y pequeñas pertenecientes a sectores
muy diversos. Una colaboración de la que han obtenido provecho tanto las
Administraciones Públicas, que han conseguido una mayor eficiencia en la gestión
de sus recursos, como las empresas, que han obtenido no sólo beneficios
estrictamente económicos, sino también otros como la especialización en la
materia desarrollada y la mejora de sus propias capacidades.
Nuestro objetivo es conectar necesidades de las Administraciones Públicas con
capacidades de nuestras empresas, lo que les permite desarrollar soluciones
“llave en mano” que ofrezcan la mejor relación coste-eficiencia, pero que a su
vez también permitan al sector público mejorar su servicio al ciudadano. Un
objetivo que debería hacerse extensivo, en mi opinión, a todo el sector de la
contratación pública en España, si queremos optimizar los métodos de
aprovisionamiento público de bienes y servicios y aumentar así la confianza en
las Administraciones Públicas y la competitividad de las empresas españolas. |
