La Comisión Europea ha abierto una investigación en profundidad para examinar si las medidas estatales otorgadas desde 2004 a Correos, el operador postal público español, se ajustan a las normas sobre ayudas estatales de la UE.

La Comisión examinará, en particular, si la financiación pública que España concedió a Correos ha supuesto una compensación excesiva a la empresa por el desempeño de sus obligaciones de servicio público postal, y si otra serie de medidas ha aportado una ventaja indebida a Correos, vulnerando las normas sobre ayudas estatales de la UE. La apertura de un procedimiento de investigación en profundidad ofrece al Estado miembro y a las partes interesadas la oportunidad de presentar sus observaciones sobre las medidas en cuestión, sin prejuzgar el resultado final de la investigación.

España encomendó a Correos la prestación del «servicio postal universal», que consiste en prestar servicios postales básicos en todo el país a precios asequibles y con sujeción a determinados requisitos mínimos, por ejemplo el número de entregas semanales.

Con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE en materia de compensación por la prestación de un servicio público, adoptadas en 2011, las empresas pueden recibir una compensación por los costes adicionales que supone la prestación de un servicio público, siempre que se cumplan determinados criterios. Ello permite a los Estados miembros conceder ayudas estatales por la prestación de servicios públicos, asegurando, al mismo tiempo, que las empresas encargadas de dichos servicios no reciban una compensación excesiva, lo que minimiza el falseamiento de la competencia y garantiza un uso eficiente de los recursos públicos.

La Comisión ha recibido dos denuncias en las que se alegaba que Correos se había beneficiado de varias medidas de ayuda estatal ilegales e incompatibles. En este momento, la Comisión alberga dudas sobre si se ha compensado en exceso a Correos entre 2004 y 2010 por la prestación del servicio postal universal. En efecto, según el dictamen preliminar de la Comisión, los niveles de rentabilidad alcanzados por Correos con la financiación pública parecen superar el nivel de beneficio razonable autorizado con arreglo a las normas sobre ayudas estatales de la UE en materia de compensación por la prestación de un servicio público, así como los niveles autorizados por la Comisión en decisiones comparables anteriores relativas a operadores postales.

La Comisión investigará asimismo otras medidas concedidas por España a Correos desde 2004, concretamente las exenciones fiscales, las ampliaciones de capital y la compensación por la distribución de material electoral.

La investigación no afecta a otras dos medidas concedidas a Correos. En primer lugar, la Comisión llegó a la conclusión de que el sistema de cotizaciones a la Seguridad Social de los funcionarios de Correos no implica ayuda estatal, porque no confiere a la empresa ningún beneficio económico. En segundo lugar, por lo que respecta al plan de pensiones específico de los funcionarios, que no obliga a Correos a cotizar para la financiación de las pensiones, la Comisión consideró que confiere a la empresa una ventaja económica frente a sus competidores, por lo que constituye ayuda estatal. Sin embargo, dado que esta medida es anterior a la adhesión de España a la Comunidad Europea, constituye ayuda existente que no debe recuperarse.