La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales, APIF, pide en un comunicado la dimisión de la Fiscal Jefe de Las Palmas por el caso Rosell. APIF cita la sentencia del TSJ de Canarias que constata que se “vulneró los derechos fundamentales de la Sra. Rosell por iniciar un proceso de investigación de una infracción disciplinaria de una Juez que se presentaba a las elecciones generales como candidata, que había solicitado la excedencia, en campaña electoral, y dando publicidad a la existencia de la investigación, lo cual la sentencia estima lesiva de los derechos de la afectada.”

COMUNICADO APIF:

Por segunda vez en dos años una sentencia estima que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales de un juez o un fiscal.  En la primera ocasión fue la Institución, en su actuación conjunta, la que fue condenada por haber vulnerado los derechos fundamentales de un fiscal al que se expulsó de la Carrera por una infracción disciplinaria que se demostró inexistente.    

La Inspección, el Consejo Fiscal y el Fiscal General resultaron afectados directamente por la sentencia estimatoria al recurso del compañero que fue reintegrado a la Carrera después de un año sin recibir retribución alguna, pero no hubo ni dimisiones ni disculpas.

Algunos dijeron que esto no podía pasar otra vez y la vida siguió en la Fiscalía como si no hubiera pasado nada, a pesar de que advertimos que en la Fiscalía no hay controles para parar ciertas cosas si provienen de la jerarquía.   

La reciente sentencia del TSJ de Canarias de 7 de marzo de 2016 determina que la Fiscalía vulneró los derechos fundamentales de la Sra. Rosell por iniciar un proceso de investigación de una infracción disciplinaria de una Juez que se presentaba a las elecciones generales como candidata, que había solicitado la excedencia, en campaña electoral, y dando publicidad a la existencia de la investigación, lo cual la sentencia estima lesiva de los derechos de la afectada.  

Se hace constar en la sentencia la falta de competencia de la Fiscalía para investigar infracciones disciplinarias de los jueces (para eso está el CGPJ) y se determina la vulneración de la neutralidad institucional que debe mantener la Fiscalía en todo caso, pero aún más en periodo electoral.    

Si en el primer caso fue la máxima jerarquía de la Carrera la principal responsable de aquel error, ahora queremos pensar que lo ocurrido aquí, que impacta en la percepción de neutralidad política de la Fiscalía por los ciudadanos, se trata de una vulneración de derechos fundamentales responsabilidad del Fiscal Jefe de Las Palmas.  

Por ello reclamamos su dimisión como un ejercicio de responsabilidad de los errores cometidos o subsidiariamente, que se adopten  las medidas necesarias para disponer su cese.