La futura digitalización de la justicia preocupa a todos los estamentos jurídicos. Ese 1 de enero establecido por mandato legal por el Ministro Catalá será el arranque de un proceso irreversible y necesario para nuestra administración de justicia. También es claro que habrá que esperar varios meses para que esa modernización se logre de forma uniforme. En principio en la reunión mantenida ayer entre Carlos Lesmes, presidente del CGPJ y del TS y Manuel Almenar, nuevo presidente ejecutivo de la APM (Asociación Profesional de la Magistratura), se abordó este tema y otros relacionados con la carrera judicial. El apoyo de esta asociación al proceso de modernización de nuestra justicia es claro, siempre y cuando se tengan los medios personales y materiales suficientes para apostar por ellas, cuestión que ahora parece complicada, cuando ya ha habido varias CCAA, entre ellas Valencia y Andalucía que ya han anunciado que tienen problemas de liquidez importante. Desde este colectivo judicial hay la preocupación que estas disfunciones puedan generar una justicia con dos velocidades; una equipada y otras con deficiencias. Desde la propia asociación se ha pedido a las administraciones implicadas se dote de los suficientes medios para lograr que esa justicia digital sea uniforme.

Arranca con fuerza el trabajo de Manuel Almenar y su Comité Ejecutivo que tuvo en la tarde de ayer su primera reunión tras aquellos resultados del último Congreso que eligió a este magistrado gallego nuevo presidente de la APM. De la reunión que mantuvo con Carlos Lesmes, presidente del TS y del CGPJ, se ha sabido que se abordaron temas relacionados con la carrera judicial y otras cuestiones, como la tecnológica que preocupa mucho a todos los operadores jurídicos.  También el encuentro de trabajo ha servido para que ambas instituciones supieran cuáles son sus agendas de trabajo para los próximos meses. Lo que dirá el futuro es cuál va a ser el posicionamiento de APM respecto al propio CGPJ y si estará tan próximo como en el mandato del anterior mandatario Pablo Llarena, ahora candidato para una plaza en la Sala Segunda del Tribunal Supremo.

En esta Ejecutiva se han fijado las líneas de trabajo para los próximos meses, una estrategia que ya nos adelantaba el propio Almenar en una reciente entrevista a nuestra publicación. Se trata de estudiar un nuevo modelo de organización de carrera judicial apostando por los Tribunales de Instancia donde se respete el principio de independencia e inamovilidad de los jueces. A este respecto otra de las prioridades es que se encuentre una regulación de los JAT, Jueces de Adscripción territorial, muchos de ellos sin destino claro. Otra línea de trabajo de los próximos meses girará sobre las condiciones profesionales de los jueces, ahora la mayoría con una sobrecarga importante y donde según afirmaba el propio presidente de la APM es fundamental que se ponga en marcha el Plan de Prevención de Riesgos Laborales aprobado en la primavera de este año pero aún inactivo, y así se ha pedido en el dia de hoy al CGPJ y su presidente. La tercera línea de trabajo es el diagnóstico que se hará que cada orden jurisdiccional y proponer soluciones que se tengan en cuenta para futuras reformas legislativas.

Necesario un Pacto de Estado

Tanto Manuel Almenar como su Comisión Ejecutiva tienen claros que la reforma profunda de la administración de la Justicia debe de venir de un Pacto de Estado en el que intervengan partidos políticos y operadores jurídicos consensúen los pasos que haya que dar tras el próximo 20D. En el ánimo de este colectivo judicial está en que se respete la tutela judicial de los ciudadanos y se ofrezca el servicio de calidad que ahora, por determinadas circunstancias, no se está dando.  Para el presidente ejecutivo da la APM es fundamental que la justicia no dependa del Gobierno de turno y que sirva para mejorar la relación entre Gobierno, CGPJ y CCAA, que hasta la fecha no ha sido todo lo bueno que se esperaba.  Desde su punto de vista hay que buscar ese Pacto institucional a lo largo de varias legislaturas y sacar a la justicia del debate político.

Sobre la falta de referencias claras en los programas de los partidos políticos que acuden al 20D, donde solo han hablado de lugares comunes que ya todos conocemos, el presidente de la APM tiene una doble lectura. En primer lugar se puede ver como que no tienen propuestas claras y podría ser algo negativo. Desde un lado positivo lo entiende como que no hay propuestas que definan una posición, sino que hay está la puerta abierta a consensuar esos posicionamientos con otras fuerzas políticas. La APM sigue defendiendo como una de sus ideas básicas un CGPJ formado por 20 vocales, siendo los vocales judiciales elegidos por los jueces, modelo que podría mejor garantizar la independencia judicial, ahora cuestionada. Fuera de este esquema que defiende este colectivo, creen que cualquier otro planteamiento puede ser una fuente de problemas tanto para el funcionamiento del propio CGPJ como de la percepción que se tenga del mismo organismo.

Dentro de unos días entrará en vigor la Lecrim, reforma procesal penal parcial que ha generado mucha polémica y peticiones de una mayor vacatio legis ante la falta de medios de nuestros jueces y fiscales. Almenar tiene claro que la puesta en marcha de esta reforma va a suponer una mayor entrega de los jueces en su quehacer diario para salvaguardar las carencias del sistema. Es consciente que el voluntarismo no se puede mantener en el tiempo sino se ofrecen los medios para poder desarrollar ese trabajo. Desde la APM se valora de forma positiva reformas de la Lecrim como la intervención telefónica de las comunicaciones y el control judicial, la propia doble instancia penal que tendrán los TSJ, tribunales Superiores de Justicia y las reformas de los plazos, tan criticadas. En este tema de los plazos, la asociación mayoritaria de los jueces echa en falta la supresión de los recursos contra resoluciones dictadas en fase de instrucción, salvo que afectasen a derechos fundamentales. Si se fijan esos plazos de seis y dieciocho meses hay que impedir maniobras de algunas de las partes que dilaten el proceso con diferentes recursos de reforma y apelación.

Respecto a la implantación de la doble instancia penal en los Altos Tribunales autonómicos, el presidente de APM advierte que esta es una exigencia que proviene de nuestra Constitución y también de los convenios internacionales derivados por España. Esto ha hecho hasta ahora que el Tribunal Supremo hiciera una explicación extensiva del recurso de casación con la finalidad de poder entrar a valorar la prueba y, por tanto, convertirse en una provisional segunda instancia, cuando no lo es.  Con la reforma de la Lecrim viene a salvar esa situación aunque tendrá que venir acompañada de las plazas suficientes para que exista esa sala de apelación. Fuentes del Ministerio señalaban a esta publicación que hay una previsión de cuarenta y cinco plazas para el próximo año, algunas de las cuales irán estos Tribunales.