Los ciudadanos creen que la Administración de Justicia funciona en conjunto mal: lo reconoce un 53% de los españoles, frente a un 32% que considera que actúa bien. Ambos porcentajes han ido creciendo a lo largo de los últimos 28 años, a costa de quienes en 1987 consideraban que funcionaba “regular”. Con el paso de los años la opinión de los ciudadanos se ha ido polarizando, acentuándose la distancia entre los porcentajes que emiten un diagnóstico favorable y desfavorable: en 1987, era de 8 puntos, y ahora de 21 puntos. En este contexto reclaman  una reforma inmediata y a fondo para mejorar el funcionamiento de la Justicia y un Pacto de Estado que evite que ésta tenga intromisiones externas. Estas son las principales peticiones que realizan los ciudadanos españoles a los políticos según los datos extraídos del Barómetro Externo 2015 realizado por Metroscopia y encargado por el Consejo General de la Abogacía Española.

La Justicia ha tocado techo y empieza a perjudicar la viabilidad de nuestro Estado de Derecho esta es una de las conclusiones del Barómetro Externo realizado por Metroscopia y que Juan José Toharía, su director, explicó con detalles en una presentación pública. A este respecto hay datos que dejan claro esa negativa percepción: El lenguaje y los procedimientos de la Justicia son excesivamente complicados y difíciles de entender para el ciudadano medio (82% . En general, la Justicia sigue sin estar organizada y sin funcionar como cabría esperar en una sociedad moderna y avanzada (80%). Con los medios existentes y su actual forma de funcionar nuestra Justicia no puede contribuir con la eficacia y rapidez que debería a investigar y castigar la corrupción (77%)

También se tiene la percepción que en muchas ocasiones no sirve de nada ganar un pleito pues en la práctica la sentencia es papel mojado ya que o no se cumple o se cumple tarde y mal (73%) Estas ampliamente mayoritarias críticas, por sí solas, configuran a la Justicia como una institución organizativamente desfasada y funcionalmente poco eficiente. Al mismo tiempo, y no sin cierta paradoja, una amplia mayoría ciudadana considera que:

• Con todos sus defectos e imperfecciones, nuestra Administración de Justicia constituye la garantía última de defensa de la democracia y de las libertades (71%)

• Los jueces españoles son tan buenos como los de cualquier otro país de la UE: lo afirma el 69% de los ciudadanos, diez puntos más que en 2011

• En general, los jueces suelen ser imparciales de entrada con las partes implicadas, lo dice el 50%, frente al 42% con opinión opuesta

Frente a la situación de nuestra justicia,” hay otro dato a mencionar que es el mantenimiento de la consideración social de la abogacía frente a otras instituciones “ Este es un dato que hay que explicar en un entorno; es la primera entidad jurídica por encima del resto, sobre todo porque han logrado transmitir que su trabajo tiene un fin social” comenta Toharia, quien destaca que este posicionamiento de la abogacía en nuestro país es algo sorprendente si tomamos ratios de EEUU u otros países donde tanto por sus honorarios como por su falta de confianza no es tenida muy en cuenta por los ciudadanos.

Para este sociólogo es evidente que entre 2011 y 2015, siguen ocupando los primeros lugares las instituciones que la ciudadanía percibe como “altruistas”: es decir, las que se asocian más directamente con la defensa del bien común (científicos, policía, fuerzas armadas, Seguridad Social, Cáritas y las pymes, a las que se estaría reconociendo su capacidad de resiliencia en circunstancias sumamente adversas). Esta suele ser la pauta común en prácticamente todos los países.

Abogados españoles, mayor satisfacción social

Respecto a los abogados,  “en principio, podría incluso resultar sorprendente por la naturaleza de sus funciones: el abogado goza ciertamente de la confianza total de sus representados, pero al mismo tiempo —y con toda probabilidad en igual medida—concita desconfianza y recelo en la parte contraria (que, a su vez, confía plenamente en su abogado), apunta el presidente de Metroscopia.

De hecho, a su juicio, los españoles consideran que, mediante la total entrega a la defensa de sus representados, los abogados realizan una contribución a la Justicia: es decir, llevan a cabo una función de interés público. Algo que, sorprendentemente, no parece tener tan claro nuestra ciudadanía respecto a jueces y tribunales. Estos no solo no logran superar con alguna holgura —como cabría esperar en principio— a los abogados en el ranking de confianza sino que, en realidad, llevan ya varios años quedando ligeramente por detrás.

Toharia nos explicó que entre  quienes alguna vez han acudido al despacho de un abogado (56% de la población), el grado de satisfacción con los servicios profesionales recibidos sigue manteniéndose a un nivel muy elevado. La satisfacción de conjunto es puntuada con un 7.0, destacando de modo especial la atención y el trato recibidos (7.9 de nota media), así como la preparación técnica del abogado y su interés por el asunto encomendado (7.3 y 7.2, respectivamente).” Incluso el importe de los honorarios cobrados merece una evaluación positiva (6.5): la relación coste/beneficio que implica recabar asistencia letrada es percibida de forma favorable por quienes han utilizado alguna vez los servicios de un abogado. Algo que queda confirmado por el hecho de que el resultado conseguido sea evaluado con un asimismo sustancial 6.6.”, apunta nuestro interlocutor.

Otro dato que supimos es que el  grado de contacto de la población española con su sistema jurídico mantiene la pauta de gradual incremento detectada ya en los Barómetros anteriores. “En el momento actual los españoles que dicen haber acudido al despacho de un abogado para consultar algún problema de tipo jurídico representan ya un 56%, el porcentaje más alto jamás registrado, superior en 33 puntos al registrado en 1978 “, lo que demuestra la incidencia de la crisis en la sociedad y como los conflictos han crecido.

En este sentido, los datos de actual sondeo confirman lo ya detectado en los Barómetro de 2008 y 2011: la utilización de los servicios de los abogados tiende a ser similar en todos los sectores sociales. Este dato invita a concluir que la consolidación del actual sistema de Justicia Gratuita parece estar logrando que nadie que pueda necesitar asistencia jurídica se vea impedido de conseguirla por falta de medios económicos. “ De hecho se valora bastante bien el trabajo que los abogados del Turno de Oficio hacen para los sectores más desfavorecidos de la sociedad”, apunta nuestro interlocutor