Eloy Velasco, juez de la
Audiencia Nacional reiterar en un auto a las autoridades de El Salvador las
órdenes de detención y entrega de 17 militares de aquel país presuntamente
implicados en la matanza de varios jesuitas, entre ellos Ignacio Ellacuría,
ocurrida en la Universidad Centroamericana (UCA) en noviembre de 1989.
En el auto, el titular del
Juzgado Central de Instrucción 6 acuerda esta medida ante el “giro
jurisdiccional observado” en este caso y “con el compromiso de formalizar las
demandas extradicionales en caso de que haya detenciones”.
El juez explica el recorrido de
este procedimiento y recuerda que en agosto de 2011 la Corte Suprema de Justicia
de El Salvador limitó el alcance de la orden internacional de detención cursada
en mayo de ese año (difusión con código rojo de Interpol) a la búsqueda y
localización de los procesados, no así a su captura, por lo que se denegó su
entrega a España.
Cuatro años más tarde, el pasado
mes de agosto de 2015, la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de
Justicia de El Salvador reconoció, dice el auto, el carácter “que habilita a las
notificaciones rojas para llevar a cabo la captura de las personas perseguidas
por la ley”.
Tras esa resolución, el 16 de
diciembre pasado la Asociación pro Derechos Humanos de España y la Asociación de
Antiguos Alumnos del Colegio San José de la Compañía de Jesús de Valencia
solicitaron al juez la reiteración de las órdenes de detención y entrega,
excepto para dos de los militares procesados, de lo cual se dio traslado a la
Fiscalía, que emitió informe interesando el mantenimiento de las órdenes
internacionales vigentes.
Posteriormente, continúa el
auto, se recibió el 30 de diciembre el informe de la Procuraduría para la
Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador en el que se manifiesta su
disconformidad con la resolución inicial denegatoria de la Corte Suprema de
Justicia, recomendando su modificación en el sentido de permitir la captura de
las personas perseguidas por la ley.
Por todo ello, a la vista de lo
expuesto por el Ministerio Fiscal y en virtud del informe de la Procuraduría
para la Defensa de los Derechos Humanos, así como del escrito de las acusaciones
en el que se adjunta la resolución de la Sala de lo Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia de El Salvador, “en los que se reconoce el asesinato como
expresión de un crimen de lesa humanidad sin la necesidad de la existencia de
guerra internacional y, por tanto, como una violación de las normas
internacionales imperativas, estando el Estado en cuyo territorio sucedieron los
hechos obligado a llevar a cabo la persecución correspondiente en virtud de la
orden de detención con fines de extradición emitida por el Estado español,
procede reiterar a las autoridades de El Salvador las órdenes de detención y
entrega que se expidieron por este Juzgado al objeto del cumplimiento de las
mismas”, dice el auto.
En consecuencia, esta mañana el
Juzgado Central de Instrucción 6 ha dado traslado a Interpol y Sirene España de
las 17 órdenes de detención y se ha mandado copia al jefe de la Oficina Central
Nacional (OCN) de Interpol El Salvador y a la Dirección General de Policía
Nacional Civil de ese país para que se proceda a las detenciones, en cuyo caso
España solicitará la extradición.
Los procesados de los que se
pide su detención y entrega son Inocente Orlando Montano, Rafael Humberto
Larios López, Juan Rafael Bustillo Toledo, Juan Orlando Zepeda Herrera, José
Ricardo Espinosa Guerra, Gonzalo Guevara Cerritos, Francisco Elena Fuentes,
Oscar Mariano Amaya Grimaldy, Antonio Ramiro Ávalos Vargas, Ángel Pérez Vasquez,
Tomás Zarpate Castillo, José Alberto Sierra Ascensio, Guillermo Alfredo
Benavides Moreno, Joaquín Arnoldo Cerna Flores, Carlos Mauricio Guzmán Aguilar,
Héctor Ulises Cuenca Ocampo y Óscar Alberto León Linares.