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23 de NOVIEMBRE de 2015

Manuel Almenar, presidente ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura:
“Si queremos que la carrera judicial no dependa del devenir político, es necesario que las asociaciones busquemos puntos de encuentro comunes”

LAWYERPRESS / @LuisjaSanchez

Pocas noticias como su nombramiento a la presidencia de la APM han tenido tanta repercusión en los últimos días. En aquel Congreso de Logroño derrotó ampliamente al otro candidato y presidente actual, Pablo Llarena. Hoy la agenda de Manuel Almenar combina su trabajo como presidente de la sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra con reuniones de trabajo con el nuevo Comité Ejecutivo, también surgido de dicho evento interno y  encuentros con otros operadores jurídicos. El propio Ministro de Justicia, Rafael Catalá ha sido de los primeros en sentarse con él “ha sido una primera toma de contacto del nuevo equipo directivo así como el propio traslado de las conclusiones de nuestro Congreso. Se trata de crear líneas de actuación que permitan trabajar en el futuro”, apunta. Sobre la legislatura que está concluyendo su opinión es clara: “Ha habido como dos etapas, marcadas por los diferentes Ministros de Justicia que hemos tenido. La primera muy autista a nivel de reformas, encerrada en los muros del Ministerio y sin contar con los operadores jurídicos. A raíz de la llegada de Rafael Catalá al propio Ministerio hay otra segunda fase donde cambia el talante y se busca la opinión del experto: se ha plasmado en una serie de reformas, que podrán gustar o no, pero que revelan otra forma de afrontar los problemas de la justicia”, indica. En unos días tendrá lugar la reunión del Comité Ejecutivo para marcar la actividad de los dos próximos años. “Queremos ser el referente judicial que fuimos en la defensa del poder judicial independiente y del juez profesional y responsable y sus derechos”, comenta su presidente.

Magistrado Almenar, Usted tiene el reto de ubicar a la APM en el lugar que le corresponde como asociación mayoritaria de jueces que es.

Nuestra asociación ha estado trabajando en todo aquello que se le ha solicitado, lo que sí es cierto es que ha faltado comunicación y visibilidad en el entorno que le rodea y saber trasladar a los compañeros el trabajo que se estaba haciendo.

 Posiblemente eso ha sucedido porque el trabajo de la institución se ha centrado en determinadas personas y órganos de la asociación  y no se ha solicitado la participación del conjunto de la propia asociación.

“Pedimos al partido que salga ganador en las elecciones que defina un Pacto de Estado por la Justicia. Un acuerdo de amplio consenso en el que quede reflejado que no se utilizará la justicia como elemento de confrontación.”

De hecho, se ha llegado a decir que la propia APM es una asociación muy cercana al Ministerio de Justicia y al propio CGPJ. Esa cercanía no es bueno para esa visibilidad que usted busca.

Se ha dicho pero no es cierto ese comentario. Nosotros somos una asociación profesional que tiene entre sus fines la defensa de un poder judicial independiente por encima de todo.

APM apoyará cualquier iniciativa, venga de donde venga, que ayude a mejorar el funcionamiento de la justicia y que sea posible con el modelo de juez constitucional que defiende.

Apuesta por la salvaguarda del principio esencial de separación de poderes desde el respeto a la Constitución, defendiendo las condiciones profesionales que permitan a los jueces desarrollar su trabajo con total independencia.

Hasta ahora se han visto trabajando en bloque a las otras tres asociaciones judiciales, mientras que a la APM se alejaba de esos planteamientos.

Nuestra asociación sí se ha adherido en algunas concretas cuestiones. Lo que sí es cierto es que hará un esfuerzo de aproximación al resto de entidades judiciales que existen.

Si queremos que la carrera judicial no dependa del devenir político, es necesario que las asociaciones encontremos puntos de encuentro, sin perder nuestros principios como entidades propias.

Hay que darse cuenta que la Justicia es de todos. Ni de los jueces, ni de una asociación particular, es de todos los ciudadanos. De ahí que tengamos que buscar a nivel asociativo líneas de consenso claras.  Hemos empezado a hablar con otras asociaciones con la idea de tender puentes entre todas.

Mientras ustedes buscan consenso, el Ministro Catalá quiere controlar la presencia de jueces que fichan por partidos políticos. ¿Es partidario de cerrar las puertas giratorias a estos profesionales?

Es una cuestión compleja de analizar. Nadie duda que los jueces, por su experiencia y formación pueden hacer un gran papel en determinados cargos políticos.

Sin embargo, a su regreso de la arena política tras haber ocupado determinados cargos puede suscitar en la ciudadanía dudas de su imparcialidad. Y lo que es más grave puede incidir en la credibilidad de la institución.

Es necesario encontrar puntos de equilibrio para que el juez, si asi lo desea, aporte su experiencia en el ámbito político, y al mismo tiempo que esa aportación política, tras su finalización no genera ningún tipo de suspicacia.

¿Qué fórmulas contempla para este equilibrio?

Se nos ocurren varias. La primera que cuando regrese ese juez al ejercicio de su función jurisdiccional pase un tiempo en su destino y no pueda optar a cargos de libre designación o a cargos entre cuyas competencias esté el enjuiciamiento de aforados.

 No es lo mismo que el juez regrese a un juzgado de primera instancia, donde el riesgo de cuestionamiento de su independencia es nulo, que vuelva a destinos donde enjuicie a aforados.

Hay que darse cuenta que no es lo mismo presentarse bajo unas siglas en unas listas electorales, lo que supone asumir el programa electoral de esa formación política que actuar como gestor en un puesto de carácter ejecutivo, sea director general o Consejero de Justicia de determinada CCAA.

Dicho esto no estaría de más establecer un plazo prudencial durante el cual el juez deba permanecer en su destino. Así se evitarían las sospechas de que pudiera utilizar sus relaciones para acceder a otros puestos de carácter excepcional.

A punto de arrancar la carrera electoral para el próximo 20D, ya hay un partido que ha cuestionado la necesidad de mantener el CGPJ, como órgano de gobierno de los jueces.

En este debate creo que debemos de distinguir entre la institución en sí, el propio CGPJ y el modo que ha funcionado en estos treinta años.   Como institución fue un avance muy importante que aparece en la Constitución de 1978. Era el mecanismo que garantizaba la independencia del poder judicial. Hasta ese momento los jueces dependían del Ministerio de Justicia.

  Fue el propio legislador quien creo este órgano independiente para que gestionara la carrera de los jueces; sus nombramientos y acciones disciplinarias si las hubiera.

La creación y mantenimiento del CGPJ es fundamental para garantizar la independencia de los jueces y el recto funcionamiento de la administración de justicia en nuestro país.

Cualquier intento de vaciarlo de contenido o de suprimirlo, desde el punto de vista constitucional, generaría riesgos graves de retroceso en el sistema de garantías de libertades públicas y derechos fundamentales.

Pero en la práctica, la actividad del CGPJ ha sido muy cuestionada en estos años.

Es cierto. El CGPJ no ha funcionado como todos hubiéramos querido prácticamente desde su creación. Los problemas devienen del sistema de elección de los vocales, modificado tras la entrada en vigor de la LOPJ de 1985.

En un primer momento los vocales judiciales, doce eran elegidos por los propios jueces. Tras la citada reforma pasaron a ser elegidos por las Cortes Generales.

Este cambio en la elección generó en muchas esferas dudas sobre la independencia de los propios vocales, nombrados a propuesta de uno u otro partido. Siempre quedaba la etiqueta de conservador o progresista, en función del partido que les hubiera propuesto.

Al final hemos visto incluso que en el CGPJ los miembros del mismo han actuado en bloques, en función de la fuerza que les hubiera propuesto.

 Todo ello ha lastrado el funcionamiento de la institución y su credibilidad de cara a los ciudadanos.  De ahí las dudas que hay sobre el CGPJ que no deberían afectar a su existencia y sí a un cambio en su modo de elegir los vocales que lo componen.

“Queremos potenciar la comunicación fluida en ambos sentidos en la APM. Que Comité Ejecutivo y Permanente expliquen a los asociados lo que hacemos y que éstos nos den su opinión y sugerencias.”

¿Qué le pide la APM a este partido o partidos que salgan ganadores de las elecciones del próximo 20 de diciembre?

Les exortamos a que definan un Pacto de Estado por la Justicia. Un acuerdo en el que quede reflejado que no se utilizará la justicia como elemento de confrontación. Que impida que la justicia quede al socaire de los vaivenes políticos y del Gobierno de turno.  Hay que pedirles a los partidos políticos un compromiso por invertir en justicia.

Ese Pacto debería salvaguardar la separación de poderes y que al propio tiempo permita establecer líneas de consenso necesarias que vayan más allá de una legislatura. Que garanticen el recto funcionamiento del poder judicial y una administración de justicia bien dotada y que ofrezca a los ciudadanos un servicio de calidad, ágil y eficiente.

Colegas suyos señalan que no hay un modelo definido de Justicia y que el triunvirato formado por Ministerio, CGPJ y CCCAA no ha funcionado nada bien.

Coincido en el planteamiento. Que haya competencias compartidas no debería influir en el correcto funcionamiento de la administración de justicia.  Si queremos que la justicia funcione, obliga a las partes implicadas a un esfuerzo de coordinación.

Sería necesario que el Estado y las CCAA llegasen a un compromiso con el CGPJ para fijar unas pautas de actuación que permitan llevar a cabo de forma coordinada todos los trabajos necesarios para que la administración de justicia funcione.

En estos momentos son los profesionales, jueces, letrados administración de justicia o abogados los que con su trabajo están salvando las carencias del sistema. Esto no puede seguir así.

En una encuesta hecha por el propio CGPJ a la carrera judicial se indica que muchos jueces advierten que las transferencias de justicia a las CCAA han empeorado el servicio que se ofrece.

Ha sido la falta de coordinación a la que antes le aludía lo que está generando problemas entre las CCAA y el resto de órganos de gestión de la administración de justicia. 

Al mismo tiempo hay que reconocer que en algunas CCAA no ha existido una apuesta real por la justicia.  Solo cuando algunos políticos han tenido que rendir cuenta ante ella, es cuando ha surgido ese interés particular por su funcionamiento.

También dice esa encuesta que tres de cada cuatro jueces no creen que el CGPJ no defienda la independencia judicial de los magistrados.

Es cierto es un dato a tener en cuenta. Pero hay que puntualizar que el CGPJ no es el órgano de representación de los jueces, es su órgano de gobierno. Tenga en cuenta que la elección de los vocales no la hace los jueces, de ahí ese cuestionamiento del propio CGPJ.

De todas formas, sería bueno una implicación mayor del CGPJ en el quehacer diario de los jueces. A veces éstos se encuentran solos, aislados sin apoyo, expuestos a las críticas descalificatorias de cualquier grupo de presión o medio informativo.  En este caso se pide al CGPJ que sea más activo y defienda mejor a los jueces sin que éstos le pidan amparo con anterioridad.

¿Qué puede decirnos Manuel Almenar de sus primeros cien días al frente de la APM?

Se trata de poner en práctica a través de los órganos de la asociación de aquellos acuerdos aprobados en el último Congreso de Logroño.  Queremos potenciar la comunicación fluida en ambos sentidos. Qué Comité Ejecutivo y Permanente expliquen a los asociados lo que estamos haciendo y que éstos nos den su opinión y sugerencias.

Al mismo tiempo queremos que cualquier asociado que quiera participar en las áreas de trabajo que se ponen en marcha, esté en condiciones de hacerlo. La asociación no es solo su presidente, Comité ejecutivo o Comisión Permanente, somos todos.  Y la voluntad de la entidad es, por tanto, la suma de las voluntades de sus miembros.

A este respecto, se va a remodelar la página web para que estos objetivos de feedback y participación se incrementen. Cualquier asociado podrá plantear propuestas sobre el funcionamiento de la entidad al propio Comité Ejecutivo. Dentro de un par de semanas celebraremos una Comisión Permanente que establezca el programa de trabajo de la institución para los próximos dos años.

Todavía, más de la mitad de los jueces españoles no pertenecen a ninguna asociación judicial. ¿Qué tiene pensado para romper esta inercia?

Este es de un demérito que debemos apuntarnos todas las asociaciones. Hemos de conseguir que los compañeros recuperen la ilusión  y el orgullo de ser jueces. Muchos están agobiados por el exceso de trabajo que tienen y han visto que sus peticiones para el mejor funcionamiento de la justicia no son atendidas.

Habrá que trabajar duro en ese sentido. Seguro que podremos recuperar a muchos compañeros que nos podrán ayudar en el mejor funcionamiento de la justicia, a través de los cauces establecidos en la LOPJ que son las propias asociaciones judiciales.

 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
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