Transparencia Internacional España ha pedido a los Partidos políticos, en primer lugar, un claro respeto social y a la voluntad de los ciudadanos que, desde hace tiempo, vienen demandando acabar con la corrupción en los propios partidos y en las instituciones públicas, y por otra parte, que tengan voluntad de acuerdo para hacer realidad un Pacto político por la integridad y contra la corrupción, después del 20 D, independientemente de quien gane las elecciones. Durante la celebración de una Mesa Redonda celebrada esta mañana en la Fundación Ortega y Gasset-Marañón, bajo el lema: “Los partidos frente a la corrupción: Sus propuestas para la regeneración”, el Presidente de TI-España y moderador del acto, Jesús Lizcano, les hizo esta petición a los representantes de los partidos políticos invitados al acto, y les preguntó a todos ellos sobre sus propuestas electorales en tres aspectos concretos: regeneración democrática, transparencia y lucha contra la corrupción.

Participaron en el acto en representación de los Partidos: Agustín Conde, Diputado y Portavoz Adjunto del Partido Popular en el Congreso; Ignacio Urquizu, Senador del Partido Socialista Obrero Español; Miguel Ongil, Diputado de la Asamblea de Madrid por Podemos; Dolores González, Diputada de la Asamblea de Madrid por Ciudadanos; Julio Lleonart, Diputado del Congreso por Unión Progreso y Democracia; y Eva Abril, candidata al Senado por Ahora en Común (Izquierda Unida).

Respecto a la regeneración democrática, Eva Abril dijo que no se da de manera natural en casi ningún partido, que son partidarios de eliminar el Senado y que no se pueda ser candidato más de dos legislaturas, con ampliación a una tercera en determinados casos.

Por su parte, Julio Lleopart se mostró partidario de que la regeneración democrática debe aplicarse en los partidos y ser ejemplarizante. No pueden ir imputados en las listas, y si lo fueran después de ser elegidos, deben de dejar inmediatamente el cargo. Pidió hacer un pacto antitransfuguismo, suprimir los aforamientos y despolitizar la televisión pública y la Justicia.

Miguel Ongil, manifestó la necesidad de una Justicia independiente y erradicar la corrupción para alcanzar una calidad democrática necesaria, eliminar los privilegios de la clase política, y que los ciudadanos conozcan en qué se gasta su dinero y solucionar los problemas territoriales.

Dolores González, por su parte, abogó por el reconocimiento de la transparencia como un derecho fundamental, alertó sobre la invasión de la politización en las instituciones públicas y en el Poder Judicial, y pidió más transparencia en las cámaras regionales y en la financiación autonómica, así como la limitación de los mandatos y la regulación de los lobbies.

El representante del PSOE, Ignacio Urquizu, pidió respeto hacia nuestras instituciones, más dinamización en las comisiones de investigación, limitación de los mandatos del Presidente, democratización interna de los partidos, y medios de comunicación de calidad, especialmente los públicos.

Agustín Conde, en representación del PP, manifestó que en España no hay baja calidad democrática, sino al contrario, es una de las grandes democracias del mundo, que solo hay que hacer funcionar bien lo que ya está y que, por mucho que se diga lo contrario, la Justicia es independiente.

En cuanto a la prevención y lucha contra la corrupción, los políticos se centraron, principalmente, en las 10 medidas que TI-España ha elaborado para evaluar el grado de compromiso electoral contra la corrupción de los partidos, que valoraron, en general, muy positivamente.

Las 10 medidas son:

1.      Reforma de la legislación electoral para bloquear las listas cerradas de los partidos.

2.      Publicación de la liquidación de gastos e ingresos electorales (en los 3 meses siguientes a las elecciones).

3.      Retención de toda subvención pública a los partidos políticos que no hayan remitido sus cuentas al Tribunal de Cuentas.

4.      Cumplir estrictamente las recomendaciones sobre transparencia financiera del Consejo de Europa (GRECO).

5.      Prohibición legal de las donaciones de empresas (u otras personas jurídicas) a los partidos.

6.      Debate parlamentario anual sobre aquellos partidos políticos que estén en situación económica de quiebra.

7.      Una Ley de protección al denunciante de corrupción, fraude, abuso o despilfarro.

8.      Cambiar la legislación para limitar los privilegios jurídicos y judiciales de los aforados.

9.      Limitación al máximo de la concesión de indultos, excluyendo, en todo caso, los delitos por corrupción.

10.  Introducción en los distintos niveles educativos de materias y contenidos éticos, de valores, y contra la corrupción.

En un segundo turno de intervenciones, Eva Abril, de Ahora en Común (IU), señaló que un delito puede prescribir jurídicamente pero no moralmente y en España no se penaliza demasiado la corrupción por los votantes. Pidió que se haga una Ley Anticorrupción, endurecer las penas, que se controle el enriquecimiento ilícito, 30 años de inhabilitación de cargo público a los corruptos y que devuelvan el dinero.

Julio Lleopart, de UPyD, dijo que nos falta entender cómo la corrupción afecta al bolsillo de todos, no llega bien a la ciudadanía y la falta de transparencia nos lleva a la corrupción. Además, añadió que hay que dar mayor publicidad a los sueldos, perseguir la malversación imprudente de caudales públicos, y proteger a los funcionarios que puedan denunciar delitos de corrupción.

Para Dolores González, de Ciudadanos, existen dudas sobre la independencia del Poder Judicial además de mala praxis en los sistemas de contratación. Hay que eliminar las barreras de entradas para pedir información y publicar las agendas de los políticos para saber con quién se reúnen.

La desigualdad es causa de la corrupción, para Miguel Ongil, de Podemos. En su intervención pidió acabar con la impunidad de los delitos de corrupción, los indultos y los aforamientos, e inhabilitar a los corruptos y proteger a los denunciantes. También, abogó por limitar el endeudamiento de los partidos y limitar las donaciones, teniendo que hacerse públicas las que superen los 5.000 euros. Pidió, además, la tipificación de los delitos de corrupción, una ley de cuentas, y controlar las cuentas por parte de los ciudadanos..

Ignacio Urquizu, del PSOE, pidió medidas para la transparencia y contra la corrupción, protección a los funcionarios que denuncian estos casos, que los corruptos respondan con sus bienes e inculcar valores en el sentido educativo para prevenir la corrupción.

Agustín Conde, del PP, afirmó que la corrupción es un problema que ha afectado a nuestro país, y que hay que combatirla poniendo ante la justicia al que delinca y aprobando medidas, como ha hecho este Gobierno, que hagan cada vez más difícil que se puedan cometer estos actos. No se pueden condonar ya las deudas de los partidos ni tener préstamos más bajos que la media del mercado.

Finalmente, el Presidente de TI-España, Jesús Lizcano, les pidió a todos los representantes de los partidos que participaron en la Mesa Redonda, que se pronunciaran sobre la voluntad de realizar un gran Pacto político por la integridad y contra la corrupción, después del 20 D, y todos respondieron afirmativamente y apoyaron la firma de dicho Pacto.