Juristas de toda índole; abogados, magistrados del Supremo o de la Audiencia Nacional, con expertos académicos; de sindicatos y la empresa han constituido durante los últimos cuatro meses un Grupo de Trabajo que ha venido trabajando en FIDE de cara a buscar una nueva ordenación del trabajo y de las relaciones laborales. En la tarde ayer, supimos el contenido del documento, con cuarenta y seis medidas consensuadas para mejorar este escenario laboral, organizadas en cuatro apartados: Marco General, Condiciones de Contratación, Flexibilidad Interna y Despido, cuatro áreas muy interrelacionadas entre sí. Fue María Emilia Casas, Catedrática del Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social y Presidenta Emérita del Tribunal Constitucional quien esbozó el contenido del citado informe: “Ha llegado de consensuar un nuevo marco de las relaciones laborales. La legislación laboral es tan importante que debería haber un pacto político entorno a ella, igual que se habla de Pacto de Estado sobre Educación o respecto a la cuestión territorial. Eso aportaría mucha seguridad a las relaciones laborales y mayor calidad en el empleo”·, opina la propia María Emilia. En la foto, los integrantes de este Grupo constituido en FIDE, posan para nuestra publicación, tras la presentación de las citadas conclusiones.

En vísperas de las próximas elecciones hemos conocido las conclusiones de este Grupo de Trabajo que constituyó FIDE antes del verano.  “No trata de ser una reforma más ni una enmienda a la actual reforma laboral, creemos que en un momento como el actual el pacto político y el social es clave para mayor estabilidad en nuestro marco de relaciones laborales”, señala la coordinadora de este Grupo. Para esta experta, es fundamental mayor seguridad jurídica desde normas mejor hechas y de mayor calidad técnica  que las actuales, asi se evitaría la intervención de los jueces en determinados momentos. “Las medidas que han fomentado bonificaciones empresariales  en determinados contratos no han funcionado y creemos que lo mejor es que vayan hacia l formación profesional de cara a buscar empleo de calidad”, comenta. Esta nueva ordenación hay que plantearla, así lo señala el documento en un marco europeo. “De esta forma habría que modificar la regulación actual del despido colectivo dentro de la directiva comunitaria”, afirma.

Los expertos han advertido como males endémicos del actual modelo de relaciones laborales la abusiva contratación temporal, enraizada en la cultura del país, junto al uso notable del despido disciplinario. “Se trata de buscar el modelo europeo donde el despido objetivo supondría el 80 por cien de los despidos totales. A lo largo de la crisis se han contabilizado cinco millones de despidos disciplinarios y el descenso de los eres”, aclara nuestra interlocutora.  Al mismo tiempo, Casas reconoce que las medidas de flexibilidad interna en las empresas no son sencillas de manejar por las empresas. “Todos estos elementos están relacionados. Si nos centramos en la contratación temporal, como medida de choque, el empresario no busca medidas de flexibilidad internas”, indica. Al mismo tiempo, el documento del que estamos hablando denuncia la falta de medios contundentes para perseguir esos usos indebidos de la propia contratación temporal y despido disciplinario. También habla de la reforma del vigente Estatuto de los Trabajadores para adaptarlo a la nueva realidad del país.

Despidos colectivos que se judicializan

Sobre los despidos colectivos, uno de los caballos de batalla de la última reforma laboral, muchos de ellos tumbados por los jueces, los expertos reconocen que impulsar desde una pyme una práctica de este tipo es complicada. “En este tipo de procedimientos es fundamental un asesoramiento muy completo porque es una práctica compleja. Se maneja mucha documentación e información del empresario a los representantes de los trabajadores. Al mismo tiempo hay que tener la certidumbre que está bien cubierto el periodo de consultas, de manera que luego ese despido no será nulo por motivos formales”, indica. A su juicio para evitar esa judicialización es mejor apostar por el acuerdo “éste presume la existencia de las causas y limita luego la litigiosidad sobre la existencia de la causa”, subraya. Desde este grupo de trabajo se observa que hay ordenaciones vigentes que son contradictorias entre sí y no producen los resultados que se pudieran esperar.

En su intervención, María Emilia Casas recuerda que muchos ordenamientos europeos están en trance de renovación en este contexto de crisis. Y señala que tanto Alemania como Bélgica tienen un nivel superior al ordenamiento jurídico español. “Muchos países están reflexionando que hay que hacer en esta crisis que se está viviendo; en Francia en julio se han publicado varios libros sobre la ley y el trabajo y ya se habla de reformar el Código de Trabajo de este país. Se ha generado un debate, como el que queremos que se genere en nuestro país con el documento que estamos presentando, porque algunas propuestas que presentamos son abiertas”, subraya. Sin embargo, pese al movimiento de cambio que hay en Europa no cree que se pueda trasladar a nuestro ordenamiento ninguna otra medida de otra jurisdicción vecina “lo hemos visto, que una institución sacada de su contexto y trasladada a otro, no va a dar buen resultado”, advierte. Pese a ello, reconoce que los despidos sin causa y con causa italianos podrían acercarse a nuestra normativa.