Eloy Velasco, juez de la Audiencia Nacional reiterar en un auto a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y entrega de 17 militares de aquel país presuntamente implicados en la matanza de varios jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría, ocurrida en la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de 1989.

En el auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda esta medida ante el “giro jurisdiccional observado” en este caso y “con el compromiso de formalizar las demandas extradicionales en caso de que haya detenciones”.

El juez explica el recorrido de este procedimiento y recuerda que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia de El Salvador limitó el alcance de la orden internacional de detención cursada en mayo de ese año (difusión con código rojo de Interpol) a la búsqueda y localización de los procesados, no así a su captura, por lo que se denegó su entrega a España.

Cuatro años más tarde, el pasado mes de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador reconoció, dice el auto, el carácter “que habilita a las notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas por la ley”.

Tras esa resolución, el 16 de diciembre pasado la Asociación pro Derechos Humanos de España y la Asociación de Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia solicitaron al juez la reiteración de las órdenes de detención y entrega, excepto para dos de los militares procesados, de lo cual se dio traslado a la Fiscalía, que emitió informe interesando el mantenimiento de las órdenes internacionales vigentes.

Posteriormente, continúa el auto, se recibió el 30 de diciembre el informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en el que se manifiesta su disconformidad con la resolución inicial denegatoria de la Corte Suprema de Justicia, recomendando su modificación en el sentido de permitir la captura de las personas perseguidas por la ley.

Por todo ello, a la vista de lo expuesto por el Ministerio Fiscal y en virtud del informe de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, así como del escrito de las acusaciones en el que se adjunta la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador, “en los que se reconoce el asesinato como expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de la existencia de guerra internacional y, por tanto, como una violación de las normas internacionales imperativas, estando el Estado en cuyo territorio sucedieron los hechos obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la orden de detención con fines de extradición emitida por el Estado español, procede reiterar a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y entrega que se expidieron por este Juzgado al objeto del cumplimiento de las mismas”, dice el auto.

En consecuencia, esta mañana el Juzgado Central de Instrucción 6 ha dado traslado a Interpol y Sirene España de las 17 órdenes de detención y se ha mandado copia al jefe de la Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol El Salvador y a la Dirección General de Policía Nacional Civil de ese país para que se proceda a las detenciones, en cuyo caso España solicitará la extradición.  

Los procesados de los que se pide su detención y entrega son Inocente Orlando Montano, Rafael  Humberto Larios López, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, José Ricardo Espinosa Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Francisco Elena Fuentes, Oscar Mariano Amaya Grimaldy, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vasquez, Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo Benavides Moreno, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar, Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León Linares.