PIE DE FOTO: Antonio Zuera Hernández (Baker & McKenzie),
Luis Briones Fernández (Baker & McKenzie, coordinadores del proyecto); Ricardo
Gómez Acebo del Solar (presidente de la Fundación Impuestos y Competitividad);
Javier Pérez Fadón (subdirector de impuestos patrimoniales de la DG de Tributos
del MINHAP); Fernando Prats Mañez (director general de tributos de la CA de
Madrid); Enrique Giménez-Reyna Rodríguez (inspector de Hacienda del Estado en
excedencia); Rosana Navarro Heras (secretaria general de Coordinación Autonómica
y Local del MINHAP); Juan José Rubio Guerrero (catedrático de Hacienda Pública y
sistema fiscal de la Universidad Castilla La Mancha); Pedro Pérez Eslava
(director general de tributos de la CA de Cantabria) y Pedro Herrera Molina
(catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la UNED).
La Fundación Impuestos y Competitividad, que agrupa a ocho
grandes bufetes de abogados que operan en el país, reclama eliminar el Impuesto
sobre el Patrimonio (IP) en España, en línea con la propuesta que realizó en
2014 el Comité de Expertos para la reforma fiscal. Además, aboga por que ningún
impuesto similar ocupe el vacío de esta figura tributaria. Propone mantener el
Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones asegurando una tributación muy reducida
para las transmisiones entre miembros de la familia nuclear, y en los demás
casos una tarifa con tipos proporcionales aplicables por grupos de parentesco,
en todo caso, inferiores al 15%. Hace hincapié en la necesidad de armonizar
ambos tributos en todas las regiones, mediante normativa estatal de obligada
aplicación, manteniendo en ambos impuestos una banda de tipos impositivos que
otorgue margen de acción política a las Comunidades Autónomas. De ser posible
esa armonización debería extenderse a País Vasco y Navarra. La Fundación
Impuestos y Competitividad nació en septiembre de 2011 del acuerdo entre 8 de
los principales expertos en el asesoramiento fiscal con proyección internacional
establecidos en España que integran su patronato: Baker & McKenzie; Cuatrecasas,
Conçalves Pereira; Deloitte Abogados; EY Abogados; Garrigues; KPMG Abogados; PwC
Tax & Legal Services y Uría Menéndez.
La Fundación planteaba ayer estas modificaciones en la
presentación de su estudio “Propuestas para la reforma de los impuestos sobre
el Patrimonio y sobre Sucesiones y Donaciones en España”, dirigido y
coordinado por Luis Briones y Antonio Zurera, socios de Baker & McKenzie, y en
el que han participado profesionales de todas las firmas que integran el
patronato de la Fundación.
También han colaborado Juan José Rubio, catedrático de
Hacienda Pública y Sistema Fiscal de la Universidad de Castilla La Mancha, y
Enrique Giménez- Reyna Rodríguez, Inspector de Hacienda del Estado en
excedencia, así como Javier Perez Fadón, subdirector general de Impuestos
Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos del Ministerio de Hacienda y
Administraciones Públicas, y Fernando Prats Máñez y Francisco Pozuelo,
directores generales de Tributos de las CCAA de Madrid y Aragón,
respectivamente.
La sesión de presentación fue presidida por Rosana Navarro
Heras, secretaria general de Coordinación Autonómica y Local del MINHAP, que
realizó algunas consideraciones sobre el sistema de financiación autonómico, y
el papel atribuido a loa tributos cedidos, con especial referencia a las dos
figuras objeto de estudio en el proyecto.
En el informe, la Fundación Impuestos y Competitividad
concluye que en caso de mantener el IP se debería bajar el tipo marginal y
asegurar que no supere el 1,5%, a cambio de reducir las exenciones e incentivos
fiscales, "salvo aquellos cuya eliminación pudiera tener una repercusión
negativa significativa sobre el crecimiento y el empleo como, por ejemplo, los
concedidos a las empresas familiares". En este sentido, recomienda fijar para
todo el Estado una horquilla de tipos marginales mínimos y máximos dentro de los
cuales podrían elegir libremente las Comunidades Autónomas.
El tipo máximo debería revisarse de forma anual teniendo en
cuenta indicadores como el tipo de interés de los Bonos del Estado español a un
año. El objetivo es que el impuesto nunca supere la rentabilidad potencial de
los propios bienes.
En la misma línea, aboga por que se establezca un mínimo
exento más elevado que el actual que sea obligatorio para todas las CCAA, así
como por mantener el límite conjunto de cuotas del IRPF y el IP para que la
carga fiscal personal a soportar por un contribuyente no pueda ser superior a un
porcentaje de la renta obtenida por el mismo en el ejercicio.
La Fundación también pide en su estudio que se revisen las
múltiples obligaciones actuales de suministrar información a las
administraciones públicas sobre el patrimonio personal para unificar su
contenido y forma de presentación, evitando las duplicidades e ineficacias de la
situación actual y asegurando la prevalencia de los principios de
proporcionalidad y no discriminación que no siempre se respetan en el complejo
ordenamiento español. Por otra parte, cree necesario objetivar los métodos de
valoración para evitar la inseguridad jurídica y la inequidad que supone valorar
de forma distinta activos similares y para facilitar el cumplimiento y la
gestión del impuesto.
Revisión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones
La Fundación insta a que se regulen mediante normativa
estatal de obligada aplicación algunos aspectos estructurales del Impuesto sobre
Sucesiones y Donaciones (ISD). En concreto, también es partidaria de elevar los
mínimos exentos a cambio de suprimir o reducir beneficios fiscales y exenciones,
"salvo aquellos cuya reducción o eliminación pudiera tener un efecto negativo
sobre el crecimiento y la creación de empleo como, por ejemplo, los concedidos a
la empresa familiar".
Además, propone la sustitución de la tarifa progresiva del
ISD por tipos proporcionales aplicables a cada grupo de parentesco, reduciendo
éstos a tres: la familia nuclear (cónyuge, ascendientes y descendientes),
familiares hasta el cuarto grado y el resto.
Por último, en su estudio también aboga por establecer un
nivel mínimo de gravamen aplicable en todas las CCAA, con tipos fijos muy
reducidos sobre las transmisiones entre miembros de la familia nuclear e
inferiores al 15% en los demás casos. En ese contexto, las regiones podrían
aumentar el tipo de gravamen hasta un máximo que no debería superar el 5% en
relación con la familia nuclear ni el tipo aplicable a las ganancias
patrimoniales en el IRPF en el caso de las adquisiciones no familiares.