CMS Albiñana & Suárez de Lezo y el Centro Universitario Villanueva han celebrado
una mesa redonda para analizar la Propuesta de Ley de transposición de la
Directiva 2014/14/ UE, que facilitará las reclamaciones de daños por parte
de las víctimas de infracciones del Derecho de la competencia.
El encuentro contó con los ponentes Patricia Liñán y Javier Mendieta, socios de
los Departamentos de Derecho de la Competencia y Derecho Procesal del CMS
Albiñana & Suárez de Lezo, respectivamente, con Elena Zoido,
Senior Vice President
de Compass Lexecon, y con Fernando Díez, profesor del Centro Universitario
Villanueva, como moderador. El encuentro se celebró ante un centenar de
asistentes del mundo jurídico y empresarial.
Los expertos de CMS Albiñana & Suárez de Lezo analizaron el texto propuesto por
la Sección Especial de la Comisión de Codificación para transponer la Directiva
2014/104/UE. Patricia Liñán insistió en la conveniencia de que el texto fuera
más allá de la reproducción de los objetivos establecidos por la Directiva y
desarrollara los medios concretos para alcanzar esos objetivos, dado que, en la
propuesta actual, algunas cuestiones relevantes quedan sin resolver.
Javier Mendieta destacó la necesidad de una mayor coordinación y encaje de la
regulación procesal propuesta con el resto de disposiciones de la Ley de
Enjuiciamiento Civil. También puso de manifiesto que, en algunos aspectos, la
Propuesta de Ley se ha contaminado de ciertos planteamientos más propios del
Derecho Administrativo sancionador. Por su parte, Elena Zoido apuntó que algunas
cuestiones relativas al cálculo de los daños, como es la de la repercusión de
los sobrecostes, no están perfectamente tratadas en la Propuesta de Ley.
Una parte importante del debate se centró en la nueva regulación que propone la
Comisión de Codificación para el acceso a las fuentes de prueba, de
aplicación general en cualquier procedimiento civil, sobre la que Javier
Mendieta afirmó que “su introducción no venía obligada por la Directiva, que
sólo se refiere a la exhibición de pruebas en poder de las partes o de terceros,
u obrantes en un expediente de una autoridad de la competencia”. Asimismo,
puso varios ejemplos acerca de las dudas o problemas de aplicación práctica que
puede suscitar la normativa propuesta, desde una perspectiva estrictamente
procesal o civil.
Los expertos explicaron que otro aspecto interesante de la Propuesta es que
establece el efecto vinculante para los órganos judiciales españoles
de decisiones adoptadas por autoridades de competencia o jueces de otros
Estados miembros. Aunque convendría precisar más el alcance de este efecto
vinculante, se valoró positivamente, ya que podría hacer de España un foro
atractivo para las reclamaciones de daños en materia de defensa de la
competencia.
